Los policías investigados no tenían asignada la protección de la víctima, expareja de un subinspector

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada en junio de 2024 por la víctima. La mujer expresaba que su expareja, sobre la que pesa una orden de alejamiento de 500 metros y que acumula una decena de denuncias y detenciones por quebrantamiento, lograba acceder a ella y aseguraba que podría estar recabando información a través del sistema, o bien mediante el uso de las claves de su compañeros o con el acceso voluntario por parte de estos agentes. Por esta razón, la Guardia Civil solicitó una auditoria del sistema Viogén a la Secretaría de Estado de Seguridad. El Instituto Armado «ante la evidente brecha de seguridad que pudiera existir» pudo conocer que los puestos de la Guardia Civil de Láchar, Colomera, La Zubia, Sierra Nevada, Padul, Vélez de Benaudalla, Armilla, Atarfe, Moclín, Gabia e Íllora habían efectuado consultas y, en cada caso, se justificaron. De igual forma, se procedió con la Policía Local de Armilla, donde el agente que lleva a cabo las consultas era también el autorizado, según informes a los que ha podido tener acceso IDEAL.

Sin embargo, la Benemérita consideró que en el seno de la Policía Local de Granada se habrían formulado «consultas que evidenciaban un uso incorrecto del aplicativo porque agentes, que no son responsables del caso ni tienen adjudicada a la víctima, habían efectuado consultas no autorizadas». Un agente de la Policía Local de Granada ha consultado en hasta 37 ocasiones el expediente, pero de acuerdo con el cuerpo policial estaba autorizado. Alegaron que sus consultas eran para trasladar a Servicio de Asuntos Internos la información dado que el agresor se corresponde con un agente del cuerpo con un expediente disciplinado abierto, además de evaluar el riesgo para la víctima.

La Guardia Civil destaca en sus diligencias que por el lugar de residencia de la víctima el seguimiento corresponde al instituto armado y estima que las consultas efectuadas por los policía locales «están injustificadas». El 29 de enero de 2025 el juzgado solicitó informe a la Policía Local de Granada sobre si existió orden directa a varios agentes de controlar a la víctima. El Grupo de Mujeres y Menores (Grumume) aseguró que «en ningún caso se ha ordenado ni dado instrucciones a ningún agente de efectuar un seguimiento a la víctima o controlar al agresor por no tenerla asignada».

Los cuatro agentes, entre ellos un oficial, comparecieron durante dos horas y media en sede judicial y todos contestaron a las preguntas planteadas por las partes. Acudieron estando en situación de libertad y el Juzgado acordó mantenerlos en esta misma situación de libertad provisional. La Guardia Civil presentó atestado por estos hechos en los juzgados y la causa no se encontraba bajo secreto de sumario.

Según ha podido saber este medio por fuentes judiciales, la magistrada solicitará ahora prueba documental y dará a las partes la opción de demandar algunas aportaciones. En sus declaraciones, los agentes aseguraron que todas las entradas al expediente eran pertinentes y parte de su labor habitual.

En la causa por supuesto uso indebido del sistema Viogén se han personado ya algunas de las partes implicada, entre ellas la víctima. La instructora del caso, Susana Álvarez Civantos, desarrolla de forma paralela una investigación sobre presuntos amaños en las oposiciones de la Policía Local.