El caso Marchelo, iniciado hace 14 años, sigue estancado en la fase en la que se formulan cargos

IDEAL ha tenido acceso a las últimas decisiones adoptadas por el magistrado que lleva ahora las riendas de este órgano (la causa ha pasado por las manos de varios jueces en los últimos años), que están plasmadas en dos providencias fechadas el pasado 2 de diciembre. En una, dispone lo antes indicado: que una vez se digitalicen los últimos documentos que obran en el expediente formulen los cargos que consideren oportunos las demás acusaciones que hay personadas en el procedimiento. Hasta primeros de diciembre sólo había emitido su escrito de acusación la fiscalía. Fue el 25 de julio de 2019. Esta acusación, la pública, reclamó penas de hasta 26 años de cárcel.

La calificación del ministerio público la firmaba la fiscal Marta Martín. Acusaba a 15 de los investigados y solicitaba, en concepto de responsabilidad civil, indemnizaciones para el Ayuntamiento de Alhendín y para la Confederación Hidrográfica del que Guadalquivir (CHG) que sumaban 1,3 millones de euros. En concreto, pedía para el Consistorio casi 579.000 euros «por la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos» bajo sospecha en el caso y otros 510.000 por la cantidad pactada en una de las operaciones urbanísticas que no llegó a ingresarse. Los 210.000 restantes los reclamaba la fiscalía para la CHG «en razón de las compensaciones por la diferencia del valor de los terrenos». De esas cantidades, a juicio de la fiscalía, debe responder, en caso de condena, como responsable civil subsidiaria, la empresa denominada en su origen Frai Desarrollos Inmobiliarios, que construyó los bloques de Alhendín objeto de parte de las pesquisas.

De momento, según las fuentes del caso consultadas por IDEAL, el juzgado aún no ha fijado las fianzas que habrán de prestar los acusados de forma solidaria, cara a responder a las indemnizaciones que se pueden fijar en caso de sentencia condenatoria. Y no se han fijado porque eso sucederá en un momento procesal posterior, «cuando se dicte el auto de apertura de juicio oral». Dicha resolución será emitida cuando todas las acusaciones hayan formulado los cargos. Y por ahora sólo lo ha hecho la fiscalía, como confirmaron las citadas fuentes.

La fiscalía parceló el caso Marchelo en tres grandes apartados: la supuesta tramitación y construcción ilegal de una gasolinera en la avenida de Andalucía de Alhendín, las presuntas irregularidades en el Polígono Industrial Marchalendín y la edificación de la urbanización Novosur, ubicada también en la citada localidad, situada a unos 15 kilómetros de la capital. Los 26 años de cárcel los solicitó para el exedil de Urbanismo Manuel Fernández, mientras que para el exalcalde José Guerrero pidió 15 años. Asimismo, reclamó multas millonarias. Respecto a los promotores implicados, solicitó más de 14 años de reclusión para José Muñoz, que es el marido de la periodista Ana Rosa Quintana.

En una segunda providencia a la que ha tenido acceso este diario, el juez instructor que ha acabado asumiendo el caso, el magistrado Pedro de Dios Hernández, acuerda que se unan al procedimiento diversos escritos presentados en las últimas semanas por las partes. Entre ellos, figuran tres informes del ministerio fiscal «relativos a los recursos de apelación» que interpusieron tres de los empresarios contra el auto que transformó las diligencias en procedimiento abreviado. Esos recursos harán que la Audiencia de Granada se pronuncie sobre si la causa debe seguir como está o debe dividirse en piezas separadas, tal y como han pedido esos empresarios.

El instructor no accedió para no prolongar más este ya dilatado caso y la fiscal lo ha apoyado. Pese a ello, no será de extrañar, como admitieron las fuentes, que cuando la causa llegue por fin a juicio las defensas aleguen en su beneficio que han existido «dilaciones indebidas», pues ya han pasado 14 años desde que comenzó la instrucción. Entre los posibles delitos por los que la acsuación pública ya ha formulado cargos, están fraude en la contratación, prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas) o malversación.