Los municipios de Granada que cruzan la frontera de los 20.000

El Área Metropolitana crece en estos momentos de baja natalidad. Los vecinos aumentan en el norte y en el sur, ya que se da la circunstancia de que, de ocho municipios de más de 20.000 habitantes, dos lo son de manera muy reciente: Atarfe lleva justo un año en esa liga (entró en 2024 con 20.024 vecinos) y La Zubia, apenas suma dos meses en esta categoría al traspasar la barrera con 20.056 vecinos este mismo enero.

En esta última década solo estos dos pueblos y Las Gabias (en 2016) han subido este escalón demográfico que les obliga a organizarse de otra manera con detalles de ciudad como el pasar a tener que celebrar de manera obligatoria un pleno municipal al mes no cada dos meses, como antes. Todo se amplía.

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Hace veinte años esta lista estaba compuesta únicamente por seis municipios, entre ellos Guadix, que tiene ahora 18.725 habitantes y ha abandonado ese ranking. También estaban Almuñécar (24.713); Baza (22.220) y Loja (20.888), que se mantienen, y, por supuesto, Motril, que ya estaba en la lista de mayores de 50.000.

Armilla consiguió superar esa cantidad de vecinos en 2007 y Maracena, en 2008 y después ninguno traspasó ese umbral hasta que, ocho años más tarde, en 2016, Las Gabias pegó el estirón.

El salto consiste, básicamente, en desligarse de la tutela de la Diputación y empezar a gestionarse. El gran cambio sustancial está en aumentar el personal para atender servicios que hasta ese momento se gestionan desde la institución provincial.

En La Zubia, su alcaldesa, Puri López, echa cuentas sobre cuánto le costará a su municipio convertirse –de un día para otro– en ciudad. En total, un millón y medio de euros se llevará dar el cambio a pueblo grande. A partir del 1 de enero le empezó a contar el año de adaptación en el que pedirá una prórroga a Diputación antes de volar libre en la parte más importante de un municipio: atender las necesidades sociales de los vecinos.

«Tenemos que convocar y cubrir cuatro plazas: trabajadoras sociales, educadoras, dinamizadoras. Los servicios sociales es una de las áreas más fundamentales y vitales que tenemos como administración ya que no deja de ser atender a las familias vulnerables o en emergencia social, y claro, ahí no puedes escatimar», apunta Puri López, alcaldesa de La Zubia. Para empezar a gestionar la ayuda a domicilio le pedirá el margen de un año a la Diputación provincial. Cuando pase la Junta le transferirá el dinero de este servicio directamente al Ayuntamiento. Además tienen que sacar una plaza para profesionalizar la agrupación de Protección Civil, otro de los requisitos, a los que se suma el pago por el coste de los Bomberos y la gestión autónoma de instalaciones deportivas.

Ingresos que crecen poco

Sin embargo, estos municipios se quejan de que no tienen más ingresos en proporción de los cambios ya que los que cobran a cuenta del sistema de participación de tributos del Estado –de Gobierno y Junta– se calcula en función del número de habitantes. «A lo mejor te suben 100 vecinos más y te cambia la historia porque te conviertes en municipio de más de 20.000 y no cuentas con muchos más ingresos», explica la alcaldesa de La Zubia. Además, como apunta Puri López, hay que crecer en otros asuntos aunque no los exija la ley, como limpieza o seguridad. «Me he encontrado con una plantilla de seis barrenderos. Por lo que hemos tenido que subir el IBI para con esos 500.000 euros reforzar la limpieza en el municipio con una empresa externa», señala la alcaldesa zubiense.

«Los servicios tienen que ir creciendo y yo me encontré con una plantilla de seis barrenderos»

Puri López

Alcaldesa de La Zubia

Otro de los grandes gastos son los Bomberos, que se convenian con Diputación y se empieza a pagar el servicio que, antes de tener los 20.000, era a coste cero porque lo abonaba la propia institución provincial. La Zubia pagará por primera vez alrededor de 500.000 euros –anuales– por este servicio de extinción de incendios. Maracena y Armilla han mostrado su malestar porque se les «ha duplicado el coste de un año para otro sin explicación».

Atarfe paga 480.000 y ha pedido el desglose de los servicios para conocer los conceptos por los que pagarán. Los Servicios Sociales ya los prestan ellos y para la alcaldesa, Yolanda Fernández, es una satisfacción poder ayudar a sus vecinos y tomar la decisión de qué programas sociales ejecutar, los que más se ajusten a las necesidades el pueblo.

«Es difícil porque tienes que acometer una serie de responsabilidades, de servicios que tenemos que dar porque hay que atender a los ciudadanos y el tiempo de adaptación es corto». «Antes dependíamos de Diputación, ahora nosotros podemos solucionar las cosas de manera rápida, pero es verdad que nos cuesta el dinero». Una de las ventajas que destaca la alcaldesa de Atarfe es poder aspirar a subvenciones de manera independiente. Como los fondos Edil de Europa, a través de los que han pedido proyectos como un cinturón verde, la creación de un museo y la recuperación de restos de Medina Elvira.

«Antes dependíamos de Diputación, ahora podemos solucionar nosotros las cosas»

Yolanda Fernández

Alcaldesa de Atarfe

Mientras, Albolote anda en busca de 300 vecinos para superar la barrera de los 20.000 habitantes. Están ahora a punto y ya dan servicio –en la práctica– para ese número de vecinos pero sin tener el 'título oficial'.

Salustiano Ureña, alcalde de Albolote, echa cuentas sobre las promociones de viviendas que le reportarán más vecinos. Unas de VPO y otras de alquiler que están ya en marcha. Para animar que los vecinos se empadronen están haciendo una campaña con actividades deportivas y culturales gratuitas para los alboloteños.

En el caso de Ogíjares (15.063 habitantes en 2024) desde el Ayuntamiento aseguran que tienen 20.000 vecinos reales pero no empadronados porque por las necesidades educativas de colegios, algunos residentes optan por no empadronarse allí.

Obligaciones de los municipios de más de 20.000 habitantes

Protección Civil

Además de los voluntarios, debe estar profesionalizada y contar con un responsable y presupuesto, es decir, debe tener un cuerpo propio.

 

Servicios Sociales

Los servicios sociales pasan de la Diputación al ayuntamiento, que debe crear plazas de técnicos especializados y gestionar la ayuda a domicilio y programas de intervención con familias y menores en riesgo.

Prevención y extinción de incendios

Los ayuntamientos deben gestionar su servicio de bomberos, creando su propio parque o pagando al Consorcio. El coste anual es de unos 500.000 euros.

Gestión de instalaciones deportivas de uso público

Es obligatorio contar con este tipo de instalaciones.

Fuente: INE

C.J.V.

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Protección Civil

Además de los voluntarios, debe estar profesionalizada y contar con un responsable y presupuesto, es decir, debe tener un cuerpo propio.

 

Servicios Sociales

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Prevención y extinción de incendios

Los ayuntamientos deben gestionar su servicio de bomberos, creando su propio parque o pagando al Consorcio. El coste anual es de unos 500.000 euros.

 

Gestión de instalaciones deportivas de uso público

Es obligatorio contar con este tipo de instalaciones.

Fuente: INE

C.J.V.

Obligaciones de los municipios de más de 20.000 habitantes

Protección Civil

Además de los voluntarios, debe estar profesionalizada y contar con un responsable y presupuesto, es decir, debe tener un cuerpo propio.

 

Servicios Sociales

Los servicios sociales pasan de la Diputación al ayuntamiento, que debe crear plazas de técnicos especializados y gestionar la ayuda a domicilio y programas de intervención con familias y menores en riesgo.

Prevención y extinción de incendios

Los ayuntamientos deben gestionar su servicio de bomberos, creando su propio parque o pagando al Consorcio. El coste anual es de unos 500.000 euros.

 

Gestión de instalaciones deportivas de uso público

Es obligatorio contar con este tipo de instalaciones.

Fuente: INE

C.J.V.

Armilla (desde 2007) y Maracena (desde 2008) son los veteranos en este minoritario grupo de los pueblos grandes metropolitanos. Para la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, estos municipios asumen competencias obligatorias que garantizan servicios esenciales, «sin embargo, esta responsabilidad también conlleva una carga económica importante y la necesidad de dotarnos de más personal y recursos. Debemos responder a estas demandas con eficacia, incluso cuando los recursos son limitados», dice.

Responsabilidad

En la misma línea se expresa el alcalde de Maracena, Carlos Porcel, que considera que gestionar un municipio así es «una gran responsabilidad». «Nuestro compromiso es garantizar servicios públicos de calidad, diversos y accesibles para todos. Somos la administración más cercana al ciudadano y, a pesar de ser la más infrafinanciada de España, eso no nos frena», resalta.

Las Gabias, que superó en 2016 la cifra de los 20.000 habitantes, sigue con un crecimiento intenso. La alcaldesa, María Merinda Sádaba, cuenta cómo el cambio fue lento. «Cuando llegué en 2019, la localidad aún no se había adaptado a esa situación, a pesar de que ya habían pasado más de tres años, por lo que tuvimos que crear de la nada los servicios sociales». Sádaba explica que hay que hacer malabares económicos en estos ayuntamientos. «En cuanto a los ingresos, lo único a lo que afecta es al incremento de la participación de ingresos del estado y de la comunidad autónoma son los habitantes, por lo que es muy insuficiente».