Caso audioguías

Ocho años bajo sospecha: el caso que provocó la dimisión de la directora de la Alhambra

Los acusados eran la exdirectora del PAG Mar Villafranca; la exsecretaria Victoria Chamorro; el exjefe de Contabilidad José María Visedo; y A. A. L. R., el dueño de la empresa que explotó en su día el servicio de audioguías. Todos ellos, después de una largo proceso judicial de casi ocho años, hoy ya pueden respirar tranquilos.

Para el tribunal provincial, las actuaciones que se llevaron a cabo en aquella contratación contaron con informes favorables del Gabinete Jurídico y de la Intervención General de la Junta de Andalucía y no merecen reproche penal, pues «no existen elementos suficientes para la formación de una convicción judicial de condena».

«Es evidente que tanto la adjudicación como el seguimiento, ejecución y modificación del contrato no siguió el procedimiento administrativo legalmente establecido. No obstante, la consideración ética sobre la reprochabilidad de los actos denunciados no puede determinar la sanción penal del hecho», señala la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia descarta de este modo que la excúpula quisiera favorecer los intereses de aquella empresa; no cree que Villafranca, Chamorro y Visedo se pusieran de acuerdo para beneficiar fraudulentamente a su administrador y dictaran resoluciones con conocimiento de su ilegalidad en la adjudicación y ejecución del contrato.

La exdirectora y la exsecretaria, que llegaron a ser detenidas por estos hechos, se enfrentaban a una petición de la fiscalía de cinco años de prisión por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, o alternativamente fraude en la contratación. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada han sido igualmente partes acusadoras.

Para el empresario se pedía la mayor pena: diez años de cárcel y un millón de euros de multa, pues junto a la prevaricación administrativa y la malversación caudales públicos, se le atribuía apropiación indebida y blanqueo de capitales.

La sentencia considera probado que el servicio de audioguías fue adjudicado por cuatro año prorrogables (mediante una resolución de la directora fechada el 3 de septiembre de 2007) a GTP Museum Solutions, S.L. por importe de 77.000 euros de canon fijo que se incrementaría en 121.000 euros en caso de superarse las 250.000 unidades alquiladas, así como un 47% de canon variable.

Pero en los tres primeros años, «debido a problemas de tesorería» de la empresa, que sufría impagos de las administraciones, no pudo hacer frente al abono del canon variable y fijo que debía ser satisfecho.

«Ante esta situación, Jose María Visedo informó a Victoria Eugenia Chamorro de los impagos de la mercantil e igualmente la secretaria general comunicó a la directora del Patronato el descenso en el número de audioguías alquiladas y la falta de pago de los cánones», recoge el fallo.

La Audiencia especifica que mientras fue jefe de la sección de asuntos económicos, José María Visedo «exigió» el cumplimiento del contrato y requirió de pago del canon fijo y variable. Asimismo, destaca que ante la falta de pago por la adjudicataria, Chamorro y Villafranca decidieron «no satisfacer» cantidad alguna que el Patronato debiera a GTP Museum Solutions en pago de los contratos de información, «así como fiscalizar el número de alquileres de audioguías llevado a cabo por la mercantil».

En este marco, la excúpula llevó a cabo distintas actuaciones «para poder obtener la completa satisfacción de la deuda debida», tales como requerimientos a la empresa y hasta un control por parte de personal del Patronato ante el gran descenso en la facturación de alquileres de audioguías.

Finalmente, hubo en 2011 un acuerdo de compensación de deudas, que la directora del Patronato dictó «sin tener conocimiento de que careciera de competencia para ejecutarlo, o con voluntad de facturar cantidades que no debiera incluir». Y a raíz del mismo, se prorrogó otros cuatro años el contrato con la mercantil, a la que se encomendó también el puesto de información.

Sobre este extremo, la sentencia indica que «María del Mar Villafranca no tuvo conocimiento ni voluntad de dictar una injusta resolución administrativa, pues consideró que con el establecimiento del puesto de información no modificaba el objeto principal del contrato de audioguías».

En lo que respecta a la prórroga pese a los impagos de la empresa, «no se ha probado que entre María del Mar Villafranca, Victoria Eugenia Chamorro o José María Visedo hubiera ilícito acuerdo previo con el fin de prorrogar de forma inadecuada el contrato de audioguías», según establece el fallo.

El origen de este caso fue una querella presentada en 2015 por la fiscalía de Granada. Esta se produjo después una investigación del propio ministerio público tras la denuncia presentada en la Agencia Tributaria por un exempleado de GTP Museum (ahora Stendhal Museum Solutions) ante supuestas irregularidades en aquella contratación.

Sin embargo, la Audiencia concluye que «no se ha producido perjuicio económico» para el Patronato de la Alhambra por este contrato «ni se ha producido beneficio personal injusto» para el empresario que explotó el servicio.

Y ello pese a que, mientras que este juicio se celebraba, el Tribunal de Cuentas –un órgano fiscalizador con sede en Madrid– condenó a Villafranca a pagar más de 400.000 euros por el supuesto menoscabo generado al recinto con este contrato y otro relacionado con las tiendas de la Alhambra. La exdirectora dejó entonces claro que recurriría.

Mar Villafranca, que el primer día del juicio defendió ante la prensa la legalidad de su actuación en este controvertido asunto, ha estado defendida en este proceso por el histórico penalista Enrique Ceres, mientras que la exsecretaria ha estado representada por Jorge Aguilera.

A principios de julio, la fiscalía presenta una querella contra la cúpula de la Alhambra y representantes de la empresa GTP Museum (ahora Stendhal Museum Solutions) después de investigar supuestas anomalías contables denunciadas en la Agencia Tributaria por un exempleado de la adjudicataria del servicio de las audioguías.

La querella aterriza en el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que asume la instrucción de la causa.

La entonces directora, Mar Villafranca, dimite tras ser detenida el 25 de junio, prestar declaración ante la Policía y tener conocimiento de la querella.

En mayo, la Policía vuelve a detener a Villafranca y a una veintena de personas más por otros contratos de su etapa. Este asunto se desliga de las audioguías y acaba siendo archivado.

En enero, el juez decreta la apertura de juicio oral por el caso de las audioguías. La fiscalía pide 5 años para Villafranca.

El 9 de enero arranca la primera de las doce sesiones del juicio por el caso audioguías. Inicialmente había cuatro acusaciones (Fiscalía, Ayuntamiento, Junta y PP), pero el PP se retira de la causa al comienzo de la vista.