
El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) decidirá hoy, 14 de abril, sobre el recurso de casación que interpuso Juana Rivas contra su condena a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2016. La mujer, vecina de Maracena, los trajo a vivir España separándolos de su progenitor, Francesco Arcuri, residente en Italia, en la pequeña isla de San Pietro, al sur de Cerdeña.
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«Confiamos en que dicho recurso se estime al menos parcialmente, y se reduzca la pena de cinco años de prisión que consideramos desproporcionada», ha manifestado a los medios Carlos Aránguez, abogado de la granadina. En su opinión, la decisión sobre este recurso «sentará jurisprudencia al más alto nivel en España sobre este tema».
Por su parte, el abogado de Francesco Arcuri, Enrique Zambrano, ha indicado que «esta parte va a respetar siempre las decisiones judiciales». No obstante, ha recordado que Juana Rivas fue condenada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada acogiendo su tesis, siendo luego ratificada la pena de encierro por la Audiencia de Granada, que sólo rebajó la indemnización a Arcuri.
A juicio del abogado del italiano, que ha ejercido la acusación particular en la causa, se cometieron dos delitos de sustracción de menores, «uno por hijo», de ahí que considere adecuado que se impusieran a la granadina dos años y medio de encierro por cada ilícito.
En su opinión, se trata de un tipo penal que no sólo atenta contra la Administración de Justicia, sino que afecta al desarrollo personal de unos menores a quienes «se limitó» la relación con su padre. «Se está vulnerando el desarrollo de dos niños que van a tener afectaciones de por vida», ha concluido el letrado.
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Cabe recordar que la madre de Maracena mantuvo ocultos a sus hijos durante un mes en el verano de 2017 tras haberlos traído a España un año antes con la excusa de pasar las vacaciones. La mujer, estando ya en Granada, aseguró haber sufrido supuestos malos tratos del italiano, pero ninguna de sus denuncias ha prosperado. Arcuri, a quien la justicia italiana concedió la custodia exclusiva de sus hijos, siempre ha negado ser un maltratador.
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