Ocho ayuntamientos de Granada perderán concejales en las próximas elecciones municipales

Los cambios en la composición del consistorio están directamente relacionados con los indicadores de empadronamiento, ya que este es el dato sobre el que se articula el tamaño de los mismos en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Es decir, que a mayor número de habitantes, mayor número de ediles en liza en unas elecciones municipales. Las variaciones por motivos de censo siempre se producen en múltiplos de dos, porque el número de concejales debe ser impar en todos los municipios para evitar que se produzcan situaciones de empate en unas votaciones y permitir una mejor gobernabilidad.

De los ocho municipios que perderán una pareja de concejales si los datos más recientes del INE se usan como base para elaborar el censo electoral de las próximas elecciones locales, que se celebrarán el próximo 26 de mayo, siete lo harán a causa de haber perdido la cota de 1.000 habitantes empadronados con respecto al censo de las últimas municipales, el de enero de 2015.

En concreto, los siete municipios afectados por esta nueva situación son Alpujarra de la Sierra, Beas de Granada, Cortes y Graena, Fonelas, Jerez del Marquesado, El Valle y Villamena. Ninguno de ellos alcanza ya los mil habitantes, según la última revisión del padrón municipal, por lo que pasarán de un ayuntamiento compuesto por nueve concejales a otro de siete. De ellos, El Valle y Villamena son los dos en los que más se nota el recorte de población; el primero ha perdido en el último ciclo electoral algo más de una décima parte de su censo (el 11%); el segundo, un 7,9%.

José Antonio Gómez, alcalde de Alpujarra de la Sierra, asegura que los representantes municipales tenían presente que bajar de la barrera de los mil habitantes era algo que podía pasar en cualquier momento. El primer edil señala que el proceso de despoblación en municipios como el suyo y otros de la zona está siendo «impresionante» y no tiene visos de revertirse. «Aquí los nacimientos no llegan a ser ni el 20% de las defunciones», asegura Gómez, «y apenas hay inmigración ahora», algo que podría servir también como foco de crecimiento. El alcalde cree que este proceso es fruto directo del castigo al que cree que las administraciones públicas someten al mundo rural desde hace ya décadas.

El octavo municipio que verá cómo mengua su número de representantes es Cortes de Baza, el más grande de todos ellos, que ha perdido el 13% de su censo desde 2015, pasando de 2.204 habitantes empadronados a 1.901 en la última revisión del INE. Si estas son las cifras que se usan para establecer el censo electoral en mayo, en Cortes de Baza pasarán de tener 11 concejales a 9.

Ana María Ruiz, alcaldesa del municipio, pone el énfasis en que hay que ocuparse del mercado laboral en los municipios de menor tamaño si se quiere hacer algo frente a la sangría de población. Ruiz señala también que no se pierden sólo concejales, sino también dinero; la participación de lo que se recauda por impuestos, tanto a nivel estatal como autonómico, depende del censo, por lo que perder habitantes es también quedarse sin financiación. «La gente se va por motivo de trabajo», remata la primera edil, que recalca que esta reducción de población implica además contar con menos capacidad económica para hacer frente a la prestación de unos servicios que no pueden dejarse de lado. Un sentimiento que comparte José Antonio Gómez, alcalde de Alpujarra de la Sierra, aunque en su opinión el envejecimiento y la falta de oportunidades laborales no dejan de ser dos caras de la misma moneda. «Apenas nos quedan unos cuantos jóvenes en el pueblo, que se forman y se ven obligados a marcharse fuera para tener oportunidad de trabajar; si no hay trabajo para los jóvenes no se puede esperar otra cosa que un proceso de despoblación», resume.

De cara al futuro, los alcaldes consultados por este periódico consideran que comenzar a revertir este proceso, o al menos tratar de frenarlo, pasa necesariamente por la implicación directa de las administraciones autonómica y nacional y la inversión pública para generar oportunidades de empleo, sobre todo de cara a atraer al sector más joven de la población. «Si queremos que la gente no se vaya tiene que haber alguna inversión», dice Ana María Ruiz. En Alpujarra de la Sierra, por ejemplo, esperan ahora que unos proyectos para fomentar el emprendimiento en municipios de menos de 5.000 habitantes les permita recuperar ese «pico» de 22 habitantes, según la última revisión del padrón municipal, que haría que volviesen a superar los 1.000 empadronados.

Además de las ocho localidades citadas, que si todo sigue en mayo como hasta ahora verán cómo se reduce la composición de sus plenos municipales, hay dos que recorren el camino contrario y, gracias a haber superado una barrera de población, contarán con más concejales cuando se formen los nuevos consistorios.

El primero de ellos es Cájar, que ya superó la barrera de los 5.000 habitantes en 2017 y consolida la subida en el de 2018 hasta alcanzar los 5.070 empadronados en la última revisión del INE. Su ayuntamiento pasará, pues, de tener 11 a 13 ediles. El segundo es Las Gabias. Su caso es especial porque supera en este ciclo electoral las 20.000 personas censadas, lo que le permite ganar cuatro concejales a partir de mayo y acceder a nuevas vías de financiación.