Nieto pide incluir en la Nazarí otros expedientes para comparar el trato recibido

La exconcejala Isabel Nieto, investigada en el caso Nazarí, ha presentado un escrito al juzgado de Instrucción Número 2 en el que pide que se incorporen otros expedientes urbanísticos, que no están bajo investigación, para comparar el tratamiento que se les dio. «Dada la tantas veces aludida complejidad de los casos analizados en los autos, y la tardanza en la emisión de los informes y periciales solicitadas; y

con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos, se solicita que se reclamen, a quien proceda, dentro de la Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente, Salud y Consumo, los siguientes expedientes que, al parecer, han tenido un tratamiento similar a algunos de los expedientes investigados en el sumario», argumenta. Así, menciona el expediente de un hotel en plaza Isabel la Católica, con el mismo problema de altura de techos que tuvo el edificio de Obispo Hurtado -donde Nieto y Torres Hurtado tienen sendos pisos- para ver cómo se resolvió.

Reclama también el expediente de una licencia de obra mayor otorgada a una residencia comunitaria privada, para comparar con los pasos que se dieron en el 'Expediente Campus', que se encuentra en el caso Nazarí, y en el que se investiga una «autorización (no concedida) para la construcción de una residencia universitaria en parte de una parcela calificada como equipamiento deportivo».

Por otro lado, Isabel Nieto declaró ayer ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada en el marco del caso Serrallo y negó que «faltara algo por cobrar» de los convenios urbanísticos vinculados a la tramitación del plan parcial y la urbanización de los espacios libres donde se construyó supuestamente de manera irregular una discoteca junto al centro comercial Serrallo Plaza.

Nieto alegó además que cuando se tramitaron esos convenios en 2002 ella aún no era concejal de Urbanismo y por tanto no pasaron por sus manos, si bien matizó que en su momento se archivaron porque «estaban cumplidos» y porque, tal y como «acreditan» los informes y facturas aportados por los funcionarios «no falta nada por cobrar».