Nuevo intento para poner fin al desajuste de los planes urbanísticos de Granada

Tanto el Consistorio como la Junta de Andalucía, de la que dependen planeamientos de referencia como el Potaug, son conscientes de que ninguno de los textos vigentes tiene menos veinte años. El propio PGOU es prueba de ello, pues se aprobó en 2001. El documento ha sido revisado en algunos detalles, pero a grandes rasgos sigue siendo una fotografía fija de una ciudad que aspiraba a lograr sus objetivos con criterios distintos a los que requieren las leyes actuales, especialmente en aspectos como el medioambiental.

El Potaug es otra muestra. Este texto, que determina cómo debe crecer la capital y su entorno inmediato o las fórmulas a emplear para resolver los problemas de conexión y de mantenimiento de joyas naturales como la Vega, se visó en 1999.

Pero hay más ejemplos. Más antiguo es el PEPRI Albaicín, que aclara lo que se puede hacer y lo que no en el barrio con el objetivo de evitar la destrucción de su singularidad. Este es de los 90. O el Plan Especial de la Alhambra, que marca el rumbo del conjunto monumental. Este se puede considerar ya como un verdadero relicto, pues cuenta con más tiempo aún a sus espaldas.

Esta falta de renovación de los planes está perjudicando a la proyección de la ciudad. Así lo llevan denunciando formaciones políticas y especialistas desde hace años. El último fue precisamente el alcalde, quien a comienzos de 2022 recordó que la desactualización del Potaug estaba impidiendo el desarrollo de parcelas como la del Nuevo Los Cármenes. Paco Cuenca instó a la Junta de Andalucía a iniciar el proceso de renovación del documento.

Pero antes que él lo hicieron otros. Promotores, ecologistas o los vecinos del Albaicín fueron algunos de los colectivos y organizaciones que reclamaron medidas similares al gobierno andaluz, pero también al propio Ayuntamiento de Granada.

Estas llamadas a la acción, que se vienen repitiendo desde hace 15 años, no han sido siempre desoídas. Las administraciones públicas realizaron diferentes intentos. Sin embargo, resultaron infructuosos por múltiples razones. En la actualidad, aparte de la revisión del PGOU en la que está embarcada la corporación municipal, hay otras iniciativas en marcha. Es el caso del nuevo PEPRI Albaicín, en cuyo rediseño se lleva trabajando desde el anterior mandato socialista. También es el caso del Potaug, a tenor de lo expuesto por la Consejería de Fomento, que informó de que estaba dando los primeros pasos para su renovación hace meses.

Pese a todo, la propia naturaleza de estos planeamientos, sometidos a complicados procedimientos, hace que no se espere la aprobación de ninguno de ellos a corto plazo. Las esperanzas están depositadas en la Lista, nombre con el que se conoce a la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. Esta normativa, impulsada por la cartera que dirige Marifrán Carazo, tiene entre sus misiones la de simplicar los procesos de renovación.

Sea como sea, la voz de los expertos consultados por IDEAL es clara. La falta de renovación es un hecho que debe ser contrarrestado por las administraciones públicas «con la máxima celeridad». El futuro de una ciudad que aspira a ser capital cultural europea en 2031 y a erigirse como una referencia en el ámbito tecnológico está en juego.

El arquitecto y urbanista Juan Carlos García de los Reyes lamenta que los principales planeamientos tienen una gran antigüedad. Es el caso de las normativas urbanísticas que protegen el Albaicín o el Centro, ambas con más de dos décadas a cuestas, pero también la de la Alhambra, «que lleva sin tocarse desde 1989».

Para el experto, este problema es extensivo a otros municipios de la provincia, como Monachil –«que tiene una normativa obsoleta de hace 20 años que, además, ha sido objeto de sentencias judiciales y que refleja un modelo que no se parece en nada a lo que la sociedad actual demanda ni al que la propia Cetursa propone»–, Loja –«que tampoco tiene el plan actualizado»– o los municipios de la Alpujarra salvo en lo que tiene que ver con el barranco del Poqueira.

Sin embargo, aunque el mal esté extendido por la provincia, García de los Reyes pone el foco en los efectos que la falta de renovación está provocando en la capital nazarí. «Los principales son la burocracia y la inseguridad jurídica», señala el especialista. En su opinión, donde más se evidencian es en lo relacionado con el Albaicín. «Los planes de conjuntos históricos se diferencian de los de lugares convencionales en que, si no están actualizados, la Consejería de Cultura se ve obligada a hacer informes previos basándose en criterios subjetivos, lo que genera una burocracia terrible pero también una inseguridad jurídica evidente. La consecuencia es que todo el mundo acaba cabreado: desde los promotores a los vecinos o los funcionarios», afirma.

El arquitecto recuerda que no se debe continuar sin actualizar los documentos porque «la demanda que recogen no es la que existe hoy en ámbitos como la movilidad, los usos turísticos o los equipamientos públicos». Aquí también señala al Albaicín como epítome. Aunque el Ayuntamiento lleva años trabajando en una modificación del PEPRI, la tramitación no termina, lo que está generando, como recuerda, situaciones extrañas como que no estén recogidas en las normas vigentes aspectos en los que hay un gran consenso como la protección del valle del Darro. Por este motivo, el experto considera que «si Granada quiere ser capital cultural o ampliar la protección al valle del Darro, tiene que demostrar que apuesta por eso desde sus planeamientos».

Pese a lo expuesto, reconoce que se están dando «pasos». Se refiere, entre otros aspectos, a los trabajos iniciales desarrollados por el equipo encargado de la redacción del avance del PGOU, que lleva cinco meses recogiendo propuestas de colectivos vecinales, colegios profesionales y ciudadanos a título individual encaminadas a ordenar el futuro de la ciudad. En su opinión, «hay que celebrar que se haya empezado», pero advierte de que, como ocurrió en otros momentos, se detenga el proceso. «Imaginemos la rémora que supone no poder aplicar políticas actuales a la hora de ubicar polígonos, hacer una circunvalacion o construir nuevos equipamientos; hay que avanzar».

Miguel del Valle conoce bien las dificultades a la hora de sacar adelante un nuevo planeamiento. Durante su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Granada, no logró sacar adelante ninguno adelante pese a intentarlo. «No hubo manera», dice el arquitecto, ya alejado de la primera línea política.

El experto reconoce que la falta de renovación de planeamientos empieza a ser un mal endémico en Granada y muestra una enorme preocupación en lo relativo al PEPRI Albaicín y el plan de la Alhambra. Como destaca, ninguno de los dos recogen «cambios en la manera de vivir o de entender la ciudad» que tienen los ciudadanos ahora. Su crítica al respecto es total. «Entiendo que se han podido retrasar, pero no tiene nombre ni apellidos. Es una vergüenza. Se han acometido, pero no se acaban nunca. Es un desastre», remarca.

Al especialista le preocupa especialmente lo relativo a los usos. Como ejemplo, pone lo que considera el «anatema de los hoteles en el Albaicín». Recuerda que parece prohibido pensar en la apertura de un establecimiento de este tipo en barrio, pero señala que se trata de un asunto a analizar «muy despacio». Su tesis es que los barrios «se tienen que convertir en lo que la sociedad y la gente demande». «Intentar que la gente viva allí no se puede hacer por decreto, hay que buscar usos que mantengan viva esa parte de la ciudad y ese es un asunto que tendrá que estar muy a lo que la gente quiera, tratando de fomentar usos y equipamientos porque se están perdiendo los más elementales», añade.

Del Valle considera menos preocupante los retrasos en la actualización del PGOU y Potaug. Justifica la situación porque ambos planeamientos están «vinculados» a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, una normativa recientemente aprobada por la Junta que busca aclarar y simplificar la tramitación de los planes.

El especialista cree que el nuevo reglamento va a ir «como un cohete», lo que permitirá que ciudades como Granada puedan modificar sus documentos con menos dificultades. «Hacía una falta una ley así, creo que será muy efectiva», sentencia antes de destacar el trabajo que la consejería de Fomento está realizando para dar a conocer la ley entre las administraciones y los técnicos. «Ese es el camino», subraya.

El profesor Luis Miguel Valenzuela considera que el retraso en la revisión de los planeamientos «no habla bien de nuestra capacidad institucional, pero tampoco de nuestra iniciativa como sociedad civil». En su opinión, esta situación está generando «un problema de desacople» que tiene causa en la «cultura de planificación del país, que es muy administrativa y está más basada en el cumplimiento que en lo que tiene de estrategia». El experto señala otro problema que está en la raíz de la desactualización, la orientación de los planes «más a concretar cosas legalmente que a propiciar una toma de decisiones ágiles». «Un mal es que se definen más asuntos como la localización de equipamientos o los aprovechamientos y parece que si no hay esa concreción, no se puede hacer». En su opinión, «hay que cambiar el modelo para que lo importante sea el proceso y la revisión, no lo que se aprobó un día hace 20 años».

Valenzuela pone el foco en el impacto que la falta de renovación del Potaug está teniendo sobre el resto de normativas. Como recuerda, de este reglamento «dependen muchos otros planes urbanísticos», por lo que llama a actuar cuando antes «porque estamos en una inercia de actuaciones que no tienen sentido ya, pero que hay que aplicarlas porque están en la normativa». Pone como ejemplo las VAU, vías que recoge el documento para conectar municipios del Área Metropolitana con la capital. Al respecto, señala que «están condicionando otros planeamientos y se está planeando su ejecución, aunque no tiene ya ningún sentido».

Para el profesor, «Granada no se puede permitir no renovar las normativas, pero tampoco aprobar un nuevo plan y que vuelva a ser en los mismos términos». A este respecto, señala como imprescindible incluir en los nuevos reglamentos aspectos como la evaluación. «Es importante que lo hagamos de manera vinculante porque eso significaría que, en el siguiente plan, tendríamos en cuenta eso para evitar desastres».

El activista Javier Egea lleva denunciando años desde Ecologistas en Acción los efectos de la falta de renovación de los planeamientos. Como recuerda, todos ellos «se aprobaron hace 20 años y, por tanto, no están adaptados a los cambios que ha habido a nivel legislativo».

Esa desactualización se percibe, según señala, en aspectos como la manera de entender el tráfico, la peatonalización o el respeto medioambiental y critica que «las normativas vigentes plantean cosas que en su momento se entendían como buenas y que ahora, con el paso del tiempo, no deberían permitirse».

Entre otros ejemplos, señala la falta de planificación de zonas verdes o la clarificación del arbolado a emplear en la ciudad. En su opinión, cuando se aprobó el anterior PGOU se entendió que los jardines planteados eran suficientes. Ahora, sin embargo, «hay una deficiencia total de zonas verdes».

En cuanto a la movilidad, percibe que la desactualización se está reflejando en el escaso valor que los actuales reglamentos da a conceptos «como los de dejar la ciudad a los peatones o apostar por el transporte público, asuntos que tanto las autoridades europeas como las españolas consideran ya de obligado cumplimiento en las grandes ciudades». «Adaptar las normativas a la situación actual es vital si queremos evitar seguir respirando humo, algo que queda claro que Granada debería haber hecho hace mucho, mucho tiempo».

En opinión de Egea, «Granada no puede permitirse seguir más tiempo así» y llama a «adaptar las normativas a lo que expresan tanto Europa como España». «Si no lo hacemos», advierte, «nos van a seguir multando por cuestiones como el uso del agua, la falta de depuración o los déficits ambientales en temas como la calidad del aire».