Piden el archivo del caso Emucesa para el gerente y una exempleada

Según informaron ayer a IDEAL fuentes del caso, el juzgado instructor emitió en agosto una providencia en la que el magistrado acordó dar traslado a las demás partes, entre ellas al Ministerio Fiscal y a los abogados del resto de investigados, de estas dos solicitudes de sobreseimiento, a fin de que se pronuncien y, por tanto, den a conocer su opinión al respecto.

Las mismas fuentes aclararon que dicha providencia se produjo después de que el magistrado denegara distintas pruebas testificales y tras la práctica de las declaraciones de todos los investigados.

IDEAL ha podido saber que la trabajadora que ha instado el archivo es la misma que devolvió las cantidades de los salarios que percibió entre julio y diciembre de 2011 y los costes de la Seguridad Social: casi 17.000 euros. Esta empleada se dio de baja tras ser contratada por circunstancias médicas que, según las fuentes, han sido acreditadas documentalmente. Aparte, la defensa de esta exasesora, que es historiadora del arte, ha aportado un certificado del PP para demostrar que no está afiliada a ese partido.

Las fuentes judiciales consultadas por este periódico indicaron que la instrucción está muy cerca de completarse, al haberse practicado las diligencias que se han considerado por ahora necesarias para arrojar luz a este caso. El asunto, previsiblemente, acabará en una sala de vistas, aunque todavía no se ha pasado a la fase de preparación del juicio oral, en la que las partes califican los hechos y piden las penas correspondientes.

Como informó a principios de año este diario, el consejo de administración de Emucesa acordó llevar a la vía penal este asunto que, presuntamente, habría beneficiado a cinco personas del entorno del PP, quienes, según la gerencia, no pisaron las oficinas. Entre los investigados, aparte de esos trabajadores, que fueron contratados entre 2005 y 2012, figuran dos responsables políticos en los gobiernos municipales de José Torres Hurtado: el exedil Eduardo Moral y la concejala María Francés. Esta última, que declaró en marzo, consideró que estaba siendo víctima de una cacería política y defendió que las personas contratadas hicieron su trabajo. En la causa está personada 'Vamos, Granada', a través de la concejala Marta Gutiérrez, y también la Abogacía del Estado, además de Emucesa. La personación del Ayuntamiento de Granada sin embargo fue rechazada antes del verano al considerar el juez que el ente local no estaba legitimado para ser acusación en este proceso.