La Policía Local de Granada necesitará sonómetros para sancionar por exceso de ruido

El fallo, fechado a 12 de julio de este año, pone el foco sobre dos puntos de la normativa sobre protección del medio ambiente acústico. El primero de los artículos determinaba como infracción administrativa leve «la superación de los límites admisibles de ruidos por actividades domésticas, relaciones vecinales, las producidas por animales, ciclomotores, fiestas y demás actividades incluyéndose en este tipo las que a juicio de los agentes de la autoridad supongan una perturbación de la convivencia».

El segundo prohibía expresamente cualquier hecho perturbador del descanso en el interior de las viviendas que ocasionara niveles de ruido superiores a los permitidos «o en su caso, que por su intensidad o persistencia generen molestias a los vecinos que, a juicio de la Policía Local, resulten inadmisibles». La sentencia se apoya en un fallo previo sobre una normativa similar existente en Sevilla para rechazar que las multas queden al arbitrio de los efectivos policiales. Considera que la forma en que están redactados ambos artículos abre la puerta a que se emitan sanciones «en función de apreciaciones subjetivas», lo que podría habilitar «una eventual arbitrariedad» al determinarse el castigo en función de «criterios totalmente subjetivos» como la intensidad, la persistencia o la molestia a los vecinos.

La consecuencia directa es que, con efectos inmediatos, los efectivos de la Policía Local tendrán que disponer de un sonómetro para confirmar que el foco del ruido supera los niveles permitidos por la ordenanza municipal. De lo contrario, no podrán emitir sanciones por este motivo.

Las implicaciones para los ciudadanos son importantes. Según los datos hechos públicos por la concejalía de Protección Ciudadana en el mes de agosto, las fiestas ilegales en vivienda y, por tanto, el exceso de ruido que deriva de las mismas son una de las tres causas principales de llamadas a la centralita de la Policía Local. Lo mismo ocurre con la saturación acústica de las terrazas de los locales de ocio.

La decisión del TSJA supone un «varapalo» para el Ayuntamiento de Granada, que admite que tendrá que adaptarse a la sentencia «como no puede ser de otra manera». La concejala de Protección Ciudadana, Raquel Ruz, admite que le gustaría «tener más facilidades en el servicio diario de la Policía Local, que hace su trabajo y es muy profesional», y señala que trabaja ya en tener una solución.

Asegura que, por ahora, los agentes van a hacer uso de unos sonómetros que pertenecían al área de Medio Ambiente. Sin embargo, la idea es que se adquieran más dispositivos «para que todas las unidades de vigilancia puedan tener las herramientas disponibles».

Mientras tanto, como reconoce el portavoz del grupo municipal popular, César Díaz, la sentencia ha caído entre los agentes «como un jarro de agua fría» porque «limita su capacidad de acción. El edil, que hasta julio estuvo al frente de Seguridad Ciudadana, recuerda que en 2020 se puso en marcha un acuerdo con la Agencia Tributaria para que, tras cada sanción por fiesta ilegal en vivienda, se casaran los datos. «La maniobra permitió aflorar un montón de fraude en pisos que se alquilaban sin declarar», revela.

Como remarca, el fallo no dice nada de este acuerdo, pero indirectamente se ve afectado «porque ahora los agentes no pueden sancionar los ruidos excesivos sin un dispositivo». Díaz, por otra parte, advierte de que el empleo de medios técnicos podría no mejorar la situación originada tras la sentencia. «La aplicación de los sonómetros exige una condición técnica muy concreta. Por ejemplo, tiene que situarse a unos metros concretos del foco emisor y debe estar calibrado de una forma también muy determinada. Esto hace que la prueba sea muy difícil». Para el concejal, la conclusión es clara. «Hay una papeleta complicada para combatir los ruidos en las viviendas», sentencia.