En Peligros

Okupan la casa de una mujer bajo tutela con síndrome de Down

La Fundación Granadina de Tutela, responsable de Esther en estos momentos, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por la okupación ilegal de la vivienda. La idea era vender la casa para facilitarle a esta mujer un colchón económico una vez que su hermano, el último familiar que le quedaba vivo, falleciera hace poco tiempo. Él fue quien escrituró el inmueble a nombre de su hermana.

La sorpresa llegó cuando en la segunda semana de marzo se colaron en la casa tres o cuatro personas y se instalaron allí a vivir. Días atrás, la compañía Endesa cortó el suministro de electricidad que los okupas tenían enganchado a la red pública.

Los okupas de la vivienda, ubicada en la calle Victoria Kent de Peligros, han sido identificados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero en todo momento se negaron a abandonar esta residencia. La casa se encuentra en una de las zonas más caras de Peligros y no tiene muchos años.

La pregunta que se hacen ahora es quién puede vender una vivienda con tres okupas dentro, ya que el desalojo no se puede producir si un juez no lo ordena.

Mientras tanto, Esther es ajena a todo lo que está ocurriendo debido a su grado de dependencia, derivado de su disfuncionalidad psíquica. Por otra parte, los okupas saben bien lo que se hacen, tal y como demostraron cuando fueron a identificarlos días atrás.

Si la vivienda está desocupada y no constituye la morada de nadie, se considera entonces usurpación, conocido como okupación. Según recoge el artículo 245 del Código Penal, conlleva una pena de multa de tres a seis meses para quien lo cometa. El problema viene después, cuando se declaran insolventes y no pueden hacer frente al abono de la sanción. Cuando se consuma la okupación y hasta que se prueba, la protección se otorga al okupa del inmueble hasta que se demuestra su carácter ilegal, lo que impide la intervención inmediata de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pudiendo estas solo acudir a identificar a los inquilinos no deseados. De momento, la Guardia Civil ha comprobado que la casa ha sido okupada y ha identificado a las personas instalados en su interior. Ahora toca esperar el pronunciamiento del juzgado.