Granada dedica 892.780 euros de la luz para pagar las sentencias de Rober

La medida ha generado debate, toda vez que no se trata del primer fallo que recibe el Ayuntamiento por la concesión de transportes. Previamente, los tribunales dieron la razón a Rober por la liquidación de 2015 y, en la última comisión informativa de Urbanismo, se dio cuenta también de otra sentencia favorable a la compañía por la liquidación de 2017 y los servicios jurídicos municipales dejaron entrever un resultado similar para la de 2018, que aún se dirime en los juzgados.

El foco del conflicto proviene de la modificación del contrato de transportes en 2014 con motivo de la entrada de servicio de la línea de alta capacidad, más conocida como LAC. Entonces, con José Torres Hurtado en la alcaldía, se modificaron los criterios para liquidar el ejercicio que provocaron diferencias en los años posteriores.

La concejala de Movilidad, Raquel Ruz, ha defendido un expediente que permite hacer uso de la partida de electricidad, que también está judicializada después de que el Ayuntamiento obligara a la concesionaria a prestar servicio al prorrogar el contrato. Se trata, como explicó el interventor hace una semana y como ha recordado la edil este viernes, de una fórmula legal y ha insistido en la necesidad de adoptarla para hacer frente a un fallo judicial «obligatorio».

En términos parecidos se ha expresado el coordinador del grupo municipal popular, Luis González. El edil ha reconocido que «no le gusta» la fórmula escogida, pero ha subrayado que el Ayuntamiento «está obligado a buscar dinero de donde haya». «No queda más remedio. Es un pago desagradable para todos, pero hay que ser realistas», ha defendido.

Frente a ambas posiciones se han situado el resto de fuerzas. El edil de Unidas Podemos, Francisco Puentedura, ha dicho que detraer dinero de la partida de electricidad, con un proceso abierto, «no solo es una patada hacia adelante» sino que supone un «riesgo» que generará «otra losa económica que regresará en 2023 con intereses». El concejal ha insistido en que la situación es fruto de «un modelo de gestión que se ha demostrado que es una ruina para Granada» y ha acusado directamente al resto de la corporación por no optar por una gestión pública. «El resultado es este: no hay dinero ni para pagar la factura de junio, el billete es más caro y estamos más endeudados mientras el socio privado va con los bolsillos llenos y la ciudadanía ve cómo el transporte municipal y metropolitano se hacen la competencia de manera inútil. Es insostenible», ha dicho.

La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, ha rechazado una medida que «va a suponer un daño a futuro» y ha cuestionado la gestión del gobierno municipal, al que ha reprochado que trabaje «a base de modificaciones de crédito». En su opinión, se trata de una forma que revela «una ausencia total de planificación». La concejala ha pedido que se saquen los fondos de otras partidas. «Tirar de la luz no es lo adecuado», ha dicho antes de afear al equipo de gobierno por no responder a su petición de un informe técnico del jefe de servicio.

El edil no adscrito, Manuel Olivares, también ha cuestionado un expediente que es «una patada adelante». El dirigente ha reconocido que no pagar «no es una opción», pero ha advertido del peligro que supone «dejar la partida de la luz sin crédito». «Esto vendrá después con intereses. Acuérdense», ha avisado.