La polémica de las macrogranjas golpea a la provincia, que cría un millón de cerdos al año

La mayoría de los ejemplares salen de las tres grandes instalaciones porcinas intensivas que tiene en las comarcas de Guadix y Baza la empresa Cefusa, productora cárnica que pertenece al holding empresarial Grupo Fuertes, propietario de marcas como El Pozo. La explotación ubicada en el término municipal de Castilléjar, que funciona desde el año 2005, es la mayor de Granada, con capacidad para 3.000 madres reproductoras que podrían críar hasta 650.000 lechones al año.

Puebla de Don Fadrique alberga desde hace unos cinco años otra instalación de ganadería intensiva que produce un máximo de 550.000 lechones al año. Además hay una tercera gran instalación en el término de Bácor, centrada en el engorde de la que puedne salir hasta 45.000 cerdos de raza ibérica al año, según datos que figuran en sus autorizaciones ambientales expedidas por la Junta de Andalucía. La empresa, consultada por IDEAL, se ha limitado a señalar su cumplimiento exhaustivo de la normativa y ha rehusado el permiso para visitar la explotación esgrimiendo los fuertes protocolos de seguridad que rigen en estas instalaciones.

La provincia no produce carne de vacuno en régimen intensivo, pero sí tiene un peso importante en producción de aves, con instalaciones que crían nueve millones de pollos al año, según datos del citado estudio de la UGR. Y además de las llamadas macrogranjas industriales de porcino, repartidos por todos los pueblos comarcas de Norte hay decenas de explotaciones menores, conocidas como integradoras, en las que particulares o empresas más pequeñas se dedican a engordar animales para otras grandes empresas cárnicas.

Organizaciones ambientales como Ecologistas en Acción o Greenpeace atacan duramente el proceso de industrialización de la carne, un modelo absolutamente amparado por la ley pero «insostenible y perverso» a su juicio y que crece en España «de forma desmesurada y desproporcionada». Denuncian además «incumplimientos» de las normas que achacan a la «falta de inspecciones», que son competencia de las autonomías.

Además de criticar las condiciones de los animales –hablan de lechones hacinados, cerdas que viven toda su vida encerradas, estresadas, aprisionadas, tumbadas sin apenas reposo entre destete e inseminación...– sostienen que estas instalaciones no generan empleo en las zonas despobladas. Pero sobre todo, ponen énfasis en el impacto ambiental que generan, el elevado uso del agua y la contaminación que suponen tanto para el aire, el suelo y los acuíferos los residuos de estas explotaciones. «Para el norte de Granada esto es una auténtica lacra. Contaminan el agua y la tierra, los recursos de valor añadido no se quedan aquí, se los llevan a las explotaciones cárnicas de Murcia y a nosotros nos dejan la mierda y las moscas», resume el portavoz de Ecologistas en Acción, José Antonio Cabrera.

Las organizaciones de productores, por su parte, consideran que la ganadería intensiva es el único modelo de negocio «viable» hoy en día, rechazan el factor contaminante, niegan la existencia de maltrato animal y aseguran que, de hecho, su gran crecimiento es en realidad un historia de «éxito» exportador, justo por ser explotaciones «ejemplares», «modernas», «sostenibles» y «de calidad».

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor) comienzan por desechar el término macrogranja, pues lo consideran peyorativo. Recuerdan que España es el único país del mundo que fija un límite a las granjas porcinas (un máximo de 3.500 cerdas de cría o 7.200 cerdos de engorde) e insiste en que sin ganadería intensiva el sector no sería rentable.

El pasado mes de octubre, activistas de la organización ecologista Greenpeace asaltaron las instalaciones de Castilléjar, en el marco de su campaña 'De la mierda de las macrogranjas no se dice ni mu' que tuvo un gran impacto nacional. La señalaron como la explotación ganadera «más contaminante de España», esgrimiendo datos de los registros oficiales que las industrias están obligadas a aportar al Gobierno y distribuyeron durísimas imágenes, que aseguran tomaron en este asalto que violó la propiedad privada. «Sabíamos que íbamos a encontrar animales hacinados pero no podíamos ni imaginar las malas condiciones que encontramos», asegura Luis Ferreirim, portavoz de Greenpeace.

«Hay pueblos que ya se están quedando sin agua potable en España y en el norte de Granada pueden tener en el futuro estos graves problemas de contaminación por nitratos», añade el responsable de la organización verde. El problema, según advierten, es que las autorizaciones ambientales que expide la Junta de Andalucía, se dan «una por una, sin medir el impacto que generan en conjunto» estas granjas. Por eso reclaman para Andalucía y a nivel estatal una moratoria para este tipo de explotaciones, en la línea de la que ha aprobado Castilla La Mancha, para que no se concedan nuevos permisos.

Mucho antes de que el asalto de Greenpeace pusiera el foco mediático nacional sobre Granada, el activismo local ya había logrado –con movilizaciones por las buenas– hitos en la lucha contra las macrogranjas en las comarcas del norte que lograron paralizar el proyecto de una nueva explotación que se planeaba entonces en una gran finca de Dehesas de Guadix.

Concretamente, fue a finales de 2018 cuando este movimiento ciudadano cristalizó en la Plataforma de Protección del Guadiana Menor, que logró unir a diez pueblos y colectivos de las comarcas del norte e incluso se granjeó el apoyo de los principales partidos políticos. A la cabeza del movimiento ciudadano se pusieron vecinas como Eva Pérez, agente forestal de profesión, que recabaron datos sobre el terreno o visitaron balsas de purines de las granjas de la zona para denunciar que no estaban correctamente impermeabilizadas.

«Estas empresas se aprovechan de zonas rurales que sufren una despoblación acelerada, olvido histórico y donde la extensión entre pueblos es muy grande, pero no todo vale por el empleo en el mundo rural», comenta Pérez, que insiste en que –salvo las de lechones– estas granjas no generan más puestos de trabajo que el del propietario.

La lucha de esta plataforma se centra ahora en tratar de evitar que proliferen nuevas instalaciones, que dependen de la Junta para los permisos ambientales pero que si no superan unos límites –2.500 cabezas en el caso de los cerdos– pueden ser tramitadas directamente por los Ayuntamientos. La plataforma y las organizaciones ecologistas denuncian que la práctica común es solicitar permisos para 2.499 ejemplares sorteando una evaluación ambiental más compleja y exigente y pedir ampliaciones a posteriori.

Por el momento, el rechazo del movimiento vecinal y el foco nacional que se ha puesto sobre el modelo de las macrogranjas está surtiendo efecto y muchos gobiernos municipales de las comarcas del norte miran ya con recelo los nuevos proyectos. No obstante, hay dos importantes en marcha, que avanzan con todas las bendiciones legales. El primero, en Zújar, fue aprobado en 2015 por el Ayuntamiento y se paralizó dos veces, a raíz del malestar vecinal que generó. La última vez –en 2019– lo frenó la Diputación, que gestiona el urbanismo en este pueblo, alegando irregularidades urbanísticas en el proyecto.

Sin embargo la empresa subsanó todas las deficiencias y ahora está a punto de concluir las obras de una integradora con capacidad para 2.500 cerdos al año, según confirma el Ayuntamiento.

También fuentes municipales, en este caso de Puebla de don Fadrique, confirman que Cefusa está apunto de conseguir el último paso, la licencia de obras, para construir una instalación en la que se va a llevar a cabo la selección genética de lechonas y que cuenta con todos los permisos de instancias superiores.

«Esto no va de cerrar macrogranjas sino de que las que hay gestionen bien sus residuos y de que no se permitan más en la misma zona», alega Eva Pérez. También los expertos avalan la necesidad de evaluar la situación antes de seguir permitiendo nuevas instalaciones.

Los catedráticos de la UGR que firman el estudio que encargó la Diputación –Jesús González López, José Benavente Herrera y Francisco Valle Tendero– concluían que aunque las cantidades de animales que se crían en las instalaciones de estas comarcas del Norte «no son las más elevadas del país en función de la superficie», es necesario controlar el impacto en un área que precisamente apuesta por la sosteniblidad ambiental. Entre otras cuestiones alertaban del riesgo de afecciones a los manantiales.

«La situación actual de las instalaciones ganaderas intensivas en el Geoparque, en especial las porcinas, y su posible incremento en un futuro no muy lejano, necesita una urgente planificación», concluían.