Los colegios rurales mantienen el pulso a la Junta y salen hoy a la calle

«No hay ningún papel que nos diga que estos cambios no se van a hacer. Solo tenemos las declaraciones que el delegado ha hecho a los medios, ni siquiera a nosotros. Y eso no nos vale, porque no nos asegura nada», señaló la presidenta de la federación provincial de asociaciones de madres y padres del alumnado de Granada FAMPA Alhambra, Rosa Funes. La Federación apoya la huelga convocada por Ustea y CGT y respaldada también por el Sindicato Andaluz de Trabajadores. A las 11 horas se movilizarán familias, profesores y demás trabajadores desde la plaza del Humilladero hasta la Delegación de Educación para plasmar su descontento por esta optimización de recursos que consideran «recortes en cubierta».

El delegado de Educación anunció el martes que el próximo curso no se llevará a cabo ningún tipo de medida, pero para las asociaciones de padres y madres y los sindicatos esto no es suficiente. «Se paralizan los cambios este año pero, ¿el siguiente vamos a estar en las mismas?», preguntó Rosa Funes. Y añadió: «Lo que queremos son respuestas definitivas».

A la huelga y la manifestación están convocados el personal docente y personal laboral de los colegios públicos de Infantil y Primaria (CEIP), los Colegios Públicos Rurales (CPR) y los colegios que imparten Infantil, Primaria y los dos primeros cursos de ESO (Semidés), ya que estos centros son los más afectados por los cambios. «No habrá huelga de alumnado porque confiere a Primaria y estos niños no pueden hacer huelga, pero puede que los padres, voluntariamente, no lleven a sus niños a clase», recalcó la presidenta de FAMPA.

Están llamados a formar parte de la marcha los colegios no solo de Granada capital, sino de toda la provincia. Para facilitar la participación, se han dispuesto 13 autobuses y diversos coches para los vecinos de pueblos como Campotéjar, Dehesas Viejas, Montillana, Cortes de Baza, Píñar, Freila, Huéneja, Domingo Pérez, Salar, Benalúa de las Villas, Pinos Genil, Nevada, Colomera o Nigüelas. «La movilización sigue adelante para denunciar que continúa la intención de reestructurar estos colegios y que no se está contando con la comunidad educativa. Y esto afecta a las familias, pero también a trabajadores, no solo a los docentes, sino a celadores,o limpiadores, que podría perder su trabajo», indicó José Antonio Antón, delegado sindical de USTEA Granada.

La comunidad educativa no es la única que se opone a las medidas que pretende implantar la Junta en toda Andalucía y que ha encontrado en Granada su principal escollo. Ayer, el grupo provincial del PSOE mostró su preocupación por estos cambios que consideran «un disparate». El secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, el portavoz del grupo socialista en el Parlamento Andaluz, José Fiscal, el secretario de Educación del PSOE de Andalucía, Francisco Mechacho, y la portavoz de la Comisión de Educación en el Parlamento, Beatriz Rubiño, se reunieron ayer con alcaldes de Granada para tratar estos cambios. Para los socialistas, este proyecto supone un ataque a la escuela pública en beneficio de la privada, por lo que aseguran que se sumarán a las movilizaciones que se realicen para mostrar su preocupación.

Además, la Asociación de Inspectoras e Inspectores de Educación de Andalucía (ADIDE) desmintió que hayan tenido algún tipo de papel en esta decisión, tal y como incidía el delegado de Educación. «Han sido y son decisiones exclusivamente políticas en las que nada ha tenido que ver el Servicio de Inspección, ya que la adopción de estas medidas no son de su competencia», señalaron. De igual modo, explicaron que se han limitado a realizar los informes que le han sido requeridos por parte de la delegación. «Lo hemos realizado con criterios rigurosamente técnicos, con absoluta independencia», incidieron. Y añadieron:«No deseamos que en esta situación de conflicto de intereses y en un contexto de alarma social, la inspección pueda ser instrumentalizada interesadamente».