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EFE
Jueves, 10 de octubre 2019, 15:06
El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha desvinculado a su equipo de gobierno formado en coalición con el PP de la anterior gestión de Emucesa, la empresa pública del cementerio, ante la apertura de juicio oral contra siete personas, incluidos dos exconsejeros del ... PP, por contrataciones fantasma.
A preguntas de los periodistas, Salvador ha marcado la «línea importante» entre los anteriores mandatos del PP en los que se enmarca la causa y el «ahora», con un equipo formado por PP y Ciudadanos que contó con el apoyo de Vox.
El alcalde de Granada ha hecho estas consideraciones después de que el Juzgado de Instrucción 9 haya acordado la apertura de juicio oral contra siete personas, entre ellas los dos exconsejeros delegados de Emucesa Eduardo Moral y María Francés, por supuestas contrataciones fantasma en el cementerio de Granada.
«Estamos ante una etapa nueva de la política de Granada y con personas que no están afectados por ninguno de esos hechos«, ha resumido Salvador, que ha abogado por dejar que la Justicia actúe »con las máximas garantías«.
El alcalde ha apuntado además que su equipo será siempre respetuoso con los fallos judiciales y colaborará para suministrar la información que sea importante sobre esta u otras causas judiciales pendientes.
El auto judicial conocido esta semana ha marcado además la responsabilidad civil de los acusados.
La titular del juzgado instructor requiere a Eduardo Moral para que preste una fianza de 286.310 euros para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias que se le pudieran imponer, y solicita a María Francés la cantidad de 32.521 euros por ese mismo motivo.
Las fianzas para cuatro de los cinco acusados restantes oscilan entre 36.408 y los 116.156 euros, mientras el quinto no tendrá que hacer frente a responsabilidad civil alguna puesto que ya consignó en el juzgado la suma de 2.161 euros.
En el escrito de acusación, la Fiscalía señala que, con la finalidad de dar apariencia de legalidad a la recepción de dinero público por personas afines a él o a su partido y liberar a cargo de la empresa pública unas cantidades mensuales en concepto de retribución económica, suscribieron contratos de «alta dirección» simulando una relación laboral inexistente.
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