La pandemia pone al límite a las asociaciones solidarias de Granada que ayudan a los más vulnerables

En algunos casos, la imposibilidad de acudir a los domicilios y de organizar actividades grupales les ha condenado directamente a la desaparición. En otros, las restricciones les han llevado a la asfixia económica, pues su única fuente de financiación son los eventos solidarios en los que venden productos elaborados por ellos mismos o las representaciones que se organizan en teatros municipales.

Por su parte, aquellas organizaciones que, a pesar de no encontrarse en riesgo de desaparecer por contar con ayudas o financiación directa por parte de la administración, sí se han visto obligados a redefinir su plan de acción para seguir desempeñando su labor con personas con discapacidad, que necesitan servicios de fisioterapia, por ejemplo, o inmigrantes que buscan una salida laboral y, en definitiva, un proyecto de vida.

En Maracena, los padres y madres de niños con diversidad funcional decidieron unirse para sufragar los servicios que demandan sus pequeños y montaron la asociación 'Estamos aquí', compuesta a día de hoy por 33 socios a los que se suman algunas familias colaboradoras. En total, son alrededor de cien familias las que se han visto afectadas, pues, hasta la fecha, contaban con la entidad para financiar sesiones de logopeda, material ortopédico o pagar parte de una silla de ruedas.

El secretario de la organización, Juan Diego Cabrera, explica que los eventos constituyen la única vía de ingresos de la ONG, pues los usuarios no pagan cuota sino que aportan una cantidad simbólica al año a la que se suma la ayuda del Ayuntamiento de la localidad y donaciones esporádicas.

Ahora, después de que la pandemia borrara del calendario la gala anual que organizan en el teatro Carlos Cano o la barra del día de la Cruz, los números de la cuenta corriente no son nada halagüeños. «El año pasado no ingresamos nada. A ver cómo nos la apañamos», apunta Juan Carlos, pendiente de organizar la asamblea con el resto de familias para ver «cuánto dinero nos queda».

Según señala, antes de la pandemia, conseguían recaudar unos 10.000 euros, que servían para pagar las facturas de estas familias, cuyo gasto medio es de entre 200 y 400 euros más al mes que el de aquellas que no cuentan entre sus miembros con algún tipo de discapacidad.

El secretario afirma que las dificultades arrancaron ya en el confinamiento, cuando muchas familias se vieron abocadas al paro o a un ERTE. Entonces, optaron por hacer un convenio con el Banco de alimentos para ayudar a cinco familias de la asociación sin recursos. «Teníamos que ver cómo ayudarles sin tocar el dinero de los niños», afirma Juan Carlos, que se ofreció él mismo a hacer los repartos.

Desde Aspace, entidad sin ánimo de lucro de atención a la parálisis cerebral, reconocen que el miedo al contagio es lo que más daño les ha hecho, no a nivel económico para la asociación, sino a nivel emocional para sus usuarios. Ellos cuentan con financiación por parte de la administración para mantener su residencia, centros de día, centros ocupacionales y servicios a domicilio por los que las más de 160 familias que acuden a ellas hacían una aportación del 20% del total.

Sin embargo, con ese servicio cerrado por el confinamiento, al no acudir presencialmente, el porcentaje se perdió y las tan necesarias sesiones de fisioterapia a domicilio se redujeron un 50% por el miedo de las familias. «Los servicios a domicilio se han reducido a la mitad. Tanto tiempo sin ese pago, al final se nota», afirma Cristóbal Rodríguez, gerente de la entidad que este año cumple cuarenta años apoyando a personas con parálisis.

La asociación, no obstante, ha permitido que no acudan al centro sin riesgo de perder la plaza. «Pagan un poco menos», indica Rodríguez, que destaca la importancia del apoyo domiciliario «para que no se resientan tanto», no solo a nivel físico, sino también emocional. «La verdad es que están deseando volver a la normalidad», afirma.

En Monteluz, Engloba se encarga de ayudar a aquellos inmigrantes que abandonan los centros para menores de la Junta de Andalucía tras superar la mayoría de edad. Durante el año que están allí aprenden lo necesario para poder desarrollar una vida lo más digna posible: desde cómo se escribe un correo electrónico a una profesión, gracias a los cursos que organizan y a las prácticas en empresas que, hasta antes de la pandemia se realizaban en un 90% en la hostelería.

Así lo explica Elena Cuberos, educadora social del centro que reconoce que han tenido que rediseñar el proceso. «Con las restricciones en la hostelería también hay otros sectores que se resienten, como por ejemplo los supermercados, donde acuden a buscar trabajo personas que antes no lo hacían, como los estudiantes».

Mohamed Lamine Kobelé y Dsiaka Sanneh apenas tienen 19 y 18 años y están deseando trabajar para ganarse el pan que no hay en sus países. Dsiaka, que llegó en patera a Tarifa hace tres años ya ha empezado a realizar prácticas en un obrador en Alfacar mientras para Mohamed Lamine el hecho de que la pandemia le haya cerrado las puertas de la hostelería ha sido el motivo por el que ha descubierto su verdadera vocación: la atención sociosanitaria, rama en la que quiere formarse.

El joven, que llegó de Guinea Konakri –donde sufrió una mala praxis médica– no ha perdido el tiempo en este sentido: trabajó su español con Cruz Roja, hizo cursos de diseño de montaje de aparatos, de personal shopper y prácticas en supermercados.

Peor suerte ha corrido 'Caminando juntos', organización constituida en 2011 que, en Armilla, se dedicaba a realizar labores de acompañamiento con personas mayores, a las que visitaban en sus casas, en sus paseos o para las que organizaban talleres y meriendas con el objetivo de que la socialización espantase la soledad.

La asociación, que también organizaba bancos solidarios donde guardaban andadores o pañales donados para todo aquel que los necesitase, no cobraba ninguna cuota, sino que los voluntarios, de su bolsillo, pagaban los materiales.

El problema, según explica su presidenta, Pilar Mariñosa no ha sido económico, sino coyuntural, pues el confinamiento sumado al miedo ha acabado con su labor. «Llevamos desde marzo sin actividad. Estamos muertos y nos duele no poder ver a nuestros abuelos, que nos echan de menos», comenta Pilar con amargura.