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Un juez ha anulado esta semana la cesión con opción a compra de Casa Ágreda a una oenegé -no muy conocida en España- que el gobierno de Torres Hurtado cerró con polémica meses antes de las elecciones de 2015. Lo sospechoso reside -al margen de la inalcanzable identidad de la asociación- en el precio de la operación.
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