El diseño de los pliegos del nuevo contrato de transporte público, el segundo más importante a nivel municipal, está a expensas del impacto de la propuesta de ampliación del metro incluida en el estudio informativo encargado por la Junta de Andalucía. Es lo que dejó ... caer ayer la responsable municipal de Movilidad, Raquel Ruz, durante la comisión informativa de Contratación que le tocó presidir en sustitución del concejal José María Corpas, que no pudo asistir por un asunto médico.
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A preguntas de Unidas Podemos, que se interesó por diferentes aspectos del proceso relativo a la gestión del servicio de autobuses, la edil admitió que los técnicos están revisando los pliegos para adaptarlos al efecto que pueda tener la propuesta de extensión del metro por el Centro. Ruz recordó que, de salir adelante, la ampliación tendría un «impacto directo» sobre «la mayor parte de las líneas», por lo que considera «lógico y serio» revisar aspectos como la incidencia en el kilometraje o el volumen de usuarios, detalles que pueden tener efecto sobre la licitación. «No vamos a parar el procedimiento hasta que haya un proyecto definitivo, pero sí creo que tiene interés conocer lo que dice el estudio. Un contrato de 400 millones no puede hacerse a la ligera», aseguró.
La explicación de Ruz no convenció a la oposición, que criticó el efecto que la revisión de los datos puede tener sobre una concesión que caduca tras el verano. El popular Francisco Fuentes alertó del impacto que dicha decisión puede tener sobre el servicio y recordó que el Ayuntamiento tiene mecanismos a su disposición para modificar las condiciones más adelante y ajustarlas al proyecto que resulte del proceso de estudio de ampliación.
El portavoz de Unidas Podemos, Antonio Cambril, fue uno de los más beligerantes. Criticó que el Ayuntamiento llega «60 años tarde» con esta concesión y lamentó que el contrato va camino de la prórroga como ocurrió con el de recogida de basuras. El dirigente acusó a los socialistas de ser «la cara B de la derecha» y de tener «siempre una excusa» para evitar la municipalización del servicio y cuestionó que una decisión que, como señaló, va a suponer que los granadinos «tengan que seguir pagando uno de los contratos más caros de España». «Se está contribuyendo a enriquecer a empresas privadas de manera grosera y a empobrecer a Granada». añadió.
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La nueva concesiónde limpieza saldrá a licitación en febrero
Los responsables técnicos de Contratación informaron ayer a los grupos municipales del Ayuntamiento de Granada que «mitad de febrero» es la fecha en la que esperan poder sacar a licitación la nueva concesión de los servicios de limpieza y recogida de residuos. Como explicaron en la comisión informativa del área a preguntas del edil popular Francisco Fuentes, en estos momentos se está a la espera de recibir el pliego técnico definitivo por parte de Medio Ambiente para poder avanzar en la tramitación.
El de limpieza y recogida de residuos es el mayor contrato del Ayuntamiento y se mantiene en prórroga después de que la concesión caducara a finales de 2019. Según informó el PP en noviembre pasado, el retraso está suponiendo un coste de alrededor de 100.000 euros diarios para cubrir los costes de la continuidad del servicio.
El portavoz de Vox, Onofre Miralles, también se mostró especialmente contrariado con la decisión. El responsable reconoció la «enorme preocupación» de su grupo «por no poder sacar el contrato de transporte público porque estamos pendientes del recorrido del metro, un asunto que puede ser en este siglo o el que viene», dijo.
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