El policía de Granada que destapó una macrorred que defraudaba con coches de lujo

Laura Velasco

Granada

Domingo, 19 de noviembre 2023, 00:19 | Actualizado 09:34h.

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Cuando detuvieron a aquel hombre, les miró fijamente y pronunció una frase: «Vais a dejar sin suministro de vehículos de segunda mano a España durante bastante tiempo». Y así ha sido. El desmantelamiento de una red que defraudó al menos 17 millones de euros del IVA de coches de lujo ha supuesto un antes y un después en el mercado, pero sobre todo a nivel fiscal. Y Granada ha tenido mucho que ver. Desde aquí se ha realizado una parte vital de la investigación, de la mano de Jacob Prados, subinspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Granada. Lleva tres años entregado en cuerpo y alma a desmantelar esta red criminal. Y lo ha conseguido.

Todo comenzó en septiembre de 2020, con la segunda ola de covid a punto de explotar. Una situación personal puso patas arriba la vida de Jacob, hasta el punto de barajar apartarse del trabajo temporalmente. Y ahí fue cuando entró la denuncia de un joven estudiante al que la Agencia Tributaria le había requerido una gran cantidad de dinero por la matriculación de tres vehículos de alta gama. Al día siguiente, otro chico presentó otra similar. Sonaba muy extraño, pero no tardaron en derrumbarse y decir la verdad: alguien les había pagado 50 euros a cambio de dar su DNI y firmar una documentación. Había que tirar del hilo.

La Policía Nacional reunió 23 denuncias con las mismas características. Jacob Prados reconstruyó durante varios meses las 64 operaciones de adquisición intracomunitaria -entre países de la Unión Europea- de esos vehículos. Cuando tuvo lista la información, la volcó en el sistema de coordinación policial, al que tienen acceso todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y saltó la alarma. Esos casos estaban siendo ya analizados por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Navarra. «Les cedí la investigación y les mandé los expedientes que había preparado. Cuando los vieron me dijeron que nada de dejarlo, que yo me quedaba», recuerda. Jacob decidió continuar pese a las reticencias por su situación personal. Y las tres unidades comenzaron a funcionar de forma conjunta.

Era como buscar una aguja en un pajar. Inabarcable. Pero lograron algo increíble: darle la vuelta a la manera de investigar el fraude fiscal. Hasta ahora venía determinado por la Agencia Tributaria, que coteja el flujo de operaciones con los modelos de IVA. Si encuentra algo inusual entre lo que se declara y se tributa, se judicializa el tema. Pero en este caso, como explica el subinspector, empezaron «la casa por los cimientos». «Sabíamos que el objeto del fraude era el coche, así que estudiamos 20.000 expedientes administrativos -de ITV, de matriculaciones, de transferencias, etc.-. Todo esto tiene una traslación bancaria, por lo que investigamos céntimo a céntimo unos 676 millones de euros de 550 cuentas. Esa información no la tenía la Agencia Tributaria, así que les dijimos: esta empresa ha declarado voluntariamente esto, ha tributado cero euros y en base a la trazabilidad bancaria esa operativa se queda corta», explica.

Para entender cómo funcionaba esta organización pondremos un ejemplo real. Un cliente cualquiera quiere adquirir un vehículo, generalmente de alta gama. Lo ve en un portal web y contacta con el concesionario, que le hace una oferta. Esta empresa es conocedora de que lo que se está haciendo es ilegal: ellos mismos acuden a la red en busca de un mayor margen de beneficio. Así, el vehículo se adquiere en Alemania.

El coche es enviado físicamente a España para el cliente, pero no a ojos de la administración. La red elabora documentos falsos para hacer creer que el coche pasa primero por Portugal y altera de manera fraudulenta el régimen fiscal. «Las sociedades que operaban en Alemania solicitaban a la Hacienda de ese país una devolución del IVA de manera improcedente, en base a esa documentación falsa», explica el investigador. Este sería el primer fraude.

El segundo fraude se comete en Portugal, donde teóricamente se encuentra el coche -porque en la práctica nunca llega allí-. Allí se realiza un cambio fraudulento de régimen fiscal, emitiendo una factura en el Régimen Especial de Bienes Usados, algo que no se permite en estos casos. Aquí se produce el tercer fraude. Esta factura es remitida a otra empresa, la cual vuelve a emitir un IVA de manera improcedente.

El coche ya está en España, matriculado a nombre de alguien al que le han usurpado la identidad o pagado para usar su DNI, para así fijar un obligado tributario y dirigir a él la acción fiscal. Estos serían los chavales que pusieron aquellas primeras denuncias que sirvieron para tirar del hilo. En Granada ha habido unos 150 compradores; algunos saben de dónde vino su coche, otros desconocen la trama que lo rodea.

Durante años esta red creó una competencia desleal, ya que ofrecían precios muy ventajosos que atraían a los clientes -se podían ahorrar un 35% fácilmente-. Todos estos «compradores de buena fe» han mantenido sus vehículos, solo se bloquearon los de la organización. Y la Agencia Tributaria, como auguraba aquel detenido, ha notado una gran disminución de estas adquisiciones intracomunitarias. Por otra parte, se ha demostrado que no solo tenía responsabilidad el máximo responsable de la trama, sino también multitud de sociedades intermedias y, por supuesto, los concesionarios.

La investigación sigue abierta y se encuentra en fase de instrucción por la Fiscalía Europea contra el Fraude, órgano de reciente creación. El 26 de septiembre se realizó la fase de explotación operativa en 92 localidades de España, con 56 detenidos por delitos contra la hacienda pública, de organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos por funcionario público. Aquello generó tal cantidad de documentación e indicios que aún quedan muchos meses por delante para procesarla.

A nivel personal, Jacob Prados está muy orgulloso. Ha estado dedicado exclusivamente a esta investigación durante tres años, llegando a trabajar hasta 17 horas diarias en algunas épocas. A él le dan igual las horas extra, los desvelos, los viajes. Ha sido su válvula de escape en una época personal complicada. «Le doy las gracias a la Policía Nacional por su confianza, porque esto me ha mantenido sano y activo. Esta investigación tiene mucho de sentimental, me ha salvado la vida. Ha sido liberador», apostilla.

Él, que se ha desvivido por este caso, evita hablar en primera persona. Sin el apoyo de sus compañeros, jefes, Agencia Tributaria, Guardia Civil y, por supuesto, su familia, el resultado no habría sido el mismo. «Se ha puesto a Granada en el mapa de la lucha contra el fraude fiscal con un esfuerzo tremendo, desde una unidad pequeña. Me llena de orgullo», admite el subinspector, natural de La Zubia. Una torre de papeles le mira fijamente desde la otra parte del despacho. Aún queda mucho trabajo por delante en esta investigación, pero lo que ha conseguido destapar desde Granada ya es histórico.