El Palacio de Congresos se juega proyectos millonarios por una reunión pendiente desde hace año y medio

Detrás de esta puesta en escena hay un problema empresarial y político de envergadura que puede derivar en una polémica con numerosas ramificaciones en cuestión de días si los dirigentes granadinos y andaluces no provocan algún movimiento.

¿Qué hay de fondo? Un proyecto de 28 millones que aspira a los fondos europeos y que no puede tramitarse; una reclamación de la concesionaria que ronda ya los diez millones de euros y que puede acabar en sentencia en cuestión de meses; y unas administraciones que se han desentendido del Palacio y que no se reúnen desde que hubo cambio político en la Junta y en el Ayuntamiento de Granada. Estos son los detalles.

El teatro de la ópera al que se refirió Luis Salvador en el último pleno es parte de una gran transformación que también contempla la cubierta del anfiteatro casi desconocido que hay en la terraza. El dossier, fechado el 29 de diciembre, está entregado a la Junta por la concesionaria. El presupuesto de esta megarreforma es de 28.119.074 euros. Pero no es la empresa la que debe presentar el proyecto a Europa, sino los propietarios de las instalaciones, que son la Junta (66%) y el Ayuntamiento. Esta operación tiene que aprobarla el consejo rector del consorcio, pero este órgano se reunió por última vez el 13 de junio de 2019; dos días antes de que Salvador fuese investido alcalde. Hay sospechas de una reunión posterior; pero sería hasta difícil de justificar.

La Junta ha renovado sus seis miembros y los tres del Consistorio –Luis Salvador, Manuel Olivares y Francisco Fuentes– están nombrados, pendientes de ratificar por el pleno. ¿Por qué no se ha convocado la reunión del consorcio? Interés político no hay en exceso pero, además, en el momento en que se constituya, el órgano tendrá constancia oficial de un conflicto mayúsculo porque el contrato de la concesión de finales de 2011 está en los tribunales. La empresa –una UTE donde está FCC– asumió unas instalaciones con una licencia original desfasada que no permite organizar los eventos para los está concebido el Palacio. La sociedad mantiene un contencioso en el que reclama a las administraciones 5,5 millones de euros y puede sumarse un segundo pleito en breve. La reclamación se paró en los tribunales porque se abrió una vía de negociación con la Junta, pero no hubo acuerdo. Algunos de los implicados dicen que ni tan siquiera voluntad de alcanzarlo.

El agujero es mayor. El contrato firmado en su momento contemplaba una revisión en el caso de que se produjera algo parecido a un estado de alarma. Con este argumento, la concesionaria reclama otros tres millones de euros para mantener el equilibrio económico después de apenas tener actividad durante la pandemia. Nuevamente, es el consorcio el que tiene que reunirse para revisar estas cantidades.

Todos estos problemas están sin respuesta desde hace año y medio. Ha habido contactos, algunos avances y han mediado otras instituciones como la Cámara de Comercio. También aproximaciones en el ámbito local, tanto con la Junta como con el Ayuntamiento. La consejera Marifrán Carazo ha intentado desbloquear el conflicto. Las conversaciones se han frenado. Incluso, han virado hasta el punto de estar en cuestión si alguno de los miembros del consorcio –ese que no se reúne– tiene verdadero interés por continuar dentro. La decisión está en la órbita de Ciudadanos.

De momento, el Palacio se sostiene en el aire.