Movilidad encargará un nuevo informe antes de implantar la zona de bajas emisiones

Según avanzó la concejala en un balance de sus primeras semanas en el cargo, lo que se ha encontrado al llegar a la Concejalía ha sido una «serie de proyectos licitados», pero nada en cuanto a un diagnóstico previo o análisis que permita, según ella, implementar estas medidas con una buena planificación. Es por eso que su prioridad en los próximos meses será «presupuestar todo el proceso de definición e implantación» de esta zona. «Creo que es innegable que dada la calidad del aire que hay en Granada tenemos unos problemas que, principalmente, vienen causados por el transporte urbano, pero sí que es cierto que antes de que se pueda hacer una implantación tenemos que hacer un análisis del objetivo que queremos conseguir», señaló la concejala.

A su juicio, limitándose solo a reducir el tráfico urbano no se va a conseguir todo lo que se espera, pues defiende que existen otras complejidades que deberán tenerse en cuenta en el citado informe. Algunas llegó a mencionarlas: la orografía, la intermodalidad, la relación con los municipios del Área Metropolitana... Para Agudo, el informe deberá arrojar luz con datos métricos para saber cuáles son las necesidades que tiene la ciudad. La concejala reconoció a IDEAL que este nuevo paso conllevará retrasos en la implantación de la zona de bajas emisiones.

El análisis tendrá que encargarse, redactarse y tendrán que presentar sus conclusiones a la ciudadanía para que tome conciencia de los cambios, tal y como espera el nuevo equipo de gobierno. El problema son los tiempos. La ciudad, que ya tiene bien definida la 'almendra central' donde se aplicarán estas medidas, al ser mayor de 50.000 habitantes, tenía la obligación de tener activa esta zona a principios de 2023, algo que no ha sido posible. Como en muchas capitales, la tramitación de todas estas medidas, que vienen de la mano de la Ley de Cambio Climático, está siendo dificultosa. En Andalucía, solo Sevilla ha cumplido los plazos. En Granada, el anterior equipo de gobierno socialista dejó todos los proyectos licitados y su estimación era que esta medida entrara en vigor a lo largo de este año.

La concejala de Movilidad explicó que no parará ninguno de estos procedimientos, si bien aseguró que habrá que esperar a conocer el contenido del nuevo informe para ver de qué manera afecta a las medidas ya implantadas. «Todo lo que tengamos avanzado servirá, pero habrá que adaptarlo a las necesidades que dicte el proyecto», aclaró Ana Agudo a este periódico.

Por su parte, su predecesora en el cargo, Raquel Ruz (PSOE), no entiende la decisión tomada por el nuevo equipo de gobierno, al que recuerda que ellos se limitaron a continuar, tal y como estaba redactado, el proyecto que realizó el propio PP cuando el área estaba en sus manos en los primeros años del anterior mandato. Ruz explica que el documento de diagnóstico que ahora quiere hacer su sucesora sería equivalente al que ya se realizó en tiempos de pandemia con la ayuda del Observatorio de la Movilidad. «Sus conclusiones acotaban las zonas a proteger, los índices de contaminación..., todo en lo que se ha trabajado después», señala la representante socialista.

Tal y como explica, de lo que sí «adolecía» el proyecto del PP era de una «planificación de las inversiones», que es lo que hicieron «aprovechando la financiación de los fondos Next Generation», cuenta Ruz, que cree que los populares, con esta decisión, quieren crear ya un clima de opinión contrario a su gestión para «justificar las posibles nuevas dilaciones que haya o como excusa para, en realidad, no implantar la zona de bajas emisiones», termina.