«¿Pero cómo quiere usted que le justifique que voy al hospital si me han dado la cita por teléfono?»

Señalizados convenientemente con los conos en el suelo y demás señalética vertical, los controles se realizaron con una duración de apenas media hora para que no perdiesen la efectividad y el factor sorpresa. A las once de la mañana, de forma paralela, se instalaban controles en la carretera de la Sierra y en la Avenida Andalucía, ambos puntos estratégicos de circulación entre Granada y el Área Metropolitana.

En este último, de entrada a Granada por la carretera de Málaga, pararon a 29 vehículos en apenas 30 minutos y aunque el control estaba centrado en vigilar que los desplazamientos estuviesen amparados por uno de los supuestos que contempla la norma, como acudir al puesto de trabajo, hubo de todo. Salieron desde ITV caducadas, hasta cargas mal colocadas en el vehículo de una cristalería pasando por el joven que se afanaba en asegurar que lo que olía raro en su coche era tabaco de liar. «Es que trabajo en el campo, por eso está tan sucio agente», justificaba.

Muchos de los conductores esgrimían que sus empresas, con el fin de semana de por medio, aún no les habían dado certificados laborales para entrar a Granada y otros improvisaban justificantes. Como Ahmed, residente en Peligros pero empleado en un negocio de hostelería de la calle Elvira, que enarbolaba su nómina del mes pasado.

«¿Pero cómo le voy a dar un justificante del médico si es que nos han citado por teléfono?», lamentaba por su parte un matrimonio de Fuente Vaqueros que iba de camino al hospital. «Hoy estamos informando pero otro día le va a costar el dinero», contestaba con paciencia el agente, que se paró a explicarles la norma y sus excepciones. Colaboradores y algo nerviosos ante la nueva situación, los ocupantes de los coches proseguían su ruta sin multa –salvo el de la ITV caducada– y repitiendo muchas veces «gracias, gracias».

Las sanciones por el incumplimiento de la norma de la Junta no están tipificadas con cuantías fijas, como las de tráfico, sino que los agentes trasladan el expediente sancionador a la consejería de Salud y Familias, la responsable de la norma, que es la que determina el importe final, en función de la calificación y las características particulares del caso. Las leves oscilan entre los cien y los tres mil euros.