María Victoria Cobo
Jueves, 23 de mayo 2024, 00:41
El caso Koldo sigue sumando informes policiales en la instrucción. En el último aportado por la UCO de la Guardia Civil se incluyen conversaciones entre dos granadinos, los empresarios Daniel y Antonio Fernández. No se les investigaba directamente a ellos, pero en las escuchas aparecieron ... conversaciones e intercambios de mensajes que hicieron que los agentes pidieran al juez el acceso a sus móviles. En concreto, se le retira a Antonio Fernández, que fue coordinador de la delegación del Gobierno en Andalucía desde 2021 hasta octubre de 2022, cuando dejó el puesto para volver a la empresa privada.
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En esas conversaciones que se investigan, llaman la atención los investigadores sobre el intercambio de mensajes entre Antonio y Koldo García a cuenta de un contrato en Monforte de Lemos (Lugo) del que se beneficiaría la empresa en la que trabajan los dos granadinos, Obras Públicas y Regadíos. En ese mismo documento, conocido a principio de semana, acreditan también los agentes que Daniel, administrador mancomunado de la citada empresa, tiene relación con el antiguo asesor del entonces ministro José Luis Ábalos. Detectan dos llamadas al citado número, que está registrado a nombre de la empresa, domiciliada en Madrid pero que tiene una sede en Granada.
Resulta curioso que al ponerle nombre a esta nueva persona del entorno de Koldo lo ubican también en la marisquería La Chalana, que se ha vuelto popular una vez que se ha hecho pública la investigación sobre el 'intermediario'. Ese restaurante fue el punto de reunión de Koldo con la mayoría de sus contactos, el lugar al que acudía de forma reiterada y donde los investigadores lo han situado con pruebas fotográficas repetidas.
En ese restaurante también sitúan los agentes a Daniel Fernández en tres fechas concretas. A 'Dani', como lo identifica el propio Koldo, lo sitúan los investigadores el día 10 de enero de 2023, el 4 de octubre y el 20 de diciembre de 2023.
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En esa marisquería es donde se producen los encuentros que la Guardia Civil documenta en sus informes con varios de los detenidos en la investigación. Cabe recordar que los dos granadinos, Antonio y Daniel Fernández, no constan en calidad de investigados en la causa; de momento solo se llama la atención sobre el contenido de sus mensajes.
En los textos que intercambia con Antonio, el propio Koldo le reprende por dejar constancia de los contratos en los que están 'interviniendo' y avisa de que hay que comunicarse de otra forma más segura.
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Los dos hermanos Fernández, naturales del municipio de Baza, constan en la citada empresa, aparecen en el informe de la UCO por las conversaciones que mantuvieron con Koldo a través de móviles que estaban a nombre de su empresa, Obras Públicas y Regadíos.
Los dos se dedicaron a la empresa privada, excepto un periodo de un par de años en los que Antonio trabajó como coordinador de la Delegación del Gobierno de Andalucía. Entró en el puesto cuando el actual delegado, Pedro Fernández, accedió. Pero se marchó en unos meses. No se le conocía actividad política previa, ni afiliación al PSOE.
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Toño, como le conocen habitualmente, es ingeniero y siempre ha estado ligado a empresas relacionadas con la construcción.
Paralelamente, la investigación sigue por distintos frentes. La Agencia Tributaria informó ayer al juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional de que en el mes de abril emprendió una investigación inspectora sobre el ex asesor ministerial Koldo García por el IRPF de los años 2020, 2021 y 2022, y pregunta al magistrado si deben paralizar ese procedimiento dado que está abierta la vía penal.
Así consta en una comunicación remitida esta semana por la Agencia Tributaria al Juzgado Central de Instrucción número 2, a la que ha tenido acceso Europa Press. En una segunda, de idéntica fecha, explica Hacienda que misma situación ocurre con dos inspecciones abiertas sobre Patricia Uriz, esposa de Koldo García, y Juan Carlos Cueto, el empresario que sería el presunto cerebro detrás de la empresa a la que se adjudicaron los contratos de mascarillas que investiga la Audiencia Nacional. El juez, que ya tiene en su poder ambas cartas, ha solicitado al fiscal del caso, Luis Pastor, que informe al respecto de la «procedencia de ordenar la suspensión o paralización de los procedimientos».
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