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Antes de la pandemia de coronavirus, los autobuses públicos de la capital movían cada día a una media de 90.000 viajeros. El número descendió ... durante las dos primeras semanas, tocó fondo con la hibernación económica y ahora se ha estabilizado en 4.500 pasajeros. Remontará cuando termine el confinamiento pero, en el mejor de los escenarios, lograr que repunte hasta la mitad –45.000 usuarios– será cosa de varios meses. A la crisis económica se unirá el miedo al contagio de coronavirus, lo que reducirá drásticamente el número de usuarios. Con estos datos sobre la mesa, el Ayuntamiento plantea una revolución de la movilidad, con carriles dedicados exclusivamente para bicicletas en una 'red principal' y más protagonismo de peatones y vehículos de movilidad personal (VMP) como los patinetes. El objetivo es evitar que estos viajeros opten por el coche, disparando –aún más–los índices de contaminación y colapsando la ciudad.
Periodismo y compromiso
Las soluciones que el Ayuntamiento quiere implantar «ya» tratarán de contrarrestar este trasvase en una estrategia que el concejal de Movilidad, César Díaz (PP) describe como «clara, contundente, sin dilación». El cambio más llamativo es la transformación de algunos carriles de tráfico en «exclusivos» para bicis y VMP. Se dibujará una red interna «en calles principales», aún por desglosar, que perderán líneas para coches para destinarlas a la bicicleta y el patinete. Si se toma como ejemplo el Camino de Ronda, de los cuatro carriles de circulación –dos por sentido– uno quedaría a disposición de estos vehículos. No es sólo que vayan a tener preferencia en él, sino que son los únicos que lo podrán utilizar. Estarán coordinados con los que llegan del Área Metropolitana. Quedarán separados del resto del tráfico por elementos provisionales, lo que permitiría revertir este uso.
Al margen, la apuesta por la bici pasa por reducir la velocidad a 30 por hora como máximo en la mayoría de las calles, facilitando así la convivencia entre las dos ruedas y el vehículo a motor. Otra solución consiste en habilitar aparcamientos seguros junto a edificios públicos para que las bicicletas no se tengan que quedar en la acera. Todo esto, unido a campañas de formación.
El Ayuntamiento ha ajustado, junto a Transportes Rober, la flota en movimiento durante las distintas etapas del confinamiento. Se estima una caída del tráfico de autobuses del 70% durante las últimas semanas, mientras que la de usuarios ronda el 95, según las aproximaciones calculadas por el Ayuntamiento. Si antes del 14 de marzo la recaudación diaria era de unos 60.000 euros de media, ahora es de 2.500. Cuando acabe el confinamiento remontarán poco a poco estas cifras, pero no hasta sus mejores niveles. El miedo al contagio –al menos hasta que haya vacunaciones masivas– y la anunciada crisis económica afectarán a la ocupación. En cualquier caso, los vehículos no podrían –no sería lo recomendable– ir, como antes, hasta los topes. A menos recaudación, menos eficiencia económica. El coste del transporte público en Granada se reparte entre el 60% que asumen los propios viajeros y el 40% que sufragan las administraciones. Si se desequilibra la balanza y pierden peso los ingresos por venta de billetes y bonos, habrá que compensar con más aportación pública. Eso, o reducir los costes del servicio. En este contexto se redactará el nuevo contrato de transporte público. «La realidad del transporte cambia y eso hay que tenerlo en cuenta en la redacción de pliegos. Esta nueva situación altera totalmente cualquier concesión», explica César Díaz. El contrato actual vence en 2023.
Tras el experimento fallido de las 'bicis amarillas', vuelve a estar sobre la mesa la opción de buscar empresas de alquiler, con la condición de que aseguren el mantenimiento y la recogida cada noche. Además, el Ayuntamiento contempla incentivos para las empresas que fomenten el transporte individual sostenible.
Los peatones son la segunda pata. César Díaz anuncia que calles que estaban «pensadas para el vehículo» lo estarán ahora para los viandantes. Por último, el uso de VMP estará regido por una normativa que encara la fase de aprobación definitiva, y que obliga a vehículos como los patinetes eléctricos a 'bajarse' de la acera, pero podrán circular por los carriles exclusivos, teniendo así las mismas ventajas que las bicicletas.
Esta misma semana terminará la confección del proyecto y el objetivo de Movilidad es implantarlo antes de que comience la desescalada. Si el uso del transporte público ronda ahora el 5% de la capacidad habitual, cuando se levante el estado de alarma sólo llegará al 20%. «Y en el mejor de los casos, a bastantes meses vista, podemos alcanzar el horizonte del 50% de los viajeros», anticipa Díaz.
El Ayuntamiento no se olvidará de la promoción del bus urbano y el metro, pero asume que la caída en las estadísticas será drástica y obligará a frenar el uso del vehículo privado. La vista está puesta en las ciudades que ya afrontan la vuelta a la 'nueva normalidad'. Díaz cita un estudio independiente de la consultora Ipsos que asegura que en China el coche ha pasado a ser prioritario para el 66% de los encuestados, cuando antes de la pandemia tan sólo lo era para 34 de cada 100. Más de la mitad de la población empleaba el autobús;ahora es sólo una cuarta parte.
Cualquier cambio se afrontará con un ojo puesto en el cielo. Estos días se ha podido comprobar un descenso del 87% del tráfico en Granada, que ha ido aparejado de una caída notable en la emisión de gases contaminantes. Como explica Díaz, la ciudad tiene «un problema de salud», la contaminación, y estos días ha quedado patente –por si quedaba alguna duda– que aparcar el coche es la mejor medicina para aliviarlo.
En otras palabras, las de la concejala de Medio Ambiente, Pepa Rubia (PP), Granada respira el mejor aire desde que se instalaron los primeros medidores, hace 30 años. El área estableció a finales de año una escala –preaviso, aviso y alerta– que marcará el futuro sistema de restricciones de movilidad durante episodios de alta contaminación, como sucede en capitales como Madrid. En las primeras semanas de 2020, antes del inicio de la pandemia, la capital había alcanzado en nueve ocasiones niveles de aviso y en una la de alerta: viernes, 28 de febrero, jornada de desplazamientos en masa.
En resumen: el miedo y el distanciamiento social harán que los usuarios se 'bajen' del bus, y si optan por el coche elevarán unos índices de polución que ya eran insostenibles. En un dossier de propuestas firmado esta semana, la asociación Biciescuela Granada considera que «es un momento excelente para que las autoridades locales introduzcan modificaciones sustanciales».
Proponen calles peatonales o con prioridad para el viandante, así como suprimir aparcamientos para ensanchar las aceras en el caso de las más estrechas. Abogan también por pacificar todas las vías:reducir el límite a 30 por hora como máximo. Para garantizar la distancia de seguridad en los autobuses, la idea es aumentar la frecuencia de paso. Con respecto a la bici, reclaman formación a los usuarios, también de bici eléctrica y VMP, más aparcamientos 'jaula' y sistemas de alquiler.
Quienes intentan trazar las líneas de la movilidad 'post confinamiento' coinciden en que habrá un perjudicado: el transporte masivo. Y en contrapeso, la necesidad de cambios profundos que atraigan a los ciudadanos a la movilidad individual sostenible.
No es la primera vez que el gobierno municipal trata de incentivar el uso de la bicicleta. En 1998, el propio César Díaz presentó un proyecto acordado por PP y PSOE para crear una red de carriles-bici de 50 kilómetros, también con aparcamientos junto a edificios clave. A finales de los 90, el programa Mejor sin Coche premió a los conductores que dejaban el vehículo aparcado al menos un día a la semana. En la primera etapa de gobierno de José Torres Hurtado (PP), que comenzó en 2003 con Díaz fuera del pleno, tuvo lugar la polémica eliminación del carril bici de la Avenida de Dílar y el PSOE propuso recuperar el Plan Director de la Bicicleta. Dos años más tarde se levantó, ente críticas de los ciclistas, el carril de Poeta Manuel Góngora . A lo largo de las últimas dos décadas se ha hablado de proyectos de alquiler que nunca llegaron a fraguar. Dos empresas intentaron poner en marcha sistemas de bicis compartidas, pero los cerraron en 2018. Según señalaron, por culpa del vandalismo.
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