La Policía cifra en 4,8 millones el perjuicio para Granada por un convenio investigado en la operación Nazarí

Pero transcurrido medio año del plan de pago acordado, el Consistorio ni había reclamado gran parte del dinero. Tras dimitir el gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, su sucesora descubre que hay unos 40 millones de euros de convenios que o no estaban contabilizados o no se estaba haciendo nada para recaudarlos. Entre ellos estaba el PP-T1, con 10 millones pendientes de ingreso. Uno de los propietarios pagó su parte, los otros dos no lo hicieron.

Le nueva responsable de la Gerencia de Urbanismo puso en marcha el procedimiento para embargar los bienes y el Ayuntamiento y los promotores empezaron a pleitear. Sin embargo, 48 horas antes de las elecciones municipales de 2011 el entonces alcalde firmó un decreto por el que se liquidaba la deuda a cambio de un trozo de los terrenos que el mismo Ayuntamiento había vendido seis años antes. Una «solución» que la Policía Nacional considera «a todas luces lesiva para los intereses municipales y favorable a los empresarios».

Según el informe de la Udef entregado el 12 de noviembre al juzgado que instruye la operación Nazarí, el Ayuntamiento pasó de tener una «deuda líquida exigible en pago» a liberar a los empresarios de los embargos a cambio del porcentaje de una parcela «sin terminar de urbanizar» –la mitad del suelo y aprovechamientos que había cedido en origen–. Además, la tasación no la hizo un «técnico competente» sino una «persona ajena a la administración»; el Ayuntamiento asumió «soportar las deudas y cargas inherentes» a los terrenos; y aún tiene que hacer frente a 2,7 millones por expropiaciones. Conclusión: el perjuicio para las arcas municipales «estimado a la baja» por la operación urbanística «ascendería a 4.822.528 euros».

La operación ni siquiera salió como estaba diseñada. Según los correos electrónicos intervenidos, funcionarios y representantes de la empresa intercambiaron información para que todo encajara como un guante. Pero para que el Ayuntamiento recuperara los 8,2 millones tenía que vender por ese precio su 14,5% de parcela. El 16 de noviembre de 2011, el Consistorio y el resto de propietarios firmaron un contrato de compraventa privado con una empresa madrileña dispuesta a adquirir el suelo por 48,5 millones. Sin embargo, cuando la sociedad tenía que abonar el pago definitivo consideró que la tasación era demasiado elevada y se echó para atrás.

Según el último informe de la Udef, «a día de la fecha, que se sepa, no se han conseguido vender. Se cambió exigibilidad de liquidez por terreno difícilmente vendible, por muchas ofertas de compra que dijeran tener los promotores deudores».