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A los documentos judiciales les suele ocurrir lo que a las noticias. Aunque el tiempo pase, pueden recobrar actualidad de repente. IDEAL ha tenido acceso a la declaración que prestó el 10 de octubre de 2016 M. N. M., la única persona que está investigada ... en la causa penal de Casa Ágreda por su vinculación con AIDE Federation, una oenegé con fines sociales y con base de operaciones en París que pretendía ubicar en este histórico palacete del Albaicín una delegación permanente en España. Durante su interrogatorio, reveló cómo se gestó la cesión finalmente frustrada. Todo empezó con un viaje particular que él mismo hizo en 2013 por motivos profesionales.
M. N. M. se desplazó hasta Marruecos con un amigo para acudir a «una conferencia de derechos humanos». Estando allí, le presentaron al presidente de AIDE, el señor El Hahkkaoui. Ambos conversaron sobre la situación de los refugiados «y surgió el tema de Granada, mostrando su interés también por Córdoba». El máximo representante de esta oenegé no conocía personalmente la ciudad de la Alhambra. Por eso, se le hizo una invitación personal para que visitase Granada. AIDE carecía de sede en España, un extremo que también fue tenido en cuenta en aquella invitación.
M. N. M., de 58 años, conocía la situación de Casa Ágreda. Sabía que llevaba cerrada años, que se estaba «cayendo» -declaró- y «que el Ayuntamiento no tenía dinero para rehabilitarla». Y así se lo hizo saber a AIDE. El presidente vino a Granada en noviembre de 2013 y, de la mano de M. N. M., en compañía de una técnico del Ayuntamiento, recorrieron el palacete. El paseo por su interior duró «dos horas». Tras la inspección, El Hahkkaoui encargó «verbalmente» al granadino «que hiciese las gestiones necesarias para lograr una reunión con los responsables». Casa Ágreda tenía una localización «ideal».
Aquel primer encuentro se desarrolló en la plaza del Carmen. En el documento de la declaración judicial, se detalla que fue a finales de enero o principios de febrero de 2014. El salón verde que hay próximo a la Alcaldía sirvió de escenario. Asistieron el entonces considerado 'número 2' de Urbanismo, Manuel Lorente; el exedil de Patrimonio, Eduardo Caracuel; el presidente de AIDE España, J. L. V. I.; el presidente y el director de AIDE Federation; y él. José Torres Hurtado (PP) -según esta versión- no estuvo presente. «Jamás» -aseguró ante el magistrado José Luis Ruiz Martínez- mantuvo una reunión con él.
En el encuentro se analizó si el inmueble, que se halla en la Cuesta de Santa Inés, podía albergar el ambicioso proyecto social de AIDE, que incluía un hogar de acogida para la mujer en situación monoparental o víctima de violencia de género y un banco de alimento y vestido, entre otros servicios. Los asistentes abordaron la fórmula con la que se podía dotar de ese uso al abandonado edificio. «En ningún momento se habló en esa reunión sobre el derecho de superficie», indicó el investigado ante el juez. Sí se dijo que tendría que hacerse «un concurso público» y que AIDE tendría que hacer una declaración de intenciones; detallar cuáles eran sus fines. M. N. M. no pudo precisar aquel día en el juzgado la fecha exacta en la que se le comunicó a la oenegé que la fórmula elegida sería un derecho de superficie durante 40 años con opción de compra.
M. N. M., que llegó a presentarse ante los medios durante la tramitación de aquella operación como responsable de relaciones institucionales, aunque no poseía poderes de la organización, dejó claro ante su señoría que AIDE «no se dedicaba a otro tipo de negocios y que por tanto ese debía ser el uso de Casa Ágreda -público y social-, que incluía rehabilitarla y ponerla en funcionamiento».
Él se limitó asumir el rol de mandatario verbal. Y lo hizo «a título absolutamente gratuito». Por ahora, está pagando cara su colaboración desinteresada, pues arrastra desde 2016 la condición de investigado, de la que se despojó temporalmente cuando el juez archivó el caso, pero que recuperó al ordenar la Audiencia su reapertura.
A fecha de hoy asegura desconocer los delitos que se le atribuyen y está convencido de que su imputación es un «error», pues él no ostenta -dice- representación alguna en AIDE; sólo puso su firma y sus datos a la hora de registrar documentos que debía ir entregando y actuó como «mediador» para sentar a las partes. Fue el presidente de AIDE España quien firmó las escrituras.
Se le citó, según recuerda, como «miembro de la Comisión de Gobierno», de ahí que al inicio de su interrogatorio puntualizase que no formaba parte de ningún órgano de gobierno del Consistorio granadino. M. N. M., que es empresario -y añade que también abogado- no quiso responder aquel día a las preguntas de las acusaciones populares que ejercen 'Vamos, Granada' y Ramón Arenas.
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