Cuando el odio no se denuncia

Rafael Varón, presidente de la asociación Arco Iris Granada, destaca que la mayoría de ataques se dirigen hacia chicos homosexuales y, sobre todo, mujeres trans. Cuando las víctimas acuden a ellos en busca de consuelo, llegan a llamar en número oculto para no ser descubiertos. Lo que menos se denuncia son los ataques en el terreno laboral. «En diez años nunca he acompañado a nadie que quiera denunciar a su empresa. Quieren que lo hagamos nosotros, pero tienen que ser ellos», expone. En Granada, según sus cuentas, hay 200 casos en una década de LGTBIfobia en el ámbito laboral sin denunciar.

Rafael no sabe a ciencia cierta si las agresiones han aumentado -los datos se ofrecen a nivel nacional y no están actualizados a fecha de 2024-, pero sí tiene claro que son «más graves». «Notamos más violencia, como el caso de la paliza a una adolescente trans de 13 años de Santa Fe hace unas semanas. Desde el año 2009 que llevo en la asociación no he visto algo tan feo», agrega. La denuncia de aquel caso recoge que a la chica le decían: «Eres un maricón de mierda», «tienes picha», «eres un travelo, te voy a matar», «eres puta» o «por el culo te van a dar». También han detectado este clima de agresividad en las aulas, donde «ha habido casos en los que querían quemar la bandera del arcoíris».

Desde esta asociación denuncian que los discursos de odio están calando en la sociedad, dando lugar a situaciones llamativas. «De toda la vida nos han insultado llamándonos maricones. Nunca me había pasado que me miren y me digan 'arriba españa, arriba VOX', como si tuviera que molestarme», resalta. Por otro lado, Rafael ofrece charlas formativas a policías nacionales y guardias civiles en las que sugiere cómo atender a estas víctimas o cómo usar los pronombres. Son «muy efectivas», aunque solo acude personal específico que trabaja con este colectivo. «Los que vienen ya están concienciados con estos temas», insiste.

En la Asociación de transexuales de Andalucía Medina Elvira creen que hacen falta «muchos días del Orgullo» para evidenciar los problemas a los que se enfrenta el colectivo. La asociación realiza actualmente seguimiento a siete niños trans «que están sufriendo un bullying brutal». La presidenta, Angels Baca, pone el foco en cómo se ve trastocada su salud mental. «El suicidio está a la orden del día. Hay un caso reciente que la familia camufló como accidente, se avergüenzan», sentencia. Mientras las personas trans no sientan el calor de sus allegados, difícilmente podrán ir a denunciar. En este sentido, cree que una medida efectiva sería que personas trans que hayan pasado por lo mismo den más charlas en los centros educativos. «Ver a alguien de treinta años que ha pasado por eso y lo ha superado es lo que más ayuda», afirma.

Angels pone el foco en la dureza de las agresiones verbales y físicas que sufre el colectivo. Ser trans e ir andando de noche en solitario, asegura, es llevar un cartel que dice 'puedes pegarme, conmigo todo está permitido'. «Después de que les golpeen lo único que quieren es irse a casa a llorar. Les damos toda la información necesaria, pero no quieren dar la cara y denunciar», apostilla.

Janet Alcaide, vicepresidenta del consejo municipal LGTBI de Granada, cree se presentan más denuncias que hace una década, cuando había menos concienciación. Las redes sociales han visibilizado más los ataques. «Ahora se cuelgan los vídeos de las agresiones», expone Janet, que pone el foco en los «discursos de odio que están calando en la sociedad». «No es libertad de expresión, son insultos. Hay docentes que me comentan que se asustan por la intolerancia que están detectando en gente joven», recalca. A su juicio, Granada es, a grandes rasgos, «tolerante», pero sigue habiendo «semillitas esparcidas que han vuelto a resurgir».

Por su parte, el Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, explica que estos casos les llegan de forma directa o indirecta, cuando es a raíz de una intervención policial en la que se detecta durante la investigación el delito de odio. La labor del Defensor, detalla, pasa por apoyar a las víctimas y asesorarles al denunciar, aunque la mayoría no lo hace. «Por lo que he vivido con ellas, creo que es por miedo a represalias; falta de confianza en las instituciones; temor a perder su intimidad, porque sus familias no saben su identidad sexual; porque no conocen sus derechos o por miedo a la deportación, en el caso de las personas extranjeras», agrega Manuel Martín. Una de las soluciones es «humanizar las instituciones». «Sentarse con ellos, escucharlos. Que se desahoguen», insiste.