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Yenalia Huertas
Domingo, 3 de septiembre 2023
Aunque la maquinaria judicial nunca se para, las vacaciones de verano repercuten inevitablemente en el ritmo de trabajo de los juzgados, que baja considerablemente. Tras un agosto inhábil con excepciones -no se suspenden los plazos en todas las jurisdicciones-, y una vez superado el tetris ... de los cuadrantes estivales, jueces, letrados de la Administración de Justicia (LAJ), fiscales y funcionarios regresan a una normalidad alterada desde finales del año pasado por las huelgas en Justicia.
El pasado curso judicial acabó con miles de juicios y actos suspendidos por el paro de los funcionarios, que dejaron en 'stand by' sus protestas hasta que se ponga en marcha el Gobierno resultante de las elecciones generales del 23J. El nuevo año en los juzgados, por tanto, arranca con un atasco importante de expedientes y trámites, así como con el fantasma de nuevas movilizaciones sobrevolando las sedes judiciales de todo el país si quien suceda a Pilar Llop en el Ministerio de Justicia no busca una pronta salida al conflicto y atiende las reivindicaciones de los gestores, tramitadores y auxilios.
Aunque la jurisdicción Penal fue de las menos afectadas en la anterior huelga en Justicia (la de los LAJ, desconvocada en marzo tras lograr una subida salarial), los paros de los funcionarios sí han provocado multitud de aplazamientos en los últimos meses en los órganos donde se investigan y juzgan los delitos. En otras jurisdicciones, como la Civil, la situación empezaba a ser bastante preocupante en vísperas del verano, como advirtieron entonces algunas voces judiciales.
Desde el Colegio de Abogados de Granada se calculó que las protestas en Justicia habían dejado el primer semestre más de 6.000 actuaciones procesales y procedimientos paralizados o suspendidos en el conjunto de jurisdicciones, además del bloqueo de unos 20 millones de euros en las cuentas de consignación de los juzgados.
Muchas de las oficinas judiciales inaugurarán por tanto este mes de septiembre con agendas sobrecargadas y retrasos en los señalamientos. Eso, en el plano general. En el particular, si se pone el foco en la actividad próxima de la jurisdicción más mediática, la Penal, las investigaciones de los últimos delitos de sangre marcarán los titulares de la crónica judicial de los meses venideros.
Castillo Higueras
El crimen de José Miguel Castillo Higueras, el que fuera concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, ocurrió el 23 de enero de 2022. El hombre, de 74 años, caminaba por San Antón en dirección a Recogidas a primera hora de la mañana, cuando un joven se fijó en él. El edil sufrió dos brutales agresiones que acabaron con su vida. Al presunto responsable, Y. B., se le imputan un delito de homicidio agravado y un robo con violencia. Acabó detenido y la causa aterrizó en el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que transformó el caso en un procedimiento del Tribunal del Jurado. La investigación judicial que pondrá al supuesto homicida ante un tribunal integrado por ciudadanos sigue su curso. Una vez se complete, vendrán las calificaciones de las partes acusadoras y el escrito de defensa. Luego se fijará la fecha del enjuiciamiento.
Doble ejecución de Los Yesos
La despiadada doble ejecución de José Acosta, de 61 años, y su pareja, Carmen Jiménez, de 47, en una finca de Los Yesos ocurrió el 21 de abril del año pasado. La causa, también transformada en un caso de jurado, sigue en fase de instrucción para perfilar el grado de participación de cada uno de los cuatro implicados: R. L. y H. E., dos ciudadanos marroquíes que vivían de okupas en un domicilio de Castell de Ferro, y D. C. y C. A., dos españoles vecinos de la misma localidad. La última novedad judicial que trascendió del doble crimen fue que los cuatro investigados protagonizaron la comparecencia prevista en la ley que regula el tribunal popular para comunicarles los delitos que se les atribuyen. En ese acto, el juzgado instructor, el mixto 1 de Motril, acordó una serie de nuevas diligencias que se irán practicando. La fiscalía imputa la autoría de la doble ejecución a los dos extranjeros implicados.
Tiroteo en Rules
El caso del tiroteo de Rules, ocurrido el 13 de julio del año pasado, se investiga en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Órgiva. Aquel suceso dejó un fallecido, pero también un herido: un ciudadano bosnio de iniciales J. M. y de 39 años, que quedó parapléjico. Éste, en mayo, declaró en sede judicial y enmarcó los disparos en una deuda de lámparas de marihuana. En la causa, que sigue en fase de instrucción, hay tres hombres en prisión provisional y la Guardia Civil buscaba a un cuatro presunto implicado, un tal Luli, un individuo «peligroso».
El Jau, pendiente de juicio
El 10 de febrero de 2021, el cortijo Villa Josefina de El Jau, pedanía de Santa Fe, fue escenario de un crimen. Una pelea acabó con un fallecido y heridos. La víctima mortal, Enrique G., era un vecino del lugar de 70 años que recibió un disparo. Durante el altercado, otras personas, entre ellas una mujer y un joven (esposa y otro familiar del fallecido), resultaron también heridas de bala. El suceso se instruyó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Fe, que lo convirtió en caso de jurado. Hay dos investigados, uno como presunto autor material y el otro como cómplice. Según fuentes del caso, se está a la espera de que se ponga fecha al juicio.
Agresión Mortal en Íllora
El pasado 15 de agosto se cumplió un año del crimen de Juan Castro Trujillos, un joven de 19 años de Íllora que sufrió una agresión mortal durante las fiestas patronales del municipio. La causa, transformada ya en caso de jurado, se instruye en El Juzgado de Instrucción 2 de Loja, que el pasado 10 de julio acordó practicar nuevas diligencias solicitadas por las partes y separar del expediente los incidentes previos al crimen ocurridos en la caseta municipal para que sean enjuiciados como delitos leves. Por aquellos trágicos hechos, continúa en prisión B. J. H., a quien se le imputa un delito de homicidio y otro de lesiones por la agresión sufrida por la novia del malogrado joven, que era un chico brillante y muy querido.
Horror en Las Gabias
La investigación judicial del doble crimen de una mujer de 38 años embarazada de unos ocho meses y su hijo, de tres años, ocurrido el 27 de mayo en un chalé de Las Gabias también será objeto de atención mediática. El presunto autor, hermano de la víctima, que era natural de Torredelcampo (Jaén) se encuentra en situación provisional. Todo apunta a que las rencillas por una herencia fueron el móvil de este terrible suceso, que previsiblente también acabe en un juicio con jurado. El caso lo lleva un juzgado de Santa Fe y la instrucción está aún muy en sus albores: en los trámites iniciales de la actuación de la Guardia Civil. Entre otras diligencias, falta por recibirse el informe la inspección ocular, según las fuentes consultadas.
Parricidio en Ogíjares
El pasado 6 de agosto, un vecino de Ogíjares perdió la vida de un disparo en su casa. El presunto autor fue su hijo, quien sostuvo ante la Guardia Civil que fue un tiro accidental. El joven, de 24 años, se encuentra preso y a lo largo de los próximos meses se investigará a fondo lo ocurrido. Se encargará, en principio, el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que estaba de guardia el día de los hechos.
Secuestro de Maracena
El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada es el que lleva la investigación del secuestro de la concejala Vanessa Romero a manos de la expareja de la exalcaldesa socialista Berta Linares, quien también de momento figura como investigada junto al edil Antonio Leyva para esclarecer si pudieron inducir al rapto. El órgano judicial, al que regresó el caso tras disponer el TSJA que se interrogase a los dos últimos, habrá de determinar en las próximas semanas si ordena más diligencias, lo archiva o sigue adelante.
Lo último que ha trascendido es que el presunto secuestrador esperará el juicio fuera de prisión, pues el juzgado acordó recientemente su puesta en libertad provisional.
La Nazarí, últimas piezas
También los últimos coletazos del caso Nazarí, del que sólo quedan vivas dos piezas (las de los expedientes San Jerónimo y Mulhacén) acapararán la atención a la espera de un desenlace final para un caso de supuesta corrupción Urbanística en el Ayuntamiento de Granada, durante el gobierno local del PP, que se ha ido desinflando poco a poco desde que aquel 13 de abril de 2016 saltara el escándalo. En las citadas dos piezas se han investigado supuestas irregularidades relacionadas con la concesión del Pabellón Mulhacén, levantado en el barrio del Zaidín, y con la construcción del residencial Ciudad de la Luz. La segunda se encuentra en la fase de preparación del juicio oral, en la que las partes habrán de calificar los hechos (nuevamente, pues ya lo habían hecho pero la Audiencia dispuso que se excluyera de la investigación al promotor José Julián Romero). En la primera, el juzgado (Instrucción 2 de Granada) acordó asimismo este julio seguir la causa contra la excúpula, dejando fuera a l exregidor José Torres Hurtado, sobre el que ya no pesa ninguna sospecha, pues ha sido excluido de estas dos últimas piezas y fue absuelto en la única que llegó a juicio, la del expediente Obispo. Ésta estaba relacionada con el bloque de la vivienda del exalcalde.
Marchelo, el caso eterno
En los juzgados de Santa Fe sigue en trámite otro viejo caso de presunta corrupción urbanística en Alhendín que se está eternizando: el caso Marchelo. Este asunto lleva ya más de tres lustros vivo y sin juicio (se inició en 2006). Ya está todo instruido y calificado, pero el traslado de las actuaciones a los presuntos responsables civiles ha vuelto a retrasar un enjuiciamiento que va camino de convertirse en paradigma de la lentitud de la Justicia.
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