I. G.
Granada
Sábado, 24 de agosto 2024
El debate sobre la implantación de la tasa turística en Andalucía no cesa, a pesar de que el Parlamento andaluz dio carpetazo al asunto el pasado julio al rechazar, con la mayoría absoluta del PP, la propuesta de Adelante Andalucía en ese sentido. El alcalde ... de Málaga, el popular Francisco de la Torre, escribió el pasado 7 de agosto una carta al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, pidiendo al Gobierno de España la creación de un impuesto sobre las viviendas turísticas que permitiría recaudar dinero para dedicarlo «a subvencionar los alquileres de familias en situación de exclusión social», si bien no renuncia a su vieja aspiración de gravar todas las pernoctaciones en la ciudad, en cualquier alojamiento, con el objetivo de desarrollar su oferta como destino de lujo. Para ello, insta nuevamente a la Junta de Andalucía a crear el marco normativo necesario para que, al menos, los ayuntamientos puedan aprobar ese gravamen.
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La petición de De la Torre recibió inmediata respuesta del ministro aludido: en resumen, sugirió al primer edil que resuelva el tema en casa, es decir, en el ámbito autonómico. También el no rotundo de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla se ha desmarcado de la idea de crear un impuesto exclusivo para viviendas turísticas y ha insistido en que el asunto debe abordarse con una tasa de carácter general por pernoctación, independientemente del tipo de alojamiento. Su alcalde, José Luis Sanz, aseguró hace unos meses que este tipo de impuesto no es incompatible con su plan de cerrar la masificada Plaza de España de la capital hispalense y cobrar entrada a los turistas.
La negativa de la Junta, sin embargo, no es definitiva: el presidente Juanma Moreno ha encargado al consejero de Turismo, Arturo Bernal, la creación de un grupo de trabajo que, junto a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) analice los pros y los contras de esta medida fiscal.
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De partida, Bernal considera «prematuro hablar de una tasa al turismo como solución, sin tener claros cuáles son los impactos que tenemos que resolver y cómo lo vamos a hacer». Para el consejero, la tasa no necesariamente resolvería los impactos negativos que genera el turismo –como las molestias en los cascos históricos o la subida de los alquileres–, y que están derivando en una creciente turismofobia en los destinos más demandados del país. Por su parte, la CEA considera que el impuesto podría reducir la competitividad como destino turístico de una región en la que el 13% del PIBdepende de este sector.
En todo caso, ni siquiera hay unanimidad en el propio Ejecutivo andaluz: la consejera de Economía, Carolina España, cree que Andalucía «debería implantar» la tasa turística o, al menos, «regular el marco adecuado para que luego cada ayuntamiento decida si la implanta o no».
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El Ayuntamiento de Granada, por su parte, no se ha pronunciado sobre la propuesta de Málaga, después de que en junio aprobase una normativa para frenar el boom de los pisos turísticos en la ciudad con una normativa que endurece los requisitos para iniciar esta actividad y congela la concesión de licencias. La postura de la alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), es más tibia que las de sus homólogos de Sevilla y Málaga. Según dijo la pasada primavera, «es oportuno» abrir un debate liderado por la Junta, y siempre «de la mano del sector turístico».
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