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La calle Santa Ana de la capital puede estar orgullosa de albergar en sus alrededores un amplio número de inmuebles y monumentos con tan alto valor histórico o arquitectónico que han recibido la máxima distinción de la Ley de Patrimonio Español, la catalogación BIC. Esta denominación está destinada únicamente para aquellos bienes tanto muebles como inmuebles considerados de interés cultural. Allí, se pueden ver monumentos tan dispares como la Fuente de Santa Ana, el puente con el que comparte nombre y que se construyó en 1880 –fue el más importante de la medina– o la iglesia de Santa Ana –fruto de la remodelación llevada a cabo en Granada por la corona para equipar las iglesias según el modelo de ciudades cristianas. Allí, anteriormente se encontraba la aljama Almazora, fundada por el rey Badis–.
Pero hasta la imagen tradicional, histórica y aparentemente inmaculada que podría tener una calle como ésta cuenta con su cara y su cruz. De ese modo, ha pasado a formar parte de la nueva lista de ruinas realizada por el servicio de Conservación de Edificios del Ayuntamiento de Granada, donde se muestran los inmuebles declarados en ruinas en los últimos tres años en la capital. En él, se incluye una vivienda situada en el número 6 de la citada vía, a escasos metros de estos monumentos.
Éste no es el único caso en el que la belleza tradicional de Granada comparte escenario con uno de los problemas más extendidos durante los últimos años: el declive de muchos de sus edificios históricos por la falta de mantenimiento y el desinterés de sus dueños por tenerlos en óptimas condiciones. Solo en los últimos tres años, 18 inmuebles privados han sido declarados en ruina. Se encuentran diseminados por toda Granada, pero la propia edad de los barrios hace que sean el centro y el Albaicín los que mayor número de viviendas en mal estado acojan.
Granada es una ciudad envejecida. Es lo que muestran los datos del servicio de Conservación, que señalan que el 56% de sus edificios tiene más de 50 años. Acogiéndose a las medidas necesarias, no debe haber problema, pero si no, se puede correr el riesgo de perder parte del patrimonio más valioso de la capital.
Todos estos edificios que ya cuentan con medio siglo de edad tienen que presentar un Informe de Evaluación del Edificio (IEE) para mostrar que se está realizando el adecuado cumplimiento de mantener los inmuebles en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Tras esto, deberán volver a presentarlo cada diez años. En el 2017, se tramitaron más de 1.500 informes. De ellos, la mayoría obtuvieron la calificación de favorable. Pero el problema está precisamente en la otra parte de la historia, la del amplio número de dueños que no se hacen cargo de esta obligación o con los que es casi imposible contactar.
Las administraciones públicas otorgan de una catalogación especial a ciertos inmuebles o monumentos para otorgarles algún tipo de protección por su especial valor, ya sea patrimonial, histórico, artístico, cultural o de cualquier otro ámbito. Por desgracia, el poseer esta distinción no garantiza que estén exentos del olvido que supone quedar sepultados entre paredes caídas y techos rotos. Es lo que sucede con los inmuebles de la calle Babole número 1 o la calle Tiña, 25 que, a pesar de estar protegidos con un nivel 2-2 del PEPRI Albaicín, son dos de las nuevas ruinas de Granada. Este último tiene la «carga» de encontrarse junto a la iglesia de la Tiña, antiguo Hospital de la Tiña, creado en un antiguo palacio árabe propiedad del Rey Boabdil. Lo mismo sucede con la vivienda de la calle Moral de la Magdalena 23, con una catalogación B del PEPRI Centro. Su estado es tan definiciente que ha sido declarado ruina física inminente. Protegidos con un nivel algo inferior –4.1– por el PEPRI Albaicín, estan los inmuebles localizados en la plaza del Salvador número 12 y de la calle Gumiel San José, 4.
Esta lista no solo la forman edificios catalogados, sino que otros muchos edificios 'corrientes' también han sufrido la carga negativa de la la desidia y el paso del tiempo. Entre ellos se encuentran la vivienda de la calle Alamillos de San Cecilio, la de la carretera de Murcia número 2, los número 7, 12 y otro sin número de la calle Perchel Bajo, el número 10 de calle Navas, el 18 y el 20 de Almanzora Alta y el de la calle Santo Sepulcro del Sacromonte número 4. Cerrando la lista están la parcela 20 de la carretera de los Juncos trasversal A-44, uno situado en la carretera de Churriana y otro en la calle Veredillas de San Agustín, 1.
La importancia que se le da desde el Ayuntamiento a las evaluaciones de edificios y la gran implantación que tienen los IEE en la capital hace que cada vez menos inmuebles de esa Granada antigua dejen de brillar por el paso de los años. «Este es uno de los servicios más eficaces del área. Su larga trayectoria y la continuidad de los trabajos de los responsables técnicos es el secreto. Año tras año bajan las declaraciones de ruina y las ejecuciones subsidiarias porque se insta a la propiedad a que mantengan el patrimonio edificado y la amenaza de sanción es un acicate», señala al respecto el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid. Han logrado ponerle coto a lo que podría ser el fin de la memoria histórica de la capital, pero saben que aún queda mucho trabajo por hacer y mucha concienciación por implantar. Por eso no paran, cada día se hacen más inspecciones, estudios y reclamaciones. Todo sea porque Granada no se pierda entre escombros.
En más ocasiones de las debidas, los propietarios se hacen los 'remolones' y les toca a los técnicos del Ayuntamiento insistirles para que presenten los informes sobre sus edificaciones. Para los titulares que no lo presentan, se inicia el correspondiente procedimiento sancionador que puede ir desde los 750 euros a los 3.000, dependiendo de la gravedad de la sanción y los requerimientos que se hayan tenido que hacer, entre otros aspectos. De los 224 expedientes sancionadores iniciados en los últimos cuatro años, el 80% ya están resueltos, lo que ha supuesto una recaudación por sanción, en el caso de haber conseguido hacer pagar a los propietarios, de unos 160.000 euros.
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