Los negocios de Granada afectados por la trama Alvise quedan a su suerte

El tribunal considera que la estructura societaria del empresario se desmoronó de golpe y desatendió a sus inversores. La audiencia indica que la defensa de Romillo mezcla sus funciones con las propias de un juzgado Mercantil y echa en falta una memoria que ahonde en la situación económica y jurídica de las sociedades.

Un administrador actúa bajo mandato judicial y su función es la de disponer de determinados bienes ajenos o ejercer la función de asistencia o vigilancia en la gestión del patrimonio para garantiza el control y la protección de los derechos patrimoniales de los acreedores. El abogado presentará un recurso. «Vamos a recurrir nuevamente ante la sala. Dejan a los negocios de mi cliente arruinarse y completamente a la deriva. Se pierde el control del todo», lamenta a IDEAL.

Según la defensa de Romillo, las sociedades de las que son responsables negocian ahora los alquileres, posibles deudas contraídas y la situación de los trabajadores. Las cuentas bancarias de la sociedad continúan bloqueadas en Portugal. El empresario, al que se creía en paradero desconocido, puso su patrimonio a disposición de la justicia y recientemente ha declarado ante el juez.

A Romillo se le acusa e investiga también por perpetrar una estafa piramidal con criptomonedas que afecta a millares de personas. Él y sus socios habían diversificado sus finanzas en negocios de automoción, lujo, seguridad u hostelería.

Tenían conexión con la ciudad de la Alhambra a través de cuatro sociedades: Dos Huevos Fritos SL (La Castellana), Negro Carbón SL (vinculado al bar La Revolera), Negro Carbón Premium SL–con dos restaurantes en Albaicín y calle Neptuno – y Wanderstay SL (Hotel Colon y Restaurante La Casual). Todos estos establecimientos mantenían 54 empleos en la ciudad.

En el caso del restaurante La Castellana, el local tuvo que bajar la persiana definitivamente en octubre, después de 30 años de actividad en la capital, disolviendo once empleos de golpe. En agosto de 2023 el establecimiento de hostelería cambió de manos y se traspasó de la familia Ruiz Higueras a la sociedad vinculada con Romillo.

El resto de negocios relacionados con el empresario resisten. En el caso del hotel Colón y su restaurante, gestionado por la sociedad Wanderstay SL, deben al propietario del inmueble 120.000 euros. El granadino Antonio Poyatos, propietario del inmueble del que disfruta y gestiona la sociedad, cuenta a este periódico que han dado a conocer el asunto en los tribunales e interpuesto una demanda de desahucio por impago de alquiler. Tres meses debe ya la gestora. La familia propietaria cuenta que no conocían la sociedad y aceptaron su propuesta de negocio por ser ventajosa.

Por su parte, la plantilla empleada en el establecimiento señala que por ahora no han dejado de percibir su salario. «El administrador está desaparecido, no sabemos hasta cuando tendremos puesto de trabajo. Esto es una incertidumbre», comenta. La sociedad de Romillo operó durante un año y medio. Prometía rentabilidad de entre un 30% y más de un 50% anual a sus inversores y sin ningún obstáculo pese a las advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que en mayo y junio de 2023 hizo público que la red no estaba autorizada para realizar «actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva» y calificó el asunto de chiringuito financiero.