Pablo García: «El Gobierno de España ha ignorado las normas sanitarias en vigor para salvar sus intereses»

El delegado recuerda que para entrar en Andalucía y en Granada es necesario poseer una autorización administrativa expresa y en este caso concreto es exigible que estas personas dispongan de una PCR negativa y califica de grave irresponsabilidad cuanto menos el desvío a Granada de vuelos con personas de las que se desconoce su estado de salud y la justificación legal para entrar en un territorio con restricciones sanitarias.

Los granadinos y los andaluces en general estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir las normas en vigor. Nos comprometemos a limitar la movilidad entre nuestras poblaciones y cuando lo hacemos se acredita mediante documentos para las causas legalmente establecidas. El Gobierno de España no puede faltar al respeto de esta forma a los granadinos y creer que las provincias son su reino de taifas para solucionar un problema migratorio que ellos han generado y que son incapaces de resolver. «Granada siempre ha sido solidaria pero también es responsable, exijo respeto a los granadinos que se están dejando la piel en cumplir las normas que el Gobierno de Pedro Sánchez se cree que se puede saltar cuando quiera» señala García.

«Es inconcebible la dejación de funciones de la subdelegada del Gobierno, como intolerable que no se sometiera bajo su orden a control policial y administrativo a estas personas a su llegada al aeropuerto de Granada. Además es una grave irresponsabilidad autorizar vuelos de este tipo para dispersar por territorio nacional a personas cuyo estado de salud y motivo de desplazamiento desconocemos. «Exigimos una explicación pública por parte de la subdelegada del Gobierno y lamentamos que más de 24 horas después de este incidente la subdelegada no haya dado la cara públicamente».

«La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, hace patente la deslealtad en materia de inmigración del Gobierno de España con el Gobierno andaluz. Han sido muchas las ocasiones en las que hemos solicitado al Gobierno central la puesta en marcha de un campamento en el Puerto de Motril para acoger los inmigrantes que llegaran a nuestras costas y nuestra provincia para poder tener control sanitario y proteger al resto de la ciudadanía. Esta petición ha sido rechazada por la subdelegada del Gobierno dando la espalda a este gran problema que afecta a todos.«, añade

«Granada está mostrando una gran responsabilidad para doblegar la curva de esta segunda ola de la COVID-19, y acciones tan irresponsables como las que ha provocado el Gobierno de España ponen en peligro a toda la ciudadanía incluyendo a estos inmigrantes a los que se les ha dado como protección 100 euros y un teléfono móvil, no vamos a consentir que se nos ningunee de esta manera por parte del Gobierno Central» declara García.