La ley para crear la Agencia de Salud Pública a la que aspira Granada sigue bloqueada

Después de 11 meses de tramitación, la normativa de la que depende la creación del centro sigue sin estar cerrada. El bloqueo se encuentra en la comisión de Sanidad, donde el Gobierno todavía tiene que tomar una decisión respecto a la sugerencias presentadas por las formaciones para terminar de dar forma a la ley. El proceso, como ha ido relatando este periódico en los últimos meses, se ha extendido mucho más de lo esperado.

Después de que el Consejo de Ministros aprobara el texto a finales de enero, los partidos iniciaron en el seno de la comisión un trabajo de análisis para perfilar todos los detalles. Es el trámite habitual seguido en la cámara, donde los grupos participan de la elaboración de las normas antes de que sean votadas en el Congreso de los Diputados. En este caso, sin embargo, el proceso permaneció bloqueado en el trámite de enmiendas durante más de siete meses.

Buena parte del retraso se explica por los sucesivos cambios planteados por los diferentes grupos de la cámara en las aportaciones presentadas. Varias de ellas, como las trasladadas por los diputados del Junts y del PNV, fueron retiradas con el fin de afinar las mejoras solicitadas. La parálisis, sin embargo, no alertó al Gobierno ni siquiera este verano, cuando empezaron a escucharse las primeras voces críticas con el proceso procedentes de colectivos sanitarios como Sespas, la Sociedad Española de Salud Pública, que reconoció su preocupación. El Ejecutivo, como señalaron fuentes próximas al mismo a este periódico en agosto, tenía confianza en acelerar la tramitación tras el final de las vacaciones, como finalmente ocurrió.

Fue el pasado 18 de septiembre cuando se cerró el periodo de enmiendas con 95 aportaciones presentadas. Entonces IDEAL explicó que la mayor parte de ellas Las sugerencias estaban encaminadas a evitar el choque entre la nueva agencia y las comunidades autónomas. Hay que recordar que se trata de un órgano que está llamado a desempeñar sus funciones en los ámbitos de vigilancia en salud pública, en preparación y respuesta frente a futuras emergencias, en asesoramiento y evaluación, en salud pública internacional y en información y comunicación de riesgos para la salud. Algunos de estos fines afectan a competencias que ejercen las regiones, motivo por el cual partidos nacionalistas como Junts, ERC, PNV, Bildu o BNG solicitaron cambios en el articulado.

A comienzos de octubre, el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, explicó que el Ejecutivo estaba ya analizando las propuestas y avanzó que la intención era llevarlas a la comisión a finales de ese mes con vistas a lograr la aprobación de la ley por el Congreso a finales de año. El deseo del Ejecutivo, sin embargo, no se ha cumplido y el texto sigue sin cerrarse desde entonces.

Este periódico contactó ayer con Sanidad para conocer los motivos del retraso, el nuevo plazo temporal que maneja para la tramitación y la decisión tomada respecto a la sede a la que aspira Granada. Desde el ministerio no arrojaron luz sobre el horizonte de aprobación, aunque confirmaron que la intención es llevarla a cabo «lo antes posible» y trasladaron la 'patata caliente' de la sede a Política Territorial. IDEAL también elevó una petición de aclaración a ese ministerio, que, al cierre de esta edición, aún no había sido respondida.

La cuestión tampoco fue abordada por la ministra Mónica García, que ayer compareció ante la comisión para hacer balance. La responsable agradeció «la voluntad de avance y consenso de los grupos» respecto a la agencia y mostró su «confianza» en que el texto «llegue próximamente al Parlamento enriquecidos por las aportaciones».