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C. morán
Viernes, 20 de septiembre 2019, 02:00
Víctor Sánchez, el que fuera alcalde de Atarfe cuando la localidad experimentó un 'boom' urbanístico que desembocó en numerosos pleitos, falleció en agosto de 2018 a los 65 años. Hacía tiempo que su estado de salud era muy precario. En vida llegó a estar ... implicado en una quincena de procedimientos judiciales, la mayoría de ellos relacionados con supuestos desmanes vinculados al 'ladrillo'. La enfermedad y finalmente la muerte le alcanzaron cuando los juicios no habían hecho más que empezar. Como es natural, cuando se produce el óbito de un procesado los cargos contra él que desaparecen.
Sin embargo, la 'burocracia legal' ha causado una situación embarazosa, por decirlo de alguna forma, en el caso de Sánchez. Las imputaciones contra el difunto siguen 'vivas' en los papeles. La Fiscalía de Granada tiene previsto, y así consta en sus escritos de acusación, solicitar un total de 19 años de inhabilitación para el exregidor en dos vistas fijadas para los próximos días 9 de octubre, la primera, y 15 y 16 del mismo mes, la segunda, en la Audiencia Provincial.
Los documentos del ministerio público atribuyen a Sánchez la supuesta comisión de dos delitos de prevaricación –dictar una resolución injusta a sabiendas de su ilicitud– y otro de prevaricación urbanística. La petición, lógicamente, carece de sentido.
Quien sí deberá sentarse en el banquillo es el arquitecto municipal de Atarfe que, presuntamente, actuó como colaborador necesario en una serie de supuestas irregularidades urbanísticas de las que, grosso modo, se habrían beneficiado los propietarios de los terrenos que se edificaron.
La solicitud de pena para el técnico también suma 19 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Aunque fue juzgado en dos ocasiones antes de que se enfermedad le impidiera acudir a los tribunales, se da la circunstancia de que el exalcalde de Atarfe nunca fue condenado en firme. Es cierto que el juzgado de lo Penal 1 de Granada le impuso una pena de tres años de cárcel por entender que fue responsable de los supuestos vertidos incontrolados de aguas residuales, entre 2001 y 2007, por el abandono de las instalaciones de depuración de la urbanización Llanos de Silva.
Sin embargo, la Audiencia revisó la condena y la anuló. Sánchez fue exculpado, pero ya había dimitido del cargo.
Antes de ese juicio, el exregidor atarfeño se había sentado en el banquillo por la supuesta comisión de otro delito medioambiental, pero fue absuelto. La fiscalía le acusó de contaminar la Raja Santa de Sierra Elvira al tapar con tierra unas balsas de alpechín.
El ministerio público también pidió que fuera condenado a dos años de cárcel por las presuntas irregularidades en la concesión de licencias de primera ocupación en la urbanización Medina Elvira. Sin embargo, él quedó finalmente fuera de la causa por sus graves problemas de salud.
En uno de los informes aportados en sus causas, se especificaba que padecía un «pluripatología» «irreversible» y que presentaba un «muy alto riesgo cardiovascular», detallaba el examen médico realizado a Sánchez.
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