Delitos de odio en Granada

El 'odiómetro' de la LGTBIfobia, al rojo vivo en Granada

Un ejemplo, en Granada hay 200 casos en 10 años de LGTBIfobia en el ámbito laboral sin denunciar, según las cuentas de la asociación Arco Iris. El 'odiómetro' en Granada, según sus datos está al rojo vivo. LGTBIQA+ se refiere al colectivo de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexual, Intersexual, Queer, Asexual y en el símbolo + se agrupan otras opciones.

Arco Iris es una asociación provincial centrada en educación, formación y la impartición de talleres en colegios, institutos, policía e instituciones como ayuntamientos en temática LGTBIQA+. «Explicamos lo más básico, los conceptos LGTBI, las leyes, cómo aplicarlas a nivel municipal, los planes y protocolos. En qué afectan al ayuntamiento, o policía o los centros escolares».

Respecto al nivel de delitos de odio en Granada, entiende que lo más importante es que nueve de cada diez según su experiencia no se denuncian. «A las asociaciones llama gente que le ha pasado algo, alguún tipo de agresión, o algo en el trabajo, pero no quieren denunciar, o quieren que la asociación denuncie por ellos».

Se trata de «parejas de chicos, parejas de chicas y mujeres trans que denuncian agresiones verbales y físicas. En el trabajo, son temas de acoso laboral o directamente casos de despidos por ser LGTBI», explica. «En Granada, en nuestra asociación, hay una media de veinte casos al año sin denunciar, como llevamos más de diez trabajando, en Granada hay al menos doscientos casosde LGTBIfobia en el ámbito laboral sin denunciar». Una cifra terrible.

ATAME es la Asociación de Transexuales de Andalucía Medina Elvira, con sede en Granada, en la calle Mesones y Ángels Bacca es su presidenta. Considera desde su experiencia que el nivel de los delitos de odio en Granada va en en aumento. «Hay un gran rechazo hacia la visibilidad LGTBI. Se ve a diario y se palpa sobre todo entre los jóvenes».

Ángels Bacca tiene claro el origen. «El problema viene del sistema educativo. Los centros educativos están obligados por la ley de Igualdad de Trato, en vigor desde 2017, a activar protocolos antiacoso, pero no se ponen en marcha. Son protocolo también para integración de las personas trans. No se activan en los institutos. Así, los chavales no normalizan a su edad lo que debe ser normal cuando salen a la calle con 18 años. Han pasado seis años desde que la ley entró e vigor y no se ve su aplicación».

La solución es más que sencilla, a su juicio. «Amonestar a todos los centros que no apliquen estos protocolos. Lo que les exije la ley aquí en Andalucía, sin más». Asimismo, también solicita que se reúna y sea eficaz el Observatorio del Ayuntamiento de Granada. «Llevan sin llamarnos un par de años, y no es de recibo».

Paola tiene otro punto de vista. Esta actual mediadora en la ONG In Género y antigua trabajadora sexual es víctima de numerosos insultos y rechazos, pero su actitud es displicente. «Como le pasa a muchas personas trans, sufro miradas e insultos, pero me da igual, paso de esto. No siento ya nada malo porque se me queden mirando. A mí si me miran y señalan, pero eso no me rompe».

Paola lleva cinco años en España y dos en Granada. A sus 45 años, esta colombiana de Barranquilla –»como Shakira», incide–, es mediadora en la ONG In Genero. «Fui trabajadora sexual por las circunstancias, pero siempre he trabajado de estilista en Colombia. Aqui ejercí la prostitución, luego me dieron la oportunidad de estudiar y aquí estoy con una gran oportunidad para superarme y dejar atrás esa sombra. Me gusta lo que hago que es ayudar a los demás».

Juan es una persona travesti trans masculina visible. Es su propia definición. Es asimismo un activista LGTBIQA+. En su experiencia en España comaprte que sufre ciertas situaciones violentas cuando tiene que usar los baños en los bares y restaurantes, «donde carezco completamente de intimidad y suelo ser a menudo cuestionado».

«Es una situación violenta salir a tomar una cerveza y no poder ir al baño. He tenido situaciones en que si te encuentran sentado me convierto en un objeto para los hombres por el hecho de tener una vagina». Respecto a la situació laboral, la situación es al menos dura. «Al no tener papeles no logro empleo y estoy limitado a mi trabajo sexual, que es lo que hace la mayor parte de la población masculina, que son mis clientes, y aqui es donde sufres directamente la violencia».

–¿Qué tipo de violencia sufres?

–De todo tipo. En salud, en atención médica, que no se respeten los pronombres, El destrato, es decir, el trato hostil.

–¿Violencia física?

–Sí, rotundo, con un cliente. La mayoría ni entiende siquiera lo que es la palabra consentimiento. Muchas veces creen que por contratar un servicio sexual se sienten con el poder de hacer lo que quieran.

–¿Cómo ves Granada en el tema de los delitos de odio?

-Siguen ocurriendo. Yo estoy acompañando a una chica trans que sufrió un intento de asesinato. Solo ha vuelto a España del extranjero para declarar. No hay un año después una sentencia al respecto. Los delitos de odio siguen sucediendo, incluso en una ciudad tan bonita como Granada.

Jemi Sánchez, trabajadora social de In Género en Andalucía junto a Miguel Arenas, explica su plan de acción. «Trabajamos con personas que ejercen la prostitución, de las que el 20% son personas transexuales. Estamos detectando un aumento de casos de agresiones y nuestra labor es realizar los acompañamientos para interpsoportoner denuncia».

Además, «seguimos observando casos de discriminación en las administraciones públicas para trámites en los centros de salud o para un simple empadronamiento. Nuestra labor es defender sus derechos y en ese sentido tenemos mucho trabajo por delante».