UP lleva al pleno y al Parlamento la protección del valle del Darro

El portavoz de la confluencia, Antonio Cambril, compareció ayer junto al parlamentario Chus Fernández para dar cuenta de la situación que vive el valle del Darro en estos momentos. El responsable puso el foco sobre la Junta de Andalucía, a la que responsabilizó de la parálisis del expediente después de que una sentencia del TSJA tirara abajo la protección hace un año y medio por defectos técnicos en la tramitación.

Cambril cuestionó la «ambigüedad» del actual gobierno andaluz a la hora de defender la protección de la zona y criticó que la postura está «intimamente ligada» al proyecto del cierre del anillo, una propuesta que, en su opinión, «abriría la puerta a la especulación urbanística con todas las bendiciones de la Junta».

El portavoz rechazó las declaraciones de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, que la semana pasada aseguró que la ley obliga a la administración a mantener el expediente cerrado «durante tres años». Cambril señaló que la normativa de patrimonio contempla que la reactivación es posible cuando lo soliciten, al menos, dos órganos consultivos y recordó que esta petición ya se ha dado, a petición de la confluencia, por parte de la Universidad de Granada, los cinco centros del CSIC y la Real Academia de Bellas Artes.

«La Junta está obligada a reactivar el proceso», insistió el dirigente, quien alertó que la falta de protección puede «dar rienda suelta a la creación de una nueva frontera urbanística que permita la especulación» y «termine con la Granada que conocemos».

Fernández, por su parte, lamentó las «mentiras» de la Junta, que, según desveló, se comprometió hace un año con UP a impulsar el expediente cuando pasara la tramitación del presupuesto de 2021. El parlamentario acusó a los populares de estar instalados «en una situación de pasotismo e inacción» y les solicitó «que escuchen a los vecinos de Granada».

Tanto Cambril como Fernández exigieron ayer a la Junta que tome las riendas y reinicie el expediente. Asimismo, demandaron al Ayuntamiento que haga cumplir la ley y adapte el PGOU a los niveles de protección aprobados para el Cortijo de Jesús del Valle. El portavoz del grupo exigió al equipo de gobierno que se implique decididamente en la defensa del entorno y cuestionó el «silencio» de la directora del Patronato de la Alhambra, Rocío Díaz, «frente al bloqueo».

Asimismo, avanzaron que elevarán una proposición no de ley «para instar al Gobierno andaluz a iniciar el proceso BIC y se le dote de una vez por todas el régimen de protección propio de los BIC».