Granada delimitará una zona de bajas emisiones en los barrios periféricos

La posibilidad lleva tiempo sobre la mesa dado el interés de Bruselas por impulsar una política de movilidad que apueste decididamente por el transporte comunitario y no contaminante. Desde hace más de un lustro, la Unión Europea viene urgiendo a los países miembros a incluir restricciones al tráfico en los cascos urbanos de las grandes ciudades. Es la denominada zona de bajas emisiones con la que se pretende mejorar la calidad del aire y disminuir la contaminación acústica, dos aspectos en los que Granada tiene mucho que hacer.

En marzo pasado, los grupos municipales de PSOE y Unidas Podemos cerraron un acuerdo de 55 medidas en el que, entre otros asuntos, el gobierno municipal se comprometía a poner en marcha esta iniciativa en la denominada 'almendra central' –conformado por el perímetro de Albaicín, Centro y Realejo– pero también en el resto de barrios de la ciudad.

A preguntas de los representantes de PP, UP y Vox, Ruz informó este martes que los técnicos de Movilidad trabajan ya para llevar a cabo esta medida. Aunque no especificó qué puntos concretos de los distritos estarán entre los seleccionados, dejó entrever que se están valorando «zonas susceptibles porque son ejes comerciales, de expansión o de ocio».

Respecto al Casco Histórico, Ruz aclaró que se mantienen los planes iniciados a comienzos del mandato por los populares. Estos, siguiendo las instrucciones marcadas por la UE y el Gobierno, definieron con el apoyo de todos los grupos del Ayuntamiento un área de implantación que abarcaba prácticamente la totalidad del Albaicín, Centro y Realejo en los que se aplicarían medidas como la creación de itinerarios peatonales y corredores ciclistas, la limitación de acceso para vehículos contaminantes, la eliminación de barreras arquitectónicas, la reducción de carriles o la construcción de zonas de juego y de gimnasia, entre otras.

Estas instrucciones, que coinciden con las demandadas por el Ministerio de Transición Ecológica a principios de año, son las mismas que están siendo analizadas por los técnicos para su posible aplicación.

Antes, no obstante, la ciudad deberá afrontar una serie de inversiones que hagan posible la implantación de la zona de bajas emisiones. Se trata de medidas como la instalación de cámaras para la vigilancia del tráfico y el control de los accesos, entre otras, para los que Granada ha recibido 10,5 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation.

Ruz explicó que la concejalía está trabajando «sin prisa, pero sin pausa» en el diseño de los pliegos para la puesta en marcha de estas inversiones. El plazo que se maneja en estos momentos es que estén en manos de Contratación antes del 15 de junio, que es la fecha límite marcada por la convocatoria de ayudas.

«Necesitamos inversiones y estamos redactando los pliegos, que deben estar para el 15 de junio. Vamos a llegar sin problemas. Son medidas que nos van a permitir que las zonas de bajas emisiones estén implantadas a final de 2023», aseguró a los grupos la edil, quien puso sobre la mesa la posibilidad de informar a las juntas de distrito y a las asociaciones de vecinos próximamente para darles a conocer los pasos seguidos.

Las palabras de la concejala fueron acogidas «con satisfacción» por el portavoz de los populares, César Díaz, quien agradeció que «los criterios técnicos aplicados anteriormente se ratifiquen ahora».

El portavoz de la confluencia, Antonio Cambril, criticó que no se informara «lo suficiente» sobre las ayudas solicitadas a Europa y reclamó que «no se caiga en peatonalizar lo ya peatonalizado, como el Boquerón o el barrio de la Virgen, que ya está hecho».

Por su parte, la concejala de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, insistió a la edil en dar cuenta de los planes a los vecinos «para que sepan que es lo que se les viene encima».