El punto 'malafollá' del pacto entre PP y Cs

PP y Ciudadanos cerraron el día 25 el documento de 'Medidas de desarrollo y prosperidad para un gobierno en Andalucía'. Tres bloques y noventa puntos. Esto confirma que, en una mesa y por Navidad, es más fácil llegar a un acuerdo político con tu oponente que con tus cuñados.

Como se trata de una declaración de intenciones todavía muy genérica, no aparece en los 29 folios ninguna referencia ni a la Alhambra ni a Sierra Nevada, pese a las reiteradas promesas en campaña –sobre todo por parte del PP– de otorgar mayor presencia a la ciudad y a la provincia tanto en la gestión del monumento como de la estación de esquí.

La única referencia implícita a Granada está en el punto 7.1 y, en lugar de darle mayor protagonismo en la estructura de la Junta o en los órganos de extracción parlamentaria, su efecto es justo el contrario: suprimir el Consejo Consultivo, con sede en el Palacio de Bibataubín. Una de las instituciones que refuerzan la capitalidad judicial granadina y que –hasta que a partir de 2016 Susana Díaz obviase la cita sin justificación ni previo aviso– contaba con un solemne acto anual en la capital donde se presentaba la memoria.

Eliminar el Consultivo no es imposible –se hizo en Extremadura– pero requiere de una mayoría parlamentaria que se antoja complicada. El PP granadino –en privado– admite que no habrá cambios a corto o medio plazo. Mientras que Ciudadanos evita pronunciarse en público, consciente de que en este debate –y en términos locales– hay poco que ganar y demasiado en lo que exponerse. Porque al futuro gobierno se le medirá también en los manidos agravios comparativos entre provincias. Sobre todo cuando el propio Juanma Moreno, en su publicidad de campaña en la Costa del Sol, se presentó sin tapujos como «un malagueño en la Junta».

El acuerdo entre los dos partidos hay también que leerlo en clave nacional –y unas hipotéticas elecciones generales–. De hecho, la negociación ha estado bajo la tutela de ambos secretarios generales, Teodoro García Egea y José Manuel Villegas. Ciudadanos ha dejado su impronta en las medidas de regeneración democrática, hasta el extremo de que los populares podrían haberse pegado un 'pacto' –si no un tiro– en el pie.

El segundo de los 90 puntos dice:«Tolerancia cero con la corrupción: Ciudadanos y el Partido Popular se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial. Asimismo, ambos partidos se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombradas para desempeñar cargos públicos».

A falta de que nos lo traduzcan –que a veces nos empeñamos en creer que las cosas son como se escriben–, seis concejales del PP en la capital tendrían que abandonar el Ayuntamiento de manera «inmediata». Aunque desde que Einstein nos explicara la teoría de la relatividad, el tiempo y la inmediatez pasaron a ser conceptos subjetivos: «Una hora sentado con una chica guapa –o chico– pasa como un minuto, pero un minuto sentado sobre una estufa caliente parece una hora».

Se trata de los seis concejales del PP que siguen en la plaza del Carmen y que, en 2012, votaron a favor de los usos complementarios y horarios de la discoteca del Serrallo. Todos se sentarán en el banquillo en un juicio que difícilmente se celebrará antes de 2020; pese a que ni la fiscalía ni el abogado del Ayuntamiento les incluyó en sus escritos de acusación.

Otra cuestión –que sería incapaz de aclarar el propio Einstein– es qué entienden algunos partidos por corrupción y cuál es el momento procesal oportuno en el que hay que asumir responsabilidades políticas; que –en función de a quién le toque– varía entre la apertura de diligencias, estar investigado, someterse al juicio de un magistrado o rendir cuentas ante San Pedro.

Desde las filas populares se ha recriminado a Ciudadanos que no haya sido tan virulento con Paco Cuenca –investigado por un juzgado de Sevilla por hechos sucedidos en su etapa de delegado de la Junta– como lo fue en la época de Torres Hurtado –que se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel por el Serrallo y está a expensas aún de la 'Nazarí'–. Esta fue la respuesta de Juan Marín en una entrevista publicada en IDEAL el 11 de noviembre: «No es mi decisión, son los jueces. El mismo caso –de Paco Cuenca– se ha dado en las ocho provincias y se ha archivado seis. El PP, en materia de mantener imputados, tiene mucho que callar. Los concejales de Granada han sido ratificados por Juanma Moreno, que dijo que dejarían su acta cuando se anunciara juicio oral».

¿Exigirá ahora Ciudadanos que se cumpla el acuerdo andaluz de «inmediato»? La dirección provincial del PP no ha recibido aún ninguna instrucción. Si se hacen cálculos, la investidura de Juanma Moreno se produciría a mitad de enero, el nuevo gobierno estaría para final de mes, las estructuras provinciales en febrero... Para entonces, prácticamente se estarán elaborando las listas de las municipales de mayo, donde no figurará ninguno de los seis aludidos –al menos, por las siglas del PP–. ¿Tendría sentido forzar una decisión tan drástica para tan pocos días? ¿Más aún cuando alguno podría atrincherarse y no renunciar al acta?

Para el PP, ninguna lógica. Para Ciudadanos –en clave de tacticismo electoral– todo el sentido del mundo.

Por eso el pacto andaluz tiene un lado 'granaíno'. Con mucha 'malafollá'.