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YENALIA HUERTAS
Granada
Sábado, 8 de septiembre 2018, 01:23
El abogado de la administración concursal del concurso de acreedores del Grupo Dhul, que fue propiedad del archiconocido empresario José María Ruiz-Mateos, ya fallecido, no utilizó edulcorante alguno ayer a la hora de exponer ante el juez de lo Mercantil 1 de Granada, Rafael ... Leonés, las supuestas irregularidades financieras que abocaron a la quiebra a la empresa. Lo hizo durante un juicio tras el que el magistrado determinará si hubo o no culpabilidad en el marco del concurso por parte de Ruiz-Mateos y de dos de sus hijos, Álvaro y Francisco Javier, que ayer acudieron a la vista.
Para ellos, según desveló el letrado de la administración concursal durante su intervención, en el informe de calificación del concurso se solicitan 15 años de inhabilitación y la condena solidaria a cubrir «totalmente» el déficit generado, que según precisó asciende a 636 millones y afectó a más de 5.000 personas.
Para los administradores concursales, la calificación del concurso del grupo Dhul como culpable «es inexorable», pues existen hechos «elementales» y «rotundos» que así lo vendrían a demostrar. Entre ellos, el representante se refirió a los datos económicos que retratan «la gran magnitud» de la insolvencia de la empresa, con «un déficit patrimonial de 636 millones». Se requerirían «cientos de años», advirtió, para poder hacer frente a esta deuda.
La situación de insolvencia de Dhul, según sostuvo el abogado, no se produjo de forma fortuita ni puede explicarse por la grave crisis económica que azotó el país en aquellas fechas ni por decisiones empresariales arriesgadas. Derivó, supuestamente, de operaciones «a favor de los intereses de la familia Ruiz-Mateos y de otras sociedades» suyas.
En este punto, señaló que se fue buscando, por parte de los administradores sociales, ir captando «masivamente» ahorradores que luego vieron desatendidos sus créditos, para al final generarse la deuda millonaria antes indicada, a la que «es incapaz de hacer frente con su activo Dhul».
Por eso, para esta parte, el concurso debe ser declarado culpable y además con «cómplices»: los auditores. A este respecto, recordó que por parte de una empresa auditora se emitió un informe favorable a las cuentas que propició que los ahorradores se unieran al negocio. «El señuelo para captar ahorro era decir mis cuentas están auditadas en campañas publicitarias», cuando la situación contable no era supuestamente la reflejada.
A su juicio, la insolvencia vino por «la detracción sistemática de toda la liquidez» que el grupo Dhul conseguía y, en una atmósfera económica, la de 2009, que dejaba sentado que el grupo no podría sobrevivir a la crisis si no corregía el rumbo, pues tenía unos «costes de financiación insoportables» y «los canales de financiación cortados».
En ese panorama, los administradores sociales -a José María Ruiz-Mateos se le consideraba administrador de hecho- consiguieron fuentes de financiación, pero que entraban y salían de Dhul, provocando que la causa de la insolvencia sea un «afianzamiento masivo» de deudas. «Las personas responsables son conscientes de que todas sus decisiones van a abocar en un déficit patrimonial de más de 600 millones de euros», subrayó al juez el representante de la administración concursal, convencido de que hubo «diversas irregularidades contables», entre ellas «la indebida contabilidad como ingreso de una subvención».
Sobre el nivel de responsabilidad de José María Ruiz-Mateos y sus dos hijos, consideró que «actuaron con el mismo grado de participación y son igual de responsables en la generación de la insolvencia», por lo que reclamó para estos dos herederos del empresario «las más rigurosas sanciones».
Por su parte, el abogado de Dhul, tras explicar que cuando se solicitó el concurso la sociedad estaba absolutamente «colapsada» y abundar en operaciones concretas en las que se habrían detectado las supuestas irregularidades, consideró que «en el hipotético caso de hubiera una condena nunca podría ser solidaria». Destacó asimismo la «carencia de prueba de la administración concursal» y descartó, en resumen, que la financiación del grupo se hiciera de forma irregular.
El juicio se inició a a las 10.00 horas en la sala de vistas del juzgado de lo Mercantil, en la parte central del complejo de la Caleta y, antes de que cada parte expusiera sus conclusiones, se solicitó por la representación de los hijos de Ruiz-Mateos la admisión de la personación de estos en sustitución de su padre fallecido, a lo que el juez accedió. Ambos escucharon de hecho la aceptación de su personación sentados en la primera fila.
El mismo letrado pidió que se suspendiera la vista por cuestiones relacionadas con la herencia y la posible indefensión de una hija del empresario que está en Estados Unidos, una petición que fue denegada por el magistrado, por no ser el competente -dijo-, para determinar quiénes son herederos del empresario. Lo que sí prosperó fue la solicitud de que se tuviera por desistida la acción de la fiscalía en este caso, ya que el fiscal no acudió a la vista.
A finales de 2013 se hizo público que la administración concursal de Dhul había cerrado la venta de la fábrica de Granada a la multinacional francesa Andros et Cie SAS por dos millones, que asumió también la deuda hipotecaria, los 'leasing' de la maquinaria y el pago de las nóminas atrasadas, lo que suponía unos 14 millones. La administración concursal de Dhul está integrada, según informó Efe en su día, por Enrique Borrello, Álvaro Quero, Francisco de Paula Zurita (Zurita Abogados), Francisco Romero (Cuatrecasas) y Juan J. Valderas (Deloitte).
Existe una causa penal contra los Ruiz-Mateos en la Audiencia Nacional. El fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, falleció en septiembre de 2015 a los 84 años.
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