La semana pasada, el Ayuntamiento de Granada recibió una comunicación del Ministerio de Hacienda en la que informaba de un cambio de planes respecto a la participación en los impuestos del Estado, el conocido PIE. En dicho escrito, que llegó de forma genérica a todas ... las ciudades del país, confirmó que los ingresos previstos inicialmente por esta vía para el curso serían las resultantes de aplicar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Esto es, que la capital nazarí, como el resto de municipios del país, no recibirá por ahora el incremento previsto inicialmente por el Ejecutivo para este año.
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El anuncio de Hacienda ponía sobre la mesa otra de las consecuencias de la polémica en torno al decreto Ómnibus que el Gobierno pretendía aprobar el mes pasado con medidas como la revalorización de las pensiones, la bonificación al transporte, las ayudas a los afectados por la dana de Valencia y el volcán de la Palma o la cesión al PNV de un edificio en París. PP, Vox y Junts tumbaron el paquete en desacuerdo con algunas de las propuestas, lo que obligó al Ejecutivo a volver a la mesa a negociar con sus aliados.
El pasado martes, tras retrasar el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un acuerdo con los independentistas catalanes que le permitía recuperar la mayor parte de las medidas. El nuevo decreto Ómnibus, sin embargo, no incluía el incremento de las ciudades en la participación de los ingresos del Estado, lo que motivó la comunicación del ministerio que ha provocado un nuevo dolor de cabeza a Granada.
La misiva ha golpeado con fuerza en el equipo de gobierno, que esperaba como agua de mayo los fondos. Este pasado fin de semana, el portavoz, Jorge Saavedra, elevó una consulta al interventor para conocer con exactitud el impacto de la decisión del ministerio.
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El cálculo inicial realizado en Intervención es de 11.328.000 euros que, en estos momentos, estarían en el aire a la espera de lo que haga Hacienda. No obstante, como apuntan también desde el órgano al equipo de gobierno, no habría necesidad de tirar de créditos no disponible por ahora para continuar con el día a día municipal.
Preocupación
Consultado por este periódico, el portavoz municipal, Jorge Saavedra, reconoce su «preocupación» por lo sucedido y lamenta el impacto de la decisión. Como expone, «una vez más, igual que pasó con la revalorización de las pensiones, son los granadinos los que salen perdiendo y vuelven a padecer una decisión equivocada del Gobierno al mezclar medidas que habrían contado con el apoyo del PP, como era el caso del incremento de la participación de las ciudades en los ingresos del Estado, con otras que no tenían nada que ver y no gozaban del apoyo parlamentario al ser consideradas polémicas».
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El responsable cuestiona al Ejecutivo por mezclar medidas en el decreto e insiste en que «si se hubiesen aprobado separadas, nos habríamos ahorrado todo este problema y la incertidumbre que genera». Saavedra, no obstante, se muestra «confiado» con la situación. «Esperamos que el Gobierno rectifique», afirma.
Este periódico contactó ayer con Subdelegación para conocer los siguientes pasos de Hacienda. Al cierre de esta edición, no había habido respuesta.
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