Una multa grave amenaza la línea eléctrica de Baza por iniciar la obra sin permiso de la Junta

Esta es la segunda vez que Red Eléctrica se topa con la Junta en la ejecución de las líneas eléctricas que quiere hacer en la provincia granadina. Una, la del Valle de Lecrín, ya está paralizada, y la segunda, la de la zona norte, se enfrenta a una sanción muy grave y a una posible suspensión si así lo determina la consejería.

La línea eléctrica de 400 kv de doble circuito Baza-Caparacena tiene uno de los dos permisos medioambientales que se requieren para llevarla a cabo. Uno de ellos, el del Gobierno, se le caduca en diciembre mientras que otro, el de la Junta, se empezó a tramitar en mayo y tarda diez meses. O empezaba los trabajos o se le quedaba antigua la Declaración de Impacto Ambiental que ya le había concedido el Ministerio de Medio Ambiente y que iba a perder su vigencia si no se iniciaban las obras antes de final de año.

La Junta, conocedora de esta circunstancias, advirtió a Red Eléctrica Española de que necesitaba de su visto bueno, en forma de Autorización Ambiental Unificada (AAU), y que el permiso del Estado no era suficiente. Fuentes de la delegación de Medio Ambiente explican que puede que la línea no pase el filtro del gobierno autonómico y que, si fuese así, habría que dar marcha atrás. Por eso, va a multar a la empresa y a paralizar las obras si la gravedad de la sanción así lo determina.

La Delegación de Medio Ambiente aporta un documento, con fotos, en el que muestra dónde se han encontrado obras de la línea. Son trabajos en fincas privadas de Deifontes e Iznalloz de los que dieron la voz de alerta algunos propietarios. Se han estado haciendo huecos para meter la cimentación y algunos se han dejado hormigonados. Desde la delegación granadina indican que se han presentado 75 alegaciones a la instalación de esta infraestructura eléctrica y que gran parte están relacionadas con las obras en las fincas sin contar con la Autorización Ambiental Unificada.

La Junta determina que la ejecución de obras sin este permiso supone una infracción tipificada como «muy grave» en la ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental. La multa puede ser de una cuantía que va desde los 240.401 euros hasta los 2.404.000 euros.

Por la alta cantidad de la sanción no es competente la delegación territorial y corresponde a la consejería o al consejo de gobierno, que también determinarán si es conveniente paralizar las obras.

Desde Red Eléctrica informaron ayer a este periódico de que no tienen constancia de la apertura de este expediente sancionador.

La solicitud de autorización ambiental se registró en mayo de 2019 y desde Red Eléctrica reconocieron que aún no contaban con este permiso de la Junta. No obstante la línea completa sí tiene la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que es competencia del Ministerio, que según sostiene la empresa, les ampara para los trabajos que se han iniciado en fincas privadas del norte de la provincia. La empresa alegó al ser preguntada a finales de octubre, que el permiso de la Junta se necesita para ocupar determinados espacios de dominio público y que no actuará en estas zonas hasta que la tenga. «La empresa lo está respetando», resaltaron fuentes de REE.

Sin embargo la Junta no hace esta interpretación de la norma y considera que REE necesita la Autorización Ambiental Unificada para mover tierra y hacer socavones. Entienden que no puede empezar la obra sea en el terreno que sea.

Para entrar en las fincas, Red Eléctrica Española ha firmado actas previas a la ocupación rubricadas por un representante del Gobierno de España, del Ayuntamiento del municipio en cuestión, de la empresa y del propietario.

Según exponen desde algunos ayuntamientos, el proyecto está exento de pedir licencia de obras a los municipios en tanto que cuenta con los permisos del Ministerio. Sin embargo, desde la Junta mantienen un criterio totalmente distinto con respecto de la AAU, que entienden que es imprescindible, y corroboran que para iniciar las obras de la línea no basta con la Declaración de Impacto Ambiental del Gobierno. Desde la delegación de Medio Ambiente de Granada resaltan, además, que se le hicieron advertencias a Red Eléctrica de que era indispensable esta autorización ambiental para iniciar las obras de la línea eléctrica.

Fue en el mes de febrero cuando la Junta le dice a la empresa que las actuaciones sometidas a la AAU no podrán obtener licencia municipal de funcionamiento de la actividad sin la resolución de este procedimiento medioambiental.

La línea de alta tensión entre Caparacena (Atarfe), Baza y La Ribina (Vera, Almería) tiene el objetivo de enchufar al futuro unas comarcas que suman 45.000 habitantes. Los municipios de la zona pelearon y lograron que el Gobierno volviera a incluir esta infraestructura como prioritaria en la planificación energética nacional 2015-2020.

Se trata de uno de los grandes proyectos de la red de transporte de Red Eléctrica que no sólo es importante porque viene a cubrir el déficit de un suministro de calidad y permanente para el Norte de Granada y Almería.

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Dos proyectos en la provincia truncados por la falta de papeles

.'Con la Junta hemos topado' podrían decir desde Red Eléctrica Española, la empresa que trata de construir dos potentes líneas eléctricas en la provincia de Granada. Una es una 'autovía' y otra una 'autopista' de luz y ambas se estaban tramitando medioambiental en el gobierno andaluz, que debe determinar las afecciones a la fauna y flora de estas infraestructuras al terreno.

A finales de septiembre, la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada suspendió la tramitación de la polémica línea entre El Fargue y Órgiva, que atravesaba el Valle de Lecrín y que de esta forma quedó paralizada. Este documento frenó el trámite ambiental de esta 'autovía' eléctrica contra la que se presentaron 4.000 alegaciones y que tenía un fuerte rechazo social.

Red Eléctrica comenzó el año pasado la tramitación de esta nueva 'autovía' de 220 kilovoltios entre El Fargue-Saleres y Órgiva. La oposición frontal la encontró en el Valle de Lecrín, una comarca que se levantó contra esta infraestructura porque la considera perjudicial para el medio ambiente y el paisaje.

En el caso de la línea del norte de la provincia, fue en julio de 2018, cuando el Consejo de Ministros dio sus bendiciones para que esta zona de Granada dejara de ser lo que aún sigue siendo, un «desierto eléctrico» que impide el desarrollo industrial de una comarca de 45.000 habitantes y que sufre un déficit endémico de inversiones.

El Gobierno aprobó que la línea de alta tensión entre Caparacena (Atarfe), Baza y la Ribina (Vera, Almería) figurara como prioritaria en la planificación energética nacional. Así arrancó el procedimiento y los plazos de finalización hablan de 2021.

Ahora, esta línea también ha tenido un tropiezo con la Junta y la tramitación ambiental aunque la empresa tiene la posibilidad de recurrir esta decisión en un plazo de quince días. La delegación de Medio Ambiente entiende que le falta una autorización vital para poder comenzar las obras.