Varios padres granadinos afectados por las separaciones, algunos de ellos denunciados por sus exparejas y exculpados judicialmente, han creado una plataforma para canalizar sus fuerzas en defensa de sus intereses y reclamar cambios legales, como «incluir al progenitor custodio en la definición de ... secuestro parental» o que se apruebe una «ley de custodia compartida». Hasta la semana pasada, según los propios impulsores del grupo, eran ocho los afectados, que en algunos casos aseguran llevar años sin ver a sus hijos pese a no haber sido condenados.
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Miguel Carrillo es, además de uno de los promotores de la plataforma, vocal de Granada por la Defensa de la Igualdad Efectiva (GEDIE). Es el único de los cuatro progenitores afectados entrevistados por IDEAL que accede a dar la cara para hacer las veces de portavoz del grupo. El motivo es que su situación es distinta a la de los demás: él tiene una hija y sí la ve, y su batalla judicial ya ha terminado. Asegura que ha sido denunciado cuatro veces por supuesta violencia de género y que los cuatro procesos han sido ya resueltos y han acabado «con absoluciones y sobreseimientos».
Según Carrillo, la plataforma nació a raíz de tener conocimiento, a a través de GEDIE y de la asociación Granada por la Custodia Compartida, de varios padres que no podían ver a sus hijos debido a denuncias que tendrían un supuesto «mismo modus operandi». De acuerdo con sus palabras, en esos casos –que no es el suyo, como recalca– las denuncias estarían acompañadas de informes emitidos por profesionales concretos de Granada. Considera que «una persona que no tiene una capacitación como perito forense, sino que es una pediatra de atención primaria, bajo ningún concepto puede firmar un documento que va después a un juzgado». Además, según indica, «el medio que atiende al niño es inherente a la patria potestad y no a quien tienen la custodia exclusiva, por lo que ni siquiera puede atender a un niño sin conocimiento del padre».
En este punto, Carrillo aclara que recientemente, a raíz del cambio de gobierno en Andalucía, solicitaron un encuentro con responsables del ámbito sanitario en Granada, donde asegura que se les aconsejó que cada uno de los afectados pusiera «una queja individual». Por ahora, están estudiando si formulan o no una denuncia penal conjunta.
L. R. es otro de los miembros de la plataforma. Es también granadino y dice tener tres denuncias por supuestos abusos sexuales a sus dos hijos, ambos menores de 12 años. La primera fue en 2013 y sostiene que hubo «sobreseimiento libre», o lo que es lo mismo, un archivo definitivo. La segunda denuncia, según relata, le llegó «a los meses» y «también hay sobreseimiento, aunque ella recurre a la Audiencia». La tercera denuncia le llega, según indica, cuando ya llevaba más de dos años sin ver a sus hijos.
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«Hay que tener en cuenta una cosa: yo jamás he tenido medidas cautelares ni me han quitado el régimen de visitas... es más, me lo han ampliado. Mis niños, al igual que los padres de Madrid han sido cambiados hasta cuatro veces de colegio en cuatro años», asegura L. R., al tiempo que denuncia que, pese a tener un régimen de visitas amplio, no puede ver a sus vástagos. «Yo llevo cuatro años y pico sin ver a mis hijos. Incluso ella tiene ejecuciones de sentencia, del juzgado número 1 de Santa Fe, y se lo ha saltado todo. Tiene procedimientos penales y multas coercitivas de 200 euros todos los meses y no pasa nada, absolutamente nada», se queja.
Este progenitor, que es vocal de Granada por la Custodia Compartida, aclara que la segunda denuncia que se formuló contra él sí sigue viva debido a un informe de la misma profesional sanitaria de Granada a la que otros medios han apuntado en informaciones relacionadas con la asociación Infancia Libre, cuya presidenta fue detenida por la Policía Nacional hace varias semanas por supuesto secuestro parental. Fuentes próximas a esa profesional granadina negaron que esté vinculada con la referida asociación. Asimismo, las mismas fuentes negaron que haya sido citada judicialmente como investigada por alguno de sus informes, los cuales defienden que ha realizado avalada por su formación y capacitación. Este diario ha tratado de recabar su versión sin éxito a través del SAS.
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L. R. ha pedido el «cambio de guardia y custodia» por la forma de proceder de la madre de sus hijos, que, según precisa, van a ser evaluados una vez más y que acumularían numerosas faltas de asistencia al colegio. Él lo que quiere es ejercer de padre y poder estar con sus hijos los días fijados, que serían, según especifica, dos días entre semana una semana y tres días la siguiente.
A. C. es otro de los progenitores afectados y detalla que lleva «tres años y tres meses» sin ver a su hija. En su caso, como en otros, se suspendió el régimen de visitas a raíz de las denuncias de su expareja. «Yo creo que tengo en torno a nueve denuncias y nueve absoluciones en primera y segunda instancia», expresa. Una de ellas fue por «maltratar física y psicológicamente» a la menor y asegura que acabó como las demás.
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Su hija, según afirma, estaba siendo atendida en un centro de salud, pero fue cambiada al de la profesional cuyos informes pone en tela de juicio esta plataforma. Él cuenta con un documento de una perito judicial en el apunta una sospecha de posible «interferencia parental», es decir, que la niña «podría estar de alguna manera manipulada por esta situación».
En una de las resoluciones que guarda, según destaca A. C., la Justicia determinó que debía restablecerse la vinculación entre su hija y él, pero «la madre pone todos los impedimentos». Y ese proceso acabó parándose, dice, por los informes supuestamente elaborados por la pediatra que cuestionan -contra la que puso una queja formal-, así como por otra profesional.
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La Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental informó ayer a IDEAL de que en Granada no se sigue ninguna investigación por hechos vinculados con Infancia Libre. Las fuentes consultadas del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid no facilitaron información alguna.
Por su parte, desde la plataforma creada (yosoytupadre.org), indicaron que la Policía Judicial de Madrid mantiene abierta una investigación y que, en el marco de la misma, «ya han declarado tres padres de Granada». Asímismo, anunciaron que este jueves están previstas tres nuevas declaraciones de otros progenitores granadinos identificados por la plataforma como afectados.
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