Juzgados en Granada

Parones informáticos en Justicia en protesta por la sobrecarga de trabajo

El problema con Adriano sobrecargan a la Justicia, que no pasa por su mejor momento. A la falta de juzgados y trabajadores para sacar adelante los miles de asuntos que entran cada año se unen las secuelas que arrastran de las diferentes huelgas que se llevaron a cabo en 2023. Los más de 1.300 profesionales ligados a ellos –unos 1.050 funcionarios, más de 120 jueces y magistrados, casi un centenar de LAJ y 53 fiscales engrasan la balanza judicial en Granada como pueden.

Por esta razón, los juzgados de Plaza Nueva han protagonizado un parón informático de diez minutos. Estas protestas se pretenden extender a otras sedes judiciales con grandes cargas de trabajo como Loja, Santa Fe, Baza o Motril. El sindicato justifica que según un informe de la inspección del Consejo General del Poder Judicial de 2023 la mayoría de juzgados de esta sede supera en más de un 50% la carga máxima de trabajo establecida por el CGPJ y el Ministerio de Justicia.

«Tristemente, está tónica es más que habitual en el resto de sedes judiciales de nuestra provincia, superando en algunos casos más del 100% de la carga máxima establecida. Asimismo, la implantación de un programa que adolece de la agilidad, eficacia y rapidez en la tramitación procesal de los procedimientos, lo consideramos un fracaso», apunta Davinia Baños, portavoz y delegada del sindicato. «La administración califica de eventual los problemas de caídas e incidencias, pero para el personal de justicia es diario y habitual. Los problemas con el sistema informático dificultan continuamente el desarrollo de la jornada laboral, aumentan la frustración del personal, y en última instancia perjudican al ciudadano en cuanto a los tiempos de resolución de sus asuntos», lamenta.

A juicio del sindicato, la administración debería hacer «examen de conciencia» y proveer a nuestra administración de justicia de los medios materiales y humanos necesarios «sin que todo ello quede reflejado en una mera declaración de intenciones». En junio concluyó en los juzgados andaluces la implantación de la actualización de Adriano. El sistema pretendía hacer la vida más fácil a la plantilla, pero les supone a diario un quebradero de cabeza. Algunos expedientes se quedan entre dos y cuatro meses 'colgados', en suspensión, a la espera de resolución.

La Junta de Andalucía redacta un nuevo contrato de mantenimiento y de evolutivos del Adriano.