Ómicron lleva al límite a las empresas granadinas, con un récord de 5.342 bajas en diciembre

La friolera de 172 bajas laborales al día provocada por la incidencia de ómicrom está golpeando la productividad de las empresas granadinas, diezmando plantillas, obligando a los departamentos de Recursos Humanos a hacer encaje de bolillos para para encontrar personal de reemplazo en puestos de difícil cobertura –por ejemplo en las cocinas de los restaurantes– e incluso provocando cierres de pequeños negocios, que no tienen suficiente personal para rotar. Además de las bajas oficiales, hay que tener en cuenta que muchos otros profesionales, aunque han tenido que confinarse igualmente por dar positivo, sí han podido continuar su actividad y han optado por el teletrabajo al no tener síntomas o solo los de un pequeño resfriado.

El incremento del 1.623% de las bajas laborales en la provincia en el último mes es muy superior a la media andaluza, donde el incremento ha sido del 1.023%, con 63.800 trabajadores de baja en diciembre, según los mismos datos de las mutas. A nivel nacional esta cifra se sitúa en 566.175 bajas laborales en el mes de diciembre, lo que supone un incremento del 632% respecto al mes anterior, también mucho más contenido que el de Granada.

En toda España, al cierre del año quedaban más de 340.000 procesos de baja laboral en vigor, lo que supone los máximos de la pandemia y hasta 40.000 procesos más que «en los peores momentos de marzo de 2020». Un escenario que hace a las mutuas expresar su preocupación ante este «tsunami» de bajas laborales que «no tiene visos de remitir en las primeras semanas de enero».

La situación se complica por la saturación de los centros de salud y los retrasos para conseguir pruebas diagnósticas, que vienen provocando desde mediados de diciembre problemas para tramitar el aluvión de bajas médicas.

«La explosión de contagios por covid de los trabajadores, entre los que también se encuentra el personal sanitario, está suponiendo un colapso de los Centros de Atención Primaria, donde los médicos, a pesar de los esfuerzos de reorganización de los recursos disponibles, están desbordados por la prestación de asistencia sanitaria y el aumento de dedicación a la gestión de los trámites de bajas y altas laborales que se han producido desde la aparición de la variante Ómicron», explican desde la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo.

De hecho, ante la situación de saturación de la Atención Primaria, el Servicio Andaluz de Salud ha optado por tramitar las bajas laborales de forma automática, incluso a partir del diagnóstico del paciente con un test de antígenos de la farmacia, sin una prueba certificada.

Además de mostrar su preocupación por los efectos de la crisis sanitaria en la salud de los ciudadanos, las Mutuas llaman la atención ante las consecuencias que este cuello de botella en la Atención Primaria está teniendo «en el alargamiento innecesario de la duración de estos procesos de incapacidad temporal, lo que además de afectar a los costes de las empresas y a la actividad económica, también repercute muy negativamente sobre las cuentas de la Seguridad Social y del Estado».

El coste de las prestaciones económicas en favor de los trabajadores ha supuesto para las cuentas de la Seguridad Social y del Estado hasta el 30 de noviembre de 2021 fue de 3.055 millones de euros, a los que habría que sumar otros 2.500 millones de euros con cargo directo a las empresas, por cotizaciones, complementos y mejoras, sin perjuicio del coste de los bienes y servicios que se han dejado de prestar y producir.

Según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, esta situación podría y debería aliviarse estableciendo un mecanismo a nivel nacional por el que los facultativos tramitaran simultáneamente los partes de baja y de alta en un solo acto médico, con una duración de siete días, de modo que sólo tuvieran que contactar de nuevo con el centro de salud aquellos trabajadores que no se hubieran recuperado en ese plazo establecido.

«Este mecanismo reduciría casi a la mitad el tiempo que los médicos tienen que dedicar a estas gestiones administrativas, con el beneficio que ello tendría en la descongestión de la Atención Primaria, que podría así dedicar muchos más recursos a la asistencia sanitaria», señalan desde AMAT.

El pasado 30 de diciembre el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estableció un periodo de siete días para el aislamiento de los casos confirmados asintomáticos o con síntomas leves, si en el momento de finalización de este periodo la persona se encuentra bien y han transcurrido al menos tres días tras la resolución de los síntomas.

Por su parte, los contactos estrechos vacunados con pauta completa quedaron exentos de la obligación de guardar cuarentena, por lo que tienen que acudir a su puesto de trabajo.