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La Plataforma Ciudadana 'No a las líneas de alta tensión' mantiene actos en los pueblos de la zona Norte para movilizar a los vecinos y una batalla vía alegaciones para echar un el pulso a un proyecto que entienden que se está llevando a cabo con irregularidades. La más grave que denuncian es que comiencen los trabajos cuando el proceso de alegaciones a la Autorización Ambiental Unificada se mantiene abierto y tampoco se ha resuelto el recurso extraordinario de revisión contra la resolución de mayo de 2019 que declara la utilidad pública del proyecto.
En sus alegaciones, la Plataforma sostiene que las obras de las línea están sometidas a la Autorización Ambiental Unificada que otorga la Junta de Andalucía y que también se debe incluir a las subestaciones. «La AAU se tiene que hacer no solo a la línea sino a la subestación de Baza, que está en zona de especial protección», advierten.
También alegan que el artículo 17.2 de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental establece que la resolución ambiental debe ser previa a cualquier otra resolución, en este caso la de declaración de utilidad pública. En este sentido, entienden que la resolución de la Delegación del Gobierno por la que se convoca el levantamiento de actas previa a la ocupación «también es nula».
«La plataforma ha presentado una queja contra el organismo expropiador. La Autorización Ambiental Unificada puede ser desfavorable, cuando ya hay tajos abiertos y propietarios que han cobrado las indemnizaciones, habría posibilidad de cambiar el trazado», subrayan.
«El plazo de alegaciones se amplió por un fallo en el enlace de la página web que aparecía confuso y se mantiene abierto hasta el próximo 13 de noviembre. Entendemos que puede haber una declaración ambiental desfavorable en contra el proyecto en los términos en los que ha sido planteado, una vez realizadas las obras con el impacto que ello conlleva», añaden. «Las prisas se deben a que el Estudio de Impacto Ambiental que tienen aprobado se les caduca el 12 de diciembre de este año, por eso tiene que iniciar la ejecución, aunque jurídicamente este tema lo van a perder», aseguran desde la Plataforma, que sigue movilizando a los vecinos en los pueblos.
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