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La crisis interna del grupo municipal de 'Vamos, Granada' se dirime ya, además de en los plenos y la secretaría municipal, en el Consejo Consultivo y llegará hoy a la Fiscalía Provincial. La concejala Marta Gutiérrez Blasco ha entregado esta mañana un escrito en el que pide al ministerio público que investigue al alcalde de la capital por los presuntos delitos de «prevaricación, malversación de caudales públicos e impedir el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes». La concejala del grupo de 'Vamos, Granada' acompaña su escrito de amplia documentación.
La denuncia la anunció la propia edil durante la celebración del pleno de noviembre, después de que el alcalde decidiera retirar el punto número dos del orden del día, en el que se daba cuenta de la expulsión de Pilar Rivas del grupo municipal, previo informe del secretario municipal.
La concejala relata en su denuncia varios hechos para apoyar la comisión de estos presuntos delitos. Así, relata que el alcalde dio por bueno el escrito en el que se relevaba a Gutiérrez de la portavocía, aunque no contaba con la firma o el conocimiento de la afectada. También apunta que «el señor Cuenca se ha resistido activamente, junto con el secretario del Ayuntamiento, a adaptar la vida corporativa (...) a la realidad existente de que Pilar Rivas Navarro y Luis de Haro-Rossi Giménez son concejales tránsfugas y no adscritos».
En los hechos que propicia la denuncia se relata que «el alcalde presidente se aparta sorpresivamente de su propia propuesta y niega la toma de conocimiento» y no se da cuenta de la expulsión de Rivas. «Para justificar su ilegal proceder, el señor Cuenca manifiesta su intención de solicitar un trámite adicional, indebido y extemporáneo», señala la concejala, en alusión a la consulta al Consejo Consultivo. Y destaca que esta petición de informe no se había producido antes salvo en casos preceptivos «lo que viene a intentar compensar, por parte del alcalde, un informe favorable a la expulsión emitido por el secretario del Ayuntamiento». La denunciante señala que todos estos hechos han supuesto «un claro perjuicio de los derechos políticos y económicos de Marta Gutiérrez y del grupo municipal y del partido a los que ella representa».
La denuncia llega a Fiscalía unos días después que el escrito presentado por el alcalde al Consejo Consultivo. En el documento, el regidor expone la situación vivida en el Ayuntamiento en lo referente al grupo municipal. Se enumeran los treinta escritos que han cruzado los tres ediles al secretario municipal. El partido pide que se expulse a Luis de Haro y Pilar Rivas, mientras que estos dos alegan en contra del procedimiento de expulsión, ponen en duda la veracidad de los escritos presentados o piden que se congele la asignación económica hasta poder tener acceso a las cuentas bancarias.
Ante el cruce de escritos, el alcalde lanza siete preguntas al Consultivo. Pregunta si el pleno se limita a tomar conocimiento de la expulsión de Rivas o está obligado a tomar algún acuerdo; pregunta también si debe exigir documentos concretos al partido como la composición del órgano que acuerda la expulsión; inquiere desde qué momento surte efecto el paso a concejala no adscrita; cuestiona al Consultivo sobre cómo debe representarse a estas nuevas minorías en los distintos órganos; también pregunta si deben dar por bueno el segundo cambio de portavocía en favor de De Haro; y pide información sobre las consecuencias que tendría para el Ayuntamiento si Gutiérrez y De Haro no se ponen de acuerdo sobre quién debe ser portavoz.
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