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La instrucción del caso Nazarí, en el que se trata de determinar si existió durante el gobierno de José Torres Hurtado (PP) una trama de presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada, está cada vez más cerca de culminar. Los peritos de la Junta ... de Andalucía acaban de remitir a la jueza María Ángeles Jiménez su último informe, en el que contestan a varios interrogantes planteados por una las defensas sobre las supuestas irregularidades urbanísticas de uno de los ocho expedientes bajo sospecha, el de Casería de San Jerónimo, y en el que insisten en que el plan parcial es «ilegal porque adolece de vicios de nulidad de pleno derecho».
IDEAL ha tenido acceso a este nuevo informe «complementario», que ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Granada por los expertos de la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio y en el que se da respuesta a las cuestiones que planteó la defensa de la exedil de Urbanismo, Isabel Nieto, sobre determinados aspectos concretos de sus anteriores conclusiones técnicas sobre aquella operación.
En el documento, los técnicos del Gobierno andaluz se ratifican en su criterio, aunque reconocen que no debieron de usar la expresión «nulidad del plan parcial» en su anterior informe, en tanto que debe de ser la autoridad judicial o la propia administración la que la declare. Y no consta, como admiten, que dicha nulidad haya sido declarada ni por el Ayuntamiento de Granada ni por un juez.
En cualquier caso, los expertos de la Junta se reafirma en sus anteriores conclusiones y recuerdan, entre otros aspectos, que no consta en la documentación analizada que haya sido solicitado ni emitido durante la tramitación del plan parcial un informe que era preceptivo y vinculante para la actuación. Se trata de un informe que debió emitir la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) al contemplar el plan parcial obras de encauzamiento de un barranco.
«Lo único que consta en la documentación analizada es la autorización para la ejecución de las obras de desvío de barranco, como anexo al proyecto de urbanización», señalan los expertos, al tiempo que agregan que esa autorización es «un trámite diferenciado» al informe que se debió pedir al organismo de cuenca. En este punto, insisten en que «no cabía la aprobación del instrumento de planeamiento» sin ese informe.
El expediente San Jerónimo se centra tanto en las obras de desvío de ese barranco como en la construcción de un residencial de 300 viviendas en la zona norte de Granada por parte de la empresa de uno de los tres constructores investigados, José Julián Romero. La urbanización en cuestión, denominada Ciudad de la Luz, recibió licencia de primera ocupación pese a que el informe resalta que la propia licencia de obras establecía «expresamente» que no se podía conceder licencia de primera ocupación hasta que no se completasen «todas» las obras de urbanización. Así, la Junta señala que el plan parcial preveía su ejecución en una sola fase y etapa «sin prever orden temporal de ejecuición ni la posibilidad de recepciones parciales de las obras de urbanización».
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