Multas en Granada

Las multas por botellón son las más numerosas de la Ordenanza de Convivencia

Le siguen de lejos los castigos económicos por el mal uso de los establecimientos hosteleros a la hora de colocar sillas y mesas en sus terrazas, 368 en 12 meses. A esto hay que añadir 34 por no cumplir los horarios establecidos para el cierre de negocios.

En total, el Ayuntamiento de Granada ha abierto 2.885 expedientes administrativos sancionadores, de los que 2.329 han acabado en una penalización tramitada.

En el mismo escalón están las multas a negocios o personas por no tener licencia de actividades (126), por carecer de título de viaje en el transporte urbano (106), por miccionar en la vía pública (108) o por la venta de romero en entornos turísticos como la Catedral de Granada (106).

También se ha sancionado en 44 ocasiones a empresas o ciudadanos por hacer un uso indebido a la hora de ocupar la vía pública y a 12 personas por realizar actos vandálicos contra mobiliario urbano o propiedades.

Llama la atención el bajo número de denuncias por realizar actividades perturbadoras del descanso ajeno en el interior de las viviendas, especialmente entre las 23 horas y las 7 horas del día siguiente, teniendo en cuenta la cantidad de pisos ocupados por estudiantes en una ciudad universitaria como Granada. En meses como enero, abril o diciembre no hubo ninguna multa por este motivo. También por ruidos, pero esta vez en la calle, se han tramitado 62 penalizaciones económicas.

Septiembre fue el mes de los baños en fuentes o ríos. Fue el único periodo en el que se multó a personas por realizar esta actividad, que está prohibida. No existe ningún expediente sancionador por prostitución en la ciudad. Sí por mendicidad, ambos casos ocurridos en el mes de noviembre.

Las acampadas, uno de los problemas destacados en la zona de San Miguel Alto, dejaron 32 castigos económicos. Ninguno de ellos en meses en los que el clima más acompaña como mayo, junio, julio o agosto. Hay que recordar que la cuantía a pagar por el ciudadano está entre uno y 3.500 euros en función de los hechos denunciados.