Nueve meses para culminar la documentación del nuevo Plan Albaicín

La modificación de la ordenación urbanística de los dos históricos barrios es una de las deudas pendientes del Ayuntamiento de Granada. No se habían producido ni las Olimpiadas de Barcelona ni el Mundial de Esquí de Sierra Nevada cuando se aprobó la normativa vigente, que fue encargada al equipo dirigido por el arquitecto Santiago Rodríguez. Aquel texto nació con la vocación de facilitar las actuaciones en los edificios patrimoniales, pero también para fijar el estilo tradicional del entorno. Entre otros aspectos, incluía pautas para la cartelería y las fachadas, además de promover la restauración de espacios como el cerro de San Miguel o el Zenete.

Desde su aprobación, el Consistorio ha realizado tres intentonas para su renovación. La primera fue en 2001, cuando se quiso hacer coincidir el diseño del nuevo Plan General con la revisión de los ordenamientos urbanísticos del Albaicín y la Alhambra. La segunda se produjo en 2007, cuando el equipo de Torres Hurtado trató de abordar la operación con el mismo equipo redactor del documento original. La que actualmente está en marcha sería la tercera y arrancó en 2016. Al calor de la reordenación de Urbanismo, los técnicos municipales se pusieron manos a la obra para recomponer el trabajo realizado e iniciar los trámites para la nueva redacción. Entre las líneas maestras estaban asuntos que hoy cobran incluso más importancia que entonces, como la limitación de apartamentos turísticos en dos de los barrios históricos de la capital.

En 2019, el equipo de Paco Cuenca presentó el avance del plan. Se trataba de un documento que incluía propuestas de objetivos, criterios y estrategias generales con vistas a su posterior desarrollo en un documento definitivo. Sin embargo, la aprobación de la Lista, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, obligó a rehacer el texto al exigir planteamientos que la normativa urbanística autonómica anterior no contemplaba. Finalmente, en octubre de 2022, con el socialista de nuevo en la alcaldía, nuevamente se propuso un avance que es sobre el que trabaja el actual equipo de gobierno de Marifrán Carazo.

Aquel documento establecía once zonas distintas dentro del conjunto de los dos barrios. En ocho de ellas, por su naturaleza puramente residencial, se limitaba el uso terciario. Las tres restantes -ubicadas en el entorno de la abadía, la zona de las cuevas de las zambras y el eje del Darro, sí se abrían a un uso compatibilizado de sectores como el dotacional o el terciario. El borrador también incluía actuaciones de reforma interior, como la rehabilitación de espacios como San Luis, el Maristán o el Carmen del Negro.

Sin embargo, el mayor interés lo concentraban las nuevas propuestas de desarrollo vinculadas a la movilidad, uno de los grandes problemas de los barrios. Proponía, entre otras opciones, varios viales de conexión alternativa para acceder al Sacromonte, un camino para comunicar con Camino Viejo del Fargue y zonas de aparcamiento para visitantes y para microbuses en el entorno de la abadía. Asimismo, planteaba aparcamientos subterráneos en puntos como Fajalauza o habilitar solares abandonados como el ubicado junto a Elvira.

Vecinos y colectivos respondieron a la presentación del documento con más de 300 sugerencias para mejorar el texto. Muchas de ellas estaban relacionados con las parcelas de los propios residentes, en especial con los usos y la ordenación de volúmenes, pero otras apuntaban a las propuestas de desarrollo recogidas por el borrador, especialmente a lo relacionado con los viales de acceso al Sacromonte.

El plazo de alegaciones se cerró en febrero de 2023 y, desde entonces, las aportaciones están sin respuesta. Ahora, a preguntas de IDEAL, Urbanismo admite que el trabajo no se ha abandonado, sino que se está trabajando para dar cumplida respuesta.

En estos momentos, las labores se concentran en varios puntos. En cuanto al Plan de Ordenación Urbana, una de las patas del documento, debe completarse la memoria con el informe sobre las sugerencias vecinales y la memoria económica, que será objeto de licitación para su elaboración por un equipo externo. Asimismo, se trabaja para revisar y completar la normativa con idea de incluir las observaciones realizadas por los técnicos de la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. La administración autonómica también debe ser escuchada en lo relacionado con las actuaciones de transformación urbanística que recogerá el Plan Albaicín. Además, personal externo al Ayuntamiento va a redactar la documentación necesaria para la tramitación de la evaluación ambiental. Es un paso imprescindible para la aprobación del plan en que la ciudad también debe seguir las consideraciones que realice la Consejería de Medio Ambiente.

En cuanto al catálogo de parcelas, la otra gran pata del documento, también requiere de más atención. Se trata de un trámite de gran dificultad porque implica un vasto esfuerzo al abordar más de un millar de inmuebles que componen la trama urbana de los dos barrios. Aunque existe ya un trabajo realizado, debe ser revisado por técnicos de Patrimonio y completarse con los espacios públicos, itinerarios, adarves y el mobiliario urbano que existe tanto en el Albaicín como el Sacromonte.

La idea que maneja Urbanismo es que todo lo relacionado con el Plan de Ordenación Urbana pudiese estar terminado en un plazo «de unos seis meses». Tres más requeriría todo lo relacionado con el catálogo. Ambas partes serían el pilar sobre el que redactar los informes técnicos y jurídicos que permitirían llevar el Plan Albaicín a aprobación inicial. No obstante, también tiene que tramitarse una innovación para incluirla en el Plan General de Ordenación Municipal, el famoso PGOM, en el que está volcado el Ayuntamiento. Este documento es el que ordena el desarrollo urbano de la ciudad para los próximas décadas y debe fijar las líneas esenciales de los distintos barrios. Según lo expresado por Urbanismo, la idea es que este apartado pueda ser redactado por el nuevo equipo técnico que está designando el Gobierno local para desarrollar la normativa.