El distrito Norte exige una solución urgente a los cortes de luz y la marginalidad

En el último lustro, además, al distrito le ha salido otra enfermedad más que está dañando profundamente a los cientos de familias que luchan cada día por dignificar el barrio, esa gran mayoría que acude a sus trabajos y abre las persianas de sus negocios. Y a las asociaciones que se dejan la piel por mejorar las expectativas del barrio. Vuelve a ser urgente prestar atención a este barrio y hacerlo de forma coordinada.

Los apagones, que vienen produciéndose de forma reiterada en los últimos años, afectan a los vecinos enfermos, a los pequeños en edad escolar y dificultan el trabajo de cualquier empresa. Pero además, frenan en seco el trabajo de las asociaciones que prestan atención a las familias del barrio. Y la culpa de estos cortes no es sólo del cultivo de marihuana. «Pasar un día tras otro sin electricidad te impide tener alimentos en la nevera, encender el calentador, ayudar a los niños a hacer los deberes... es un problema muy grave», explica Sonia Sahli, coordinadora de proyectos en Anaquerando, la asociación que trabaja en el corazón de Molino Nuevo. Para María Ruiz-Clavijo, del centro socioeducativo María Lestonnac, en el centro de la Paz, es frustrante: «Deprime a cualquiera levantarse cada día sin electricidad y no saber cuándo va a volver». Ambas mujeres llevan años trabajando en el barrio y preferirían que se hablara de Norte por los muchos proyectos en los que se implica a los vecinos. Y las dos coinciden en un cierto enfado con las instituciones por esta situación de abandono. «Es increíble que no le hayan puesto remedio ya, no paramos de pedir a Endesa que ponga medidas para las familias más vulnerables», apunta Sahli, que explica que hay dispositivos 'de seguridad' para evitar apagones en determinadas viviendas.

Manuel Martín, Defensor del Ciudadano, conoce esta situación porque cada semana le llegan decenas de vecinos para quejarse, pero también porque fue director del centro Municipal de Servicios Sociales. «Es el cuarto trastero de la ciudad, donde se acumula todo lo que no quiere Granada, como si fuera una ciudad paralela, ignorada y abandonada», protesta Martín. Considera que el entorno es un espacio de trabajo perfecto para las mafias, pero además «interesa al resto de la ciudad, porque se quedan allí 'los malos'; interesa también a los poderes públicos», zanja el defensor. Se han instalado las mafias hasta el punto de controlar quién reside en cada vivienda; ocupan habitaciones y echan a los vecinos de sus casas para expandir sus 'granjas' de marihuana, bajo amenazas. Martín critica que el olvido de las instituciones ha provocado una cierta sensación de impunidad. «Se vive con la sensación normalizada de que allí está todo permitido», señala. Y pone un ejemplo: nadie permitiría que un ciudadano colocara tan sólo un ladrillo sin permiso sobre una acera de la Gran Vía. Sin embargo, en Norte florecen las construcciones ilegales: cocheras adosadas a las viviendas de protección oficial, encima de lo que deberían ser aceras, patios, balcones, puertas, ventanas, zulos, instalaciones eléctricas que ponen en riesgo a edificios enteros... La situación de las viviendas, con pisos sociales cuya titularidad no está clara y que se traspasan de forma ilegal de unos a otros, sólo favorece a esas mafias. Hasta el despacho del Defensor llegan a diario vecinos que han perdido la esperanza, que sólo piensan ya en salir del barrio.

Detrás de esas interrupciones en el suministro de electricidad está el cultivo ilegal de marihuana en pisos del barrio, pero no es el único motivo. El comisario provincial de Granada de la Policía Nacional, Jorge Infantes, explica que sólo en el 10% de los enganches ilegales que realiza Endesa (acompañados siempre por la Policía) se sospecha que hay cultivos de marihuana. Es decir, que en un 90% de los casos ese fraude no está asociado al cultivo de droga, sino que hay altos consumos porque hay varias viviendas que se surten de forma ilegal del mismo enganche. El comisario recuerda que esto es un delito y que, además, conlleva un riesgo importante para las personas, ya que esas precarias instalaciones pueden acabar en un incendio en cualquier momento.

Así, desde este cuerpo policial siguen acompañando a los técnicos cada vez que acuden a hacer desenganches y en esas operaciones obtienen también datos para seguir haciendo investigaciones del grupo de Estupefacientes. «Tenemos reuniones semanales con Policía Local (y a veces también con Policía Autonómica) para coordinar las actuaciones», apunta Infantes, que habla, no obstante, de la necesidad de hacer un trabajo en coordinación con el resto de instituciones implicadas.

Infantes hace hincapié en que las cifras de delincuencia en el distrito Norte no son superiores a otros barrios con características similares. De hecho, apunta a que en el último cuatrimestre las cifras de delincuencia han bajado en la zona e insiste en desmontar la idea de que Granada es una gran productora de marihuana: «Barcelona o Bilbao tienen cifras muy altas de incautaciones». A pesar de todo, los datos de intervenciones de droga son contundentes; en el primer cuatrimestre de 2018 se intervinieron 316 kilos de marihuana ya tratada para su venta y en el mismo periodo han sido 615 kilos, casi el doble. En 2018 se intervinieron 2.292 kilos de cogollos. También son más del doble los apoyos a Endesa para cortar enganches ilegales.

Aunque policialmente se presta atención de forma constante, cualquier solución no debe pasar sólo por ese tipo de actuaciones. Son conscientes de ello en la Junta de Andalucía, que es la propietaria de 526 viviendas en el distrito.

La consejera de Fomento y Vivienda, Marifrán Carazo, apunta a medidas que ya se han puesto en marcha, como las intervenciones para reparar y rehabilitar viviendas o el control sobre las viviendas. Desde Fomento aseguran que están buscando fórmulas para reforzar la coordinación entre todas las instituciones. Y ponen como ejemplo el trabajo coordinado con Guardia Civil en Pinos Puente, donde el instituto armado colabora con AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) para adecuar las viviendas públicas recuperadas y poderlas adjudicar a nuevos titulares en un periodo corto de tiempo.

Desde el Ayuntamiento lideraron hace un par de años una comisión permanente para vigilar la situación de Norte y se aborda en todas las juntas de distrito. El alcalde defiende la creación de la 'ventanilla energética' para asesorar a los vecinos que sufren los cortes y han presentado denuncia contra Endesa ante los órganos competentes. «De la misma manera que en Santa Adela se ha producido una transformación de la mano de las tres administraciones en este caso el problema se tiene que abordar de manera similar», defiende Paco Cuenca, quien apunta que implicará al Gobierno también para que colabore a solucionar este problema de derechos básicos. «Tenemos la obligación de defender a los vecinos que pagan su recibo de la luz».

Endesa no puede ser un espectador en este asunto. La empresa, como el resto de instituciones y agentes sociales, apuesta por un trabajo coordinado que incluya a cuerpos policiales, fiscalía y a los propios vecinos. La empresa asegura que ha invertido 5,5 millones de euros en el distrito en los últimos 3 años, pero eso no ha asegurado el suministro. El director de Distribución de Endesa Andalucía Este, Francesc Alemany, apunta que se ha aplicado tecnología puntera, pero que no hay red que pueda soportar «el continuo sabotaje de los enganches ilegales», aunque se instalen redes nuevas. Alemany también afirma que la regularización de los contadores que se han llevado a cabo en 122 viviendas de Molino Nuevo tras una intervención policial, redunda directamente en una mejora de la calidad del servicio. «Con la regularización de los puntos de suministro se pueden gestionar ayudas a los clientes vulnerables», apuntan desde la compañía.